<p>Llegar a tiempo al aeropuerto y no poder subir al avión porque su aerolínea ha vendido más billetes que los asientos disponibles es uno de los temores del viajero. Pues eso mismo está ocurriendo en las redes eléctricas en España. El <a href=»https://www.elmundo.es/economia/empresas/2026/01/25/69720db5e4d4d8c0218b4594.html»>cuello de botella</a> en esta infraestructura ha dejado una imagen recurrente: industrias, promociones urbanísticas o centros de datos a los que se deniega sistemáticamente la conexión por falta de capacidad. Pues ese bloqueo va a ser un problema menor en comparación con otro que está a punto de estallar. Según ha podido confirmar EL MUNDO de varias fuentes del sector, <strong>Red Eléctrica y las distribuidoras han hecho </strong><i><strong>overbooking</strong></i><strong> en las redes</strong>. Es decir, han otorgado más capacidad de acceso de la que realmente existe.</p>
Nuevas viviendas, industrias o centros de datos con autorización para conectarse a la red podrían quedarse sin suministro por la sobreasignación. Los técnicos prevén un aluvión de demandas
Llegar a tiempo al aeropuerto y no poder subir al avión porque su aerolínea ha vendido más billetes que los asientos disponibles es uno de los temores del viajero. Pues eso mismo está ocurriendo en las redes eléctricas en España. El cuello de botella en esta infraestructura ha dejado una imagen recurrente: industrias, promociones urbanísticas o centros de datos a los que se deniega sistemáticamente la conexión por falta de capacidad. Pues ese bloqueo va a ser un problema menor en comparación con otro que está a punto de estallar. Según ha podido confirmar EL MUNDO de varias fuentes del sector, Red Eléctrica y las distribuidoras han hecho overbooking en las redes. Es decir, han otorgado más capacidad de acceso de la que realmente existe.
Hay una diferencia sustancial. En el caso de los permisos denegados, los promotores saben que no podrán conectarse y tienen margen para cambiar de planes o reubicar sus inversiones en otra parte. Pero esto no ocurre en casos de sobreasignación, pues muchos proyectos seguirán adelante confiando en un permiso que les garantiza un acceso al suministro eléctrico y que ahora ha quedado en entredicho. Como el viajero con billete al que la azafata deja en tierra porque no quedan asientos libres a bordo. O como aquellos vecinos de Villamanín a los que se les vendieron más papeletas de El Gordo de la Lotería de Navidad que los décimos consignados.
Esta situación, sin precedentes en España, deja a los inversores en un escenario de inseguridad jurídica. Entre los proyectos afectados destacan industrias, nuevas viviendas o centros de datos. Distintas fuentes asumen que dará lugar a una judicialización masiva y lo achacan, principalmente, a «un déficit de regulación brutal» y criterios discrepantes entre Red Eléctrica (el transportista) y las distribuidoras a la hora de medir cuánta capacidad estaba realmente disponible.
Los indicios de overbooking en la red eléctrica en muchos nudos es ya una certeza. El viernes pasado Red Eléctrica difundió el mapa de saturación de la red de transporte (alta tensión), que gestiona. El operador estatal reveló que solo en el 25% de los nudos (puntos para enchufarse a la red) pueden conectar nueva demanda. Tras meses de pulso para definir la capacidad ocupada en los puntos frontera -aquellos donde la red de transporte enlaza con la de distribución-, Red Eléctrica y las eléctricas solo se han puesto de acuerdo en el 45% del total. El 55% restante es el territorio en disputa, donde se concentran las sospechas de overbooking.
La capacidad eléctrica debe entenderse como una red de tuberías. La red de transporte es la que recoge la electricidad desde las centrales de generación y las de distribución son las cañerías que la distribuyen hasta los consumidores finales. Ese era el modelo en origen. Pero en los últimos tres años, ante el aluvión de grandes consumidores, Red Eléctrica ha ido conectando más clientes en su red, aguas arriba. Los accesos que esta otorga secan la capacidad disponible aguas abajo, en distribución.
«Red Eléctrica se lanzó a un nuevo modelo de negocio sin tener la foto completa de la red subyacente», concluyen fuentes técnicas, que destacan que el operador ha llevado a cabo una «campaña muy agresiva» para enchufar clientes directamente a su red, sin coordinarse con las distribuidoras. Las eléctricas, por su parte, siguieron asignando capacidad como lo habían hecho hasta ahora, hasta el límite nominal (físico) de sus transformadores. «El negocio ha ido por delante de la regulación», remachan las fuentes. El resultado es que se ha podido otorgar la misma capacidad a dos interesados distintos a ambos lados del punto frontera.
A finales de 2025, la CNMC introdujo una serie de especificaciones de detalle para regular la forma de medir la capacidad disponible. Red Eléctrica usaba el criterio de capacidad estática zonal. Con la nueva normativa, se introdujo la capacidad dinámica zonal y se estableció que la capacidad real sería la menor que resultase de aplicar ambos criterios. Si, por ejemplo, el criterio estático permitía otorgar 300 megavatios (MW) pero el dinámico solo 200 MW, se genera automáticamente un problema de overbooking de 100 MW en ese nudo. Todo ello ha hecho aflorar el problema de sobreasignación.
El Ministerio de Transición Ecológica, por su parte, es el responsable de definir los criterios de adjudicación del acceso a la red. Hasta ahora, el real decreto que lo define estaba centrado en la asignación para nuevas centrales de generación, no para nueva demanda. Este vacío regulatorio ha generado una laguna que ha dado pie a la sobreasignación.
Recientemente, el ministerio que dirige Sara Aagesen ha anunciado un primer paquete para regular la conexión técnica de la demanda conectada con electrónica de potencia (por ejemplo los centros de datos), para facilitar que cumplan el citado criterio dinámico. La prioridad del ministerio es liberar la «capacidad ociosa», aquella que no se está utilizando, pero que está siendo acaparada por razones meramente regulatorias.
Está por ver si la inminente batería normativa llega a tiempo para evitar un aluvión de demandas por parte de los beneficiarios de unos permisos de acceso que están en riesgo de quedar en papel mojado.
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