<p>La <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/12/04/6931b85d21efa09e4b8b4596.html»>proposición de ley orgánica</a> que endurece el castigo por la comisión reincidente de pequeños delitos, auspiciada por <a href=»https://www.elmundo.es/e/ju/junts-per-catalunya.html»>Junts</a> hace un año, ha pasado su último trámite en el <a href=»https://www.elmundo.es/e/co/congreso-de-los-diputados.html»>Congreso</a> con un apoyo abrumador de 302 votos frente a 36 en contra y ocho abstenciones. Ahora la iniciativa pasa al <a href=»https://www.elmundo.es/e/se/senado.html»>Senado</a>, donde el respaldo también será masivo. El PSOE en esta ocasión ha optado por desairar y enfrentarse a su socio de Gobierno -<a href=»https://www.elmundo.es/espana/sumar.html»>Sumar</a>- y a sus aliados de izquierda, para respaldar a los partidos de la oposición y a la derecha nacionalista e independentista (<a href=»https://www.elmundo.es/e/pp/pp-partido-popular.html»>PP</a>, <a href=»https://www.elmundo.es/e/vo/vox.html»>Vox</a>, <a href=»https://www.elmundo.es/e/up/upn.html»>UPN</a>, Junts, <a href=»https://www.elmundo.es/e/pn/pnv-partido-nacionalista-vasco.html»>PNV</a> y <a href=»https://www.elmundo.es/e/co/coalicion-canaria.html»>CC</a>).</p>
La iniciativa que pena hasta con tres años de prisión la comisión reiterada de hurtos y estafas digitales ha superado el trámite del Congreso con el respaldo de 302 votos (PP, PSOE, Vox, Junts, PNV, UPN y CC)
La proposición de ley orgánica que endurece el castigo por la comisión reincidente de pequeños delitos, auspiciada por Junts hace un año, ha pasado su último trámite en el Congreso con un apoyo abrumador de 302 votos frente a 36 en contra y ocho abstenciones. Ahora la iniciativa pasa al Senado, donde el respaldo también será masivo. El PSOE en esta ocasión ha optado por desairar y enfrentarse a su socio de Gobierno –Sumar– y a sus aliados de izquierda, para respaldar a los partidos de la oposición y a la derecha nacionalista e independentista (PP, Vox, UPN, Junts, PNV y CC).
La iniciativa reforma varios artículos del Código Penal y de la ley de Enjuiciamiento Criminal para castigar hasta con tres años prisión a quienes cometan un hurto de menos de 400 euros y hayan sido condenados al menos tres veces por delitos similares. Lo mismo sucede en los casos de estafas digitales con ánimo de lucro. La ley también contempla la posibilidad de que al delincuente se le pueda prohibir acudir a determinados lugares, barrios, poblaciones o provincias. La norma contempla, además, y de forma destacada, el robo de teléfonos móviles y dispositivos digitales por cuanto el perjuicio que se ocasiona a la intimidad y a la seguridad personal trasciende con mucho del valor económico del objeto sustraído.
Junts ha defendido la ley recordando que la misma «procede de los territorios y los barrios, no de los despachos». De hecho partió de la queja continuada de los alcaldes catalanes impotentes a la hora de frenar la pequeña delincuencia. «Es una respuesta a la realidad», ha afirmado su portavoz, Marta Madrenas, insistiendo en que lo que se pretende es «acabar con la impunidad» de aquellos que cometen reiteradamente pequeños delitos a sabiendas de que no habrá castigo más allá de una multa que no pagarán por ser insolventes y además «protege a los más vulnerables», principalmente a personas mayores que son víctimas propiciatorias de este tipo de delitos.
El PSOE se ha aferrado a los datos de delincuencia en Cataluña y a las quejas de los alcaldes y ha tratado de distanciarse de la derecha presentando a estas formaciones, en concreto al PP, como una formación que se suma a una iniciativa que casi ha presentado como propia, pese a que ellos junto a Sumar mantuvieron durante meses la propuesta congelada en la Mesa del Congreso. Los socialistas, a través del diputado Francisco Aranda, han asegurado que la norma se hace desde la óptica «progresista» y no desde los planteamientos de la «ultraderecha», pero no han conseguido convencer a sus socios habituales.
