<p>Mientras el Gobierno de <a href=»https://www.elmundo.es/e/pe/pedro-sanchez.html»>Pedro Sánchez</a> declara la <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/04/01/67ec41b2e85eceb4368b456d.html»>guerra a las universidades privadas</a>, abandona a las públicas incumpliendo el pacto de financiación que ha suscrito con ellas. El Ministerio de <a href=»https://www.elmundo.es/espana/diana-morant.html»>Diana Morant</a> debe a los campus el dinero para compensar a 18.000 jóvenes investigadores que han finalizado o están finalizando sus contratos y, en aplicación de la reforma de la <strong>Ley de Ciencia</strong>, tienen derecho a recibir una indemnización. La factura total que tendrá que pagar el Gobierno asciende a casi 60 millones de euros, un dinero que han empezado a adelantar las universidades por su cuenta.</p>
Los campus han adelantado ya de sus fondos 24,5 millones de euros en finiquitos
Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez declara la guerra a las universidades privadas, abandona a las públicas incumpliendo el pacto de financiación que ha suscrito con ellas. El Ministerio de Diana Morant debe a los campus el dinero para compensar a 18.000 jóvenes investigadores que han finalizado o están finalizando sus contratos y, en aplicación de la reforma de la Ley de Ciencia, tienen derecho a recibir una indemnización. La factura total que tendrá que pagar el Gobierno asciende a casi 60 millones de euros, un dinero que han empezado a adelantar las universidades por su cuenta.
La deuda surge a raíz de la reforma de la Ley de Ciencia, que en 2022 estableció como nuevo derecho para los jóvenes investigadores que, al terminar sus contratos predoctorales y postdoctorales, pudieran recibir un finiquito como otros trabajadores con contratos por una duración determinada. Antes de esta modificación legal, estos investigadores no tenían derecho a este pago extra. El cambio afecta sobre todo a las universidades públicas -las privadas también tienen estos contratos, pero muy en menor medida- y a los centros de investigación.
Como no todas las convocatorias de estos contratos incluían las cuantías necesarias para hacer frente a esta indemnización, el Ministerio se comprometió a asumirlas. Morant incluso prometió hacerse cargo de los contratos que «ya estaban en vigor» antes de aprobarse la nueva ley.
Fue algo más que una simple promesa, porque el asunto se llevó, el 18 de octubre de 2022, al Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, que es el órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas. Ese día, la ministra Morant anunció que el Ministerio correría con los gastos que generaran los finiquitos.
El compromiso lo volvió a reiterar en otra reunión de este órgano celebrada en Paterna (Valencia) el 3 de febrero de 2023, que se materializó por escrito el día 13 de ese mismo mes en un acuerdo de seis páginas para fijar los criterios objetivos «a fin de proceder a la distribución, por parte de la Administración General del Estado», de los créditos presupuestarios para dar lugar a la financiación de las indemnizaciones.
«Este es un compromiso del Gobierno no solo con la ampliación de derechos, y por tanto de la dignidad de los trabajadores de la ciencia, sino también para acompañar a los agentes de la ciencia», en este caso, «las universidades o los centros de investigación», celebró la ministra Morant, antes de proclamar que la medida «afecta a 18.000 jóvenes investigadores» e iba a suponer alrededor de 60 millones de euros.
El Ministerio acordó pagarlos y habilitó incluso un mecanismo
Las universidades confiaron en que el Gobierno pagaría y comenzaron despreocupadamente a sufragar las indemnizaciones a los investigadores que fueron extinguiendo sus contratos, pensando en que el Ministerio les devolvería después el dinero. Estas cuantías suponen alrededor de 3.400 euros por investigador para los contratos predoctorales. Para los postdoctorales el importe es superior: un investigador beneficiado con la ayuda Beatriz Galindo, por ejemplo, recibe cerca de 13.000 euros.
Según los datos recabados por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) en todos las universidades, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, los campus han adelantado ya de su bolsillo 24,5 millones de euros para compensar a 9.693 jóvenes investigadores que terminaron sus contratos predoctorales y postdoctorales entre 2022 y 2025. De ellos, 23,4 millones de euros los han avanzado las universidades públicas: 18,62 millones para contratos predoctorales y 4,78 millones para contratos postdoctorales.
Además, en 2026 y 2027 tendrán que abonar -y el Ministerio, igualmente, devolverles- otros 12,1 millones de euros por jóvenes investigadores que estaban contratados ya cuando en 2022 se aprobó la reforma de la Ley de Ciencia y aún no han acabado su contrato.
Por último, las universidades estiman que habrá que pagar otros 22,4 millones por los investigadores contratados en las convocatorias de 2023, 2025 y 2025 que no han finalizado sus contratos, ya que no ha sido hasta 2026 cuando el Gobierno ha incluido medidas económicas compensatorias dentro de la convocatoria.
Si se suman estos tres conceptos, resulta una factura global de 59 millones de euros. Según las fuentes consultadas, el Ministerio no ha desembolsado ni un euro de ese dinero, ni a las universidades ni a las comunidades autónomas.
El Gobierno había dado muestras de querer pagar, insisten las mismas fuentes, porque estableció un mecanismo de pago. Lo evidencian tres electrónicos remitidos por el Ministerio a las universidades pidiéndoles que le facilitaran todos los datos a través de un formulario oficial para hacer efectivos los fondos que ellas habían ido adelantando. Incluso les instó a responder «a la mayor brevedad». Es decir, el Ministerio tenía voluntad de pagarles porque habilitó la herramienta para hacerlo.
Los campus desconocen qué ocurrió después. «No pudo ser la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, porque en 2023 sí había cuentas públicas y no nos pagaron», señalan las fuentes consultadas. La deuda es, por tanto, de los finiquitos de 2022, 2023, 2024 y 2025.
La Crue ha reclamado al Ministerio el pago del dinero. Se lo ha dicho verbalmente en varias ocasiones y le ha enviado hasta cinco cartas al respecto, en 2023, 2024, 2025 y 2026, para advertirle de que su «retraso» les obliga a «anticipar los fondos» a la vez que «compromete la sostenibilidad financiera» de estas instituciones. Si las universidades no hubieran tenido que hacer frente a estos finiquitos que el Gobierno se comprometió a asumir, calculan que «en España podría haber unas 500 personas más con contrato predoctoral haciendo su tesis doctoral y formándose durante cuatro años». Consultado el Ministerio de Ciencia y Universidades por este diario, no ha dado ninguna respuesta.
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