Keir Starmer ya está convencido de que las redes sociales encierran más peligros que virtudes para los menores de edad. El Gobierno británico quiere acelerar la legislación que prohibirá su acceso a los menores de 16 años para que esté lista después del verano.
El Gobierno incorporará la restricción del uso de chatbots como Grok y obligará a las empresas a proteger los datos de un menor fallecido
Keir Starmer ya está convencido de que las redes sociales encierran más peligros que virtudes para los menores de edad. El Gobierno británico quiere acelerar la legislación que prohibirá su acceso a los menores de 16 años para que esté lista después del verano.
“La tecnología está avanzando rápidamente, y la ley tiene que adaptarse a su ritmo. Quiero que el Reino Unido sea un líder en lo que respecta a la seguridad online, y no ir simplemente por detrás”, ha dicho este lunes el primer ministro.
Downing Street se ha visto reforzada en las últimas semanas, al haber vencido el pulso que lanzó a la red X, del multimillonario estadounidense Elon Musk, por la creación de imágenes de desnudos (deepfakes) a través de su herramienta Grok de inteligencia artificial.
El regulador independiente británico Ofcom lanzó de inmediato una investigación y el Gobierno anunció entonces su intención de legislar para criminalizar esas prácticas. A los pocos días, X dejó de atender las peticiones para producir imágenes de mujeres y niñas desnudas.
A partir de marzo se abrirá un periodo de consultas, para que expertos, padres y diputados incorporen sus opiniones, reparos o adendas a la legislación que se está preparando.
Además de la prohibición del acceso a redes sociales de los menores de 16 años, en línea con la medida acordada por el Gobierno de Australia, Downing Street quiere introducir otras restricciones, como un límite al scroll infinito (doomscrolling), que mantiene a los menores enganchados a la pantalla de sus móviles, pasando video tras video como hámsters en una noria.
El conflicto con X ha servido para encender las señales de alarma, y el Gobierno de Starmer quiere introducir ahora en la ley el control de todos los chatbots de IA.
Control después de la muerte
En 2022, Jools, el hijo de Ellen Roome, murió a los 14 años. La madre está convencida de que su fallecimiento tuvo que ver con un intento del chaval de llevar a cabo un desafío que había encontrado en internet. Ellen, sin embargo, se enfrentó con la reserva de los gigantes tecnológicos y nunca pudo acceder a los datos del chaval preservados en la red.
Su caso puso en marcha un movimiento de conciencia social conocido como Campaña para una Ley Jools. Bajo la legislación actual, la policía o el fiscal tienen 12 meses de plazo para reclamar esos datos. Pero padres de víctimas como Jools afirman que, para cuando se activa esta petición, toda esa información ya ha sido borrada.
Con las nuevas medidas que el Gobierno de Starmer quiere impulsar, la policía notificará en un plazo de cinco días al regulador Ofcom el fallecimiento de cualquier menor de entre 5 y 18 años, si considera que su acceso a internet ha tenido algo que ver con su muerte. Las compañías tecnológicas estarán obligadas desde ese momento a preservar toda la información.
En un artículo publicado en la página web Substack, el primer ministro británico ha defendido su intención de actuar con firmeza a la hora de “eliminar los elementos adictivos de las redes sociales, detener cosas como el auto-play [los vídeos en TikTok o Instagram se reproducen automáticamente, nada más aparecer en el scroll, con la intención de enganchar al usuario], el scroll infinito y todo aquello que hace que nuestros menores permanezcan enganchados durante horas en sus pantallas, así como de acabar con las vías para que los chavales puedan saltarse los límites de edad”.
“Si eso significa tener que dar la batalla a las grandes compañías de redes sociales, que así sea”, ha anunciado el primer ministro británico.
Otra de las medidas consideradas por el Gobierno es la de evitar que los menores puedan utilizar las llamadas VPN (Virtual Private Networks). Se trata de una conexión cifrada y segura entre internet y el dispositivo del usuario que permite ocultar su dirección IP. Es fácilmente adquirible, y se usa en muchos países para sortear los derechos de emisión nacionales y poder ver la programación de otras zonas. Pero también se ha utilizado para burlar la legislación que el Reino Unido acaba de imponer, que restringe y controla el acceso de los menores a contenidos pornográficos.
A pesar del apoyo mayoritario del Parlamento a las medidas planteadas por Downing Street, Starmer se enfrenta a una posible rebelión de sus propios diputados y de la oposición por el modo en que pretende impulsar los cambios. En la actualidad, cualquier enmienda a la legislación supone un trámite parlamentario que puede prolongarse durante años.
La actual Ley de Seguridad online, por ejemplo, aprobada en 2023, no contemplaba la aparición de los chatbots de IA. El Gobierno quiere otorgar poderes a los ministros para impulsar las nuevas medidas y enmiendas de modo acelerado, sin tener que abrir un prolongado periodo de consultas en cada ocasión.
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