El PP ha recordado el bloqueo que durante mucho tiempo impuso el PSOE a la ley y ha hecho hincapié en que la verdadera reincidencia delictiva es la que afecta a altos cargos del PSOE. Los populares creen que la multirreincidencia esconde en muchas ocasiones auténticas «carreras profesionales de quienes han hecho del hurto y la estafa, su oficio». «Se acabó», ha dicho su portavoz, Cuca Gamarra, «a partir de ahora delinquir continuadamente no será gratis; el delito no puede ser rentable». La portavoz de los populares ha hecho especial mención al «petaqueo» porque, ha dicho, quien suministra combustible a las lanchas del narcotráfico facilita el delito. El PP ha insistido en que el PSOE aprueba esta iniciativa «a rastras» y ha afeado a los socialistas que, en paralelo, aprueben una regularización masiva de inmigrantes en la que, según el PP, se colarán delincuentes. «La residencia se gana, no se regala», ha zanjado la portavoz, insistiendo en que «quien cumple la ley tiene derechos y quien la vulnera, consecuencias».
Vox ha votado a favor y, aunque su diputado Juan José Aizcorbe ha considerado que lo que se aprueba es «insuficiente», ha intentado ponerse la medalla de la iniciativa recalcando que han sido ellos los que desde hace mucho tiempo vienen denunciando el problema de la multirreincidencia. Para Vox, las calles están «llenas de delincuentes habituales». Los de Santiago Abascal mantienen que «no se puede justificar al que delinque para luego, si acaso, atender a la víctima». Vox cree que, además de esta norma, hay que fortalecer «la respuesta contundente del Estado e incrementar la seguridad de las fronteras».
La izquierda se ha opuesto frontalmente a la iniciativa por «alimentar relatos racistas y xenófobos» y aplicar «mano dura a los robagallinas» en tanto que a los «grandes delincuentes no se les toca». Así lo ha defendido la representante de Podemos, Martina Velarde, que ha citado como ejemplo de delincuente reincidente a gran escala al Rey emérito. «El objetivo es criminalizar la pobreza y estigmatizar a las personas con pocos recursos», ha recalcado insistiendo en que la propuesta parte de Junts a la que los morados tachan de ultraderecha.
Sumar, en el mismo sentido, ha hablado de «delitos de descuideros» y ha hecho hincapié en que la ley es «fruto de la ultraderecha más reaccionaria para castigar a desgraciados». Su portavoz, Enrique Santiago, también ha hecho comparación con los delincuentes «de cuello blanco» y ha insistido en que con esta ley se da cancha al discurso de Vox y a la «deshumanización del adversario». Un «delirio populista», ha afirmado Santiago, que no ha ahorrado reproches al PSOE por respaldar una iniciativa «fascista». Su alternativa pasa por pagar a más jueces y potenciar la educación para combatir la exclusión social. El voto de Sumar ha sido «absolutamente negativo».
También ERC ha mostrado su disconformidad, pero a la hora de votar ha optado por ponerse de perfil con una abstención. Esquerra mantiene que los datos de delincuencia han descendido en Cataluña pero son conscientes de que la gente ha detectado un problema con la multirreincidencia. Pilar Vallugera ha defendido que los problemas «no se cambian a golpe de leyes punitivas» y ha sostenido que lo que se debe hacer es agilizar la justicia incrementando el número de jueces. Este grupo considera que la propuesta «no encaja con los planteamientos progresistas» y que al final no tendrá efectividad y «será humo».
El PNV, por boca de Mikel Legarda, ha insistido en que la multirreincidencia erosiona la percepción de seguridad de la ciudadanía y altera la convivencia vecinal. Los nacionalistas vascos creen que la reforma del Código Penal que se aprobó en 2022 agravando las penas de multa para la repetición de pequeños delitos no ha dado finalmente el resultado esperado. Por eso respaldan ahora la nueva proposición de ley que, según ellos, contempla un escalonamiento de condenas proporcional a las circunstancias del delito. El PNV acoge con especial satisfacción la mención especial que se hace en la norma al robo de teléfonos de móviles y de aparejos agrícolas o cosechas. En el primero de los casos se considera que la sustracción va más allá del valor económico de lo robado afectando a la privacidad, provocando perjuicios graves para la víctima.
Para EH Bildu, sin embargo, la proposición de ley es un ejemplo claro de «populismo penal» que «no sirve para nada». Bildu cree que el endurecimiento de penas no es eficaz para prevenir los delitos. Su representante, Jon Iñarritu, ha advertido a Junts que la ley no sólo no funcionará para frenar la delincuencia, sino tampoco para «frenar a Alianza Catalana«. Su portavoz ha reprochado al PSOE que dé apoyo a una ley en la que «no cree» sólo para «compensar» a un partido, Junts, al que necesita en otras materias. Los abertzales sostienen que los perfiles de quienes cometen estos delitos son los de personas «excluidas de la sociedad». Para ellos, lo eficaz sería diseñar políticas sociales de reducción de la marginalidad y contar con más medios que rebajen el colapso de los juzgados. Bildu considera que la ley prevé un castigo «desproporcionado» para los delitos leves.
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