<p>El entonces director de Emergencias del Ministerio de Transportes, <strong>Rubén Eladio López</strong>, comunicó aquel 25 de agosto de 2020 a <strong>Koldo García</strong>, la mala nueva: «Las mascarillas no han pasado ni la primera prueba. No serán válidas». Se refería a que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sevilla -dependiente del Ministerio de Trabajo- no validaba la mercancía que había vendido la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, por dos millones de euros al Gobierno de Canarias. Eran 837.800 mascarillas.</p>
La UCO muestra cómo Torres batalló por pagar a la empresa de la trama pese a que vendía mercancía ‘fake’
El entonces director de Emergencias del Ministerio de Transportes, Rubén Eladio López, comunicó aquel 25 de agosto de 2020 a Koldo García, la mala nueva: «Las mascarillas no han pasado ni la primera prueba. No serán válidas». Se refería a que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sevilla -dependiente del Ministerio de Trabajo- no validaba la mercancía que había vendido la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, por dos millones de euros al Gobierno de Canarias. Eran 837.800 mascarillas.
Se confirmaba así lo que ya venía diciendo desde abril el Servicio de Prevención de Riesgos de la sanidad canaria. De las 2,75 millones de mascarillas adquiridas al menos esas 837.800 mascarillas no eran aptas para su uso sanitario como FFP2. La directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, Ana María Pérez, se negaba lógicamente a pagar al menos los dos millones previstos por esa partida por incumplimiento.
El presidente del Gobierno canario en la época y actual ministro, Ángel Víctor Torres, mantenía un contacto con Koldo mucho más allá del «institucional» que declaró bajo promesa de decir verdad en el Senado y, según la UCO, se implicó de lleno para poder abonar todo el contrato a toda costa.
También su viceconsejero de confianza de Presidencia, Antonio Olivera. Este último contaba desde el 30 de abril con una carta de la directora gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Mercedes Cueto, en la que le decía que «se descarta la idoneidad de la mascarilla», porque se necesitaban FFP2 de uso médico y no lo eran. Otra funcionaria, Salomé Ballesteros, había advertido en vano en esas fechas de emergencia: «Hemos comprado mascarillas más baratas».
Eso no puso en guardia a Olivera . «En una conversación del 30 de abril de 2020, y pese a los problemas que parecen presentar las mascarillas suministradas por Soluciones de Gestión, Antonio Olivera informa a Koldo que ya se ha puesto en marcha el proceso de pago del 50%», asegura el informe de la UCO.
El pedido inicial era de 6,8 millones, pero no sólo se terminó pagando todo eso, sino que se activaron más encargos de modo que la trama había cobrado ya a mediados de agosto cerca de 10 millones. Las transferencias fluían, gracias a que, según informó Torres en julio a Koldo él mismo había dado «el golpe preciso sobre la mesa para acabar con todo esto». No parecía importar que seguía sin validarse buena parte de la primera adjudicación.
¿Cómo validarla? Se decidió solicitar una segunda opinión de una institución especializada en aquel año de pandemia como es la citada de Sevilla a ver si contradecía la de los sanitarios canarios. Koldo, que estaba cobrando 10.000 euros mensuales de Víctor de Aldama para que solucionara estos problemas de la trama con la Administración, movilizó también a su jefe.
El 24 de agosto de 2020, el ministro José Luis Ábalos adelantó a su asesor que el instituto sevillano, dependiente de Trabajo, iba a tener pronto los resultados. «Ábalos se puso en contacto con Koldo para informarle de que, según le dijo la ministro de Trabajo, al día siguiente estaría la certificación de las mascarillas». En efecto, lo que le había avanzado Yolanda Díaz a Ábalos era correcto, el resultado estaba al caer, pero el problema es que terminó siendo negativo, según el citado mensaje de Rubén Eladio a Koldo al día siguiente.
¿Se indignó el presidente canario? Nada de eso. Tampoco en el siguiente tropiezo, cuando la misma Ana María Pérez -«esa tía», maldecía Koldo- se resistía en octubre a pagar por otra partida, porque venía etiquetada de China como «non medical», «añadiendo que tiene informes de servicios de prevención rechazando mascarillas similares», según el documento de la UCO. ¿Qué hacer? Koldo había puesto al directivo de la empresa, Íñigo Rotaeche, en contacto con Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud y también partidario de pagar como el jefe Torres. «Contéstale eso y listo», aconsejó Domínguez a Rotaeche cuando éste le dijo que lo de la etiqueta «non medical» no tenía importancia y que se podía quitar.
En efecto, se retiró la etiqueta y superado el obstáculo. El Gobierno canario terminó abonando entre 2020 y 2021 12,2 millones de euros a Soluciones de Gestión.
Un informe anterior de la UCO sostiene que el Gobierno canario apañó lo de las 837.800 mascarillas pactando en noviembre con Soluciones de Gestión que se las quedara Canarias como «mascarillas quirúrgicas» no FFP2. Eso sí, «valorándolas al precio de mercado del mes de abril», mucho más caro que el de noviembre en que se cerró este acuerdo. Se completó el pedido con 555.000 mascarillas de FFP2 de modo que la empresa ingresara igualmente los 2 millones previstos. Todo ello, «7 meses después de que se contratara, a pesar de haber sido tramitado como emergencia», según la UCO.
«Mil gracias, pero tiene huevos que todas estas cosas las tengas que hacer tú», agradeció Koldo a Torres. El ministro aseguró ayer que «la empresa había suministrado material y tenía derecho a ese cobro» en la primera de las muchas explicaciones que tendrá que dar.
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