El presidente del Gobierno ha utilizado el anuncio de convocatoria de elecciones para fijar un marco discursivo apoyado en dos pilares: España necesita «una mayoría progresista más amplia» y su gestión ha posibilitado «los mejores resultados económicos (…) que ha tenido un gobierno democrático en nuestro país». La falsedad del primero queda representada explícitamente en el rechazo a sus decretos de la vivienda por la mayoría de derechas e, implícitamente, por su incapacidad para presentar unos Presupuestos durante cuatro ejercicios. Nunca ha habido mayoría progresista.
Sale bien parado en la foto internacional ante la pujanza de los servicios, aunque su modelo penaliza los bolsillos. Está sin fuelle inversor y con su gran motor, la mano de obra extranjera, llegando al límite
El presidente del Gobierno ha utilizado el anuncio de convocatoria de elecciones para fijar un marco discursivo apoyado en dos pilares: España necesita «una mayoría progresista más amplia» y su gestión ha posibilitado «los mejores resultados económicos (…) que ha tenido un gobierno democrático en nuestro país». La falsedad del primero queda representada explícitamente en el rechazo a sus decretos de la vivienda por la mayoría de derechas e, implícitamente, por su incapacidad para presentar unos Presupuestos durante cuatro ejercicios. Nunca ha habido mayoría progresista.
El segundo pilar, el económico, tampoco es cierto. Salvo en términos de ocupación, y sólo en términos absolutos, no relativos, el actual Ejecutivo no lidera ningún gran parámetro económico respecto de sus predecesores. Aunque su legado tiene matices.
Pedro Sánchez ha gobernado España durante dos legislaturas en las que la economía, representada en el Producto Interior Bruto (PIB), ha crecido con fuerza (+15%). Ni por asomo se acerca al ciclo político de José María Aznar (+34%) o a las dos mejores legislaturas de Felipe González (+29%). Cada uno de los presidentes ha encadenado momentos distintos y ha aplicado políticas propias. Por ejemplo, ni Aznar, ni Felipe González, ni Rodríguez Zapatero, ni Mariano Rajoy han afrontado una pandemia, pero Sánchez tampoco ha tenido que lidiar con una crisis financiera internacional.
El hoy líder del PSOE se define como un luchador «contra las políticas de austeridad» de los gobiernos del PP. Lo cierto es que fue Rodríguez Zapatero quien implantó los mayores recortes al estado de Bienestar de la historia de la Democracia española entre 2009 y 2011. Los ajustes continuaron con Rajoy y, paradójicamente, unos y otros permitieron que Sánchez heredara una economía saneada, con la deuda de familias y empresas en orden. No es casualidad que, tras la crisis soberana, las primas de riesgo de España, Portugal, Italia, Grecia e Irlanda, los PIIGS rescatados, se estén comportando de manera favorable.
Pese a que el ciclo reformador se haya quedado a medias, la comparativa europea sonríe a la España de Sánchez. Ha creado uno de cada cuatro empleos y sus diferenciales de crecimiento respecto de otras economías son amplios tanto respecto a Alemania, en pleno impulso fiscal, como de Francia, atascada en el exceso de gasto público.
La fragmentación del mercado internacional ha penalizado a los países industriales y favorece a los que, como el nuestro, crecen apoyados en los servicios. Así, España ha podido sustituir buena parte del peso que tenía la construcción en el PIB por los llamados «servicios no turísticos». Hoy hay centenares de abogados, ingenieros o arquitectos españoles trabajando para despachos árabes o estadounidenses por sus contenidos costes laborales.
Ello es posible porque, si el Gobierno de Rajoy sacó la economía de su crisis a través de un ajuste salarial que abarató el despido y disparó el paro, a su vez la hizo más competitiva. La reforma laboral de Sánchez en 2019 reordenó la temporalidad, que ha aflorado en menor medida por otros lados. España ha reducido su paro, pero tampoco con Sánchez ha tocado mínimos. Fue con Zapatero y la burbuja inmobiliaria en máximos de ebullición. El que más recortó el desempleo fue Aznar (-30%), que también fue quien más trabajo generó (+40,1%), aunque desde cifras de ocupación muy bajas.
Sánchez sí que ha llevado la afiliación a cotas desconocidas (22,7 millones de empleados) catapultada por el gran motor de su política económica: las puertas abiertas a una inmigración exterior. Curiosamente, en las dos legislaturas de José María Aznar, la población aumentó igual que con Sánchez (6%), sin embargo, el PIB per cápita lo hizo muy por encima del actual (26% frente al 8%). Se trata de escenarios distintos, pues bajo la liberalización del PP y la entrada en el euro se atrajeron capitales que se canalizaron hacia el ladrillo. Hoy el modelo queda pendiente de que la inmigración siga aportando volumen y de asumir los costes de integración en los servicios públicos.
Con Sánchez, la renta per cápita ha aumentado a un ritmo muy inferior al del PIB, porque ha habido que repartirla entre más y la productividad no ha acompañado. Desde el Gobierno se defiende que es la primera vez que la productividad crece a la par que el empleo. Y es cierto. También que su débil comportamiento y el absentismo impiden que los salarios vuelvan al nivel de 2018.
El contraste entre el PIB y el poder adquisitivo es fuente constante de debate entre los expertos. Desde que Sánchez es presidente, las nóminas han aumentado cerca de un 22%, más o menos lo mismo que la inflación. A esa merma se añade un incremento de algo más de 11 puntos en el pago del IRPF y de las cotizaciones sociales que abonan trabajadores y empresas.
Que los españoles estén sufragando el tipo medio más alto de su historia obedece a la decisión del Gobierno de no querer descontar el efecto de la inflación en la declaración de la renta. El alza de las cotizaciones sociales se produjo como consecuencia de una reforma de las pensiones que no ha enjugado el déficit y sí ha incrementado la llamada cuña fiscal: la diferencia entre lo que las empresas pagan y los trabajadores reciben.
Los salarios netos han caído más de un 3% desde 2018, lo que es, paradójicamente, compatible con que las rentas de los hogares se hayan incrementado, que es a lo que se agarra La Moncloa. En estas últimas computan, todo tipo de ingresos, como las inversiones financieras o las rentas por alquiler.
El presidente aludió ayer a la reducción de las «tasas de desigualdad» y el índice Gini le da la razón. Cuando llegó al poder estaba en un 33,2 puntos y ahora está en 30,8. La creación de empleo y la subida del SMI (+66%) han conseguido elevar la parte baja de los ingresos.
Pero otro Gini, el que recoge la situación patrimonial, refleja una gran brecha entre quienes tienen casa y quienes no y carecen de capacidad de ahorro. El precio de la vivienda ha subido un 80%. La riqueza se ha concentrado, no de los fondos buitres, sino en quienes tenían ahorro y nómina asegurada: los pensionistas. Sánchez deja una economía con inercia de crecimiento, pero sin fuelle inversor tras los fondos europeos.
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