<p>Arranca la <strong>cuenta atrás</strong> para la mayor reclamación judicial por los daños del apagón general del 2025. Los abogados de Repsol y Moeve (antigua Cepsa), las principales petroleras de España y <a href=»https://www.elmundo.es/economia/empresas/2025/06/15/684963c021efa0de428b4583.html»>dos de las empresas más perjudicadas</a> por el cero eléctrico del año pasado, están ultimando su estrategia, pues una de las principales vías judiciales para compensar el quebranto de 225 millones de euros que les provocó el <i>blackout </i><strong>se cerrará en apenas dos meses</strong>, justo cuando se cumpla un año del gran apagón.</p>
Las dos mayores petroleras de España deben acudir a los tribunales antes de que se cumpla un año del incidente, lo que sitúa la fecha límite en el próximo 28 de abril
Arranca la cuenta atrás para la mayor reclamación judicial por los daños del apagón general del 2025. Los abogados de Repsol y Moeve (antigua Cepsa), las principales petroleras de España y dos de las empresas más perjudicadas por el cero eléctrico del año pasado, están ultimando su estrategia, pues una de las principales vías judiciales para compensar el quebranto de 225 millones de euros que les provocó el blackout se cerrará en apenas dos meses, justo cuando se cumpla un año del gran apagón.
El cero total de 2025 frenó de golpe la operativa de sus refinerías y procesos químicos. La normalidad no se recuperó hasta pasados varios días. En el caso de Repsol, al agujero provocado por la crisis eléctrica del 28 de abril se suman los daños registrados en su refinería de Cartagena días antes. Y es que el 22 de ese mismo mes, los problemas de tensión en la red ya derivaron en un parón total en su planta murciana, como adelantó EL MUNDO. En el caso de Moeve, la empresa cifró en el entorno de los 50 millones el golpe.
Este jueves, en la presentación de resultados con analistas, el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, confirmó que la compañía elevará una reclamación por 125 millones antes de que acabe abril. El ejecutivo se mostró optimista y consideró el importe «recuperable», además limitó el inminente pleito a los daños causados por el apagón general, y no por otros incidentes locales que provocaron paradas en algunos de sus centros industriales otros días.
Tanto Repsol como Moeve, al igual que el resto de empresas industriales que sufrieron grandes daños por el cero eléctrico, llevan meses esperando el señalamiento «oficial» de los responsables. Antes de dar la batalla, querían saber contra quién dirigir sus reclamaciones. Pero muchas de estas empresas van a verse empujadas a abrir el frente judicial sin que se hayan depurado responsabilidades. Ni el informe del Gobierno ni los investigadores europeos del apagón han determinado quién fue el responsable último del incidente. Aunque el informe europeo definitivo todavía no se ha publicado, los expertos que lo elaboran anticiparon en octubre que no son «un organismo policial ni judicial», y que no es su competencia atribuir responsabilidad a ninguna de las partes. A saber, Red Eléctrica y las eléctricas privadas, que se acusan mutuamente de lo ocurrido.
Todo apunta a que la tercera investigación en curso, la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tampoco aclarará esta cuestión, sino que se limitará a sancionar las posibles infracciones que se produjeron aquel día, según ha informado CincoDías. El problema es que, aunque esto demostrara que el operador estatal o las eléctricas infringieron aquel lunes negro algún punto de la ley eléctrica, eso no significaría, necesariamente, que ello haya sido la causa última del apagón. Fuentes del ámbito empresarial aseguran que los abogados estaban esperando al informe de la CNMC, pero que ahora que parece que el supervisor no va a despejarles el camino «hay que analizar la mejor estrategia».
El pleito es inminente. Según coinciden varias fuentes del ámbito legal, las compañías afectadas tienen un año de plazo, a contar desde el día del incidente, para plantear demandas por la vía extracontractual. Esta es, apuntan, la fórmula más favorable a sus intereses, porque les permitirá ampliar sus reclamaciones a empresas con las que no tienen, necesariamente, ningún contrato. Incluso, abre la puerta para pelear más allá de lo contemplado, por ejemplo, en sus contratos de suministro eléctrico. Esta ventana se cerrará el próximo 28 de abril.
Hay un segundo itinerario posible: la vía contractual, donde el plazo para recurrir es de cinco años. Esta contempla reclamaciones por un «servicio deficiente», es decir, que a través de ella podrían recurrir, por ejemplo, contra su compañía de luz, argumentando que no prestó el servicio de suministro que habían contratado. En un caso tan complejo como un apagón general, esto dejaría fuera demasiados factores.
Y es que puede darse el caso de que el incidente, finalmente, se achaque a un error de programación del operador, a una consecución de incumplimientos de varias centrales eléctricas, o a un conjunto de acontecimientos sobrevenidos sin un culpable directo. Todas estas causísticas ya han sido contempladas en los informes oficiales. Sin un responsable definido, los abogados de algunas de las mayores empresas del país están explorando todas las vías, en aras de multiplicar sus opciones de compensar los daños causados. Con toda seguridad, las primeras reclamaciones millonarias llegarán antes del aniversario del peor incidente eléctrico de la historia de España. Y cada vez está más claro que el culpable lo determinarán los tribunales.
Actualidad Económica
