<p>La reforma legal para poner freno a la <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2026/02/12/698da08cfdddff29138b458c.html»>multirreincidencia de delitos</a> ha sido aprobada definitivamente por el <strong>Congeso</strong>. A partir de ahora se endurecen las penas con hasta tres años de cárcel a quienes roben telefónos móviles y también se incrementa el castigo con cárcel a quienes hayan sido condenados por cuatro o más hurtos.</p>
Junts arrastra al PSOE a votar con toda la derecha una de las reformas que exigió Puigdemont
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La reforma legal para poner freno a la multirreincidencia de delitos ha sido aprobada definitivamente por el Congeso. A partir de ahora se endurecen las penas con hasta tres años de cárcel a quienes roben telefónos móviles y también se incrementa el castigo con cárcel a quienes hayan sido condenados por cuatro o más hurtos.
La iniciativa ha salido adelante haciendo extraños compañeros de viaje. El PSOE se ha unido a todas las fuerzas de derechas de la Cámara y se ha enfrentado a sus socios de izquierdas después de que los socialistas se hayan visto arrastrados por Junts a cumplir una de las exigencias impuestas por Carles Puigdemont para tratar de reconducir su relación.
Bajo esa amenaza, y tras un año bloqueando en el Congreso, el PSOE ha apoyado la Proposición de Ley Orgánica sobre multirreincidencia presentada por Junts en compañía de los neoconvergentes, PP, Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria. Por su parte, ERC se ha desmarcado del bloque de la izquierda con una abstención por la presión ejercida por sus alcaldes, que exigían a su partido no votar en contra. Como así han hecho Sumar, EH Bildu o Podemos, entre otros.
La iniciativa aprobada aborda la multirreincidencia de delitos con una modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). Uno de los puntos más destacados es que el robo de un teléfono móvil pasa de uno a tres años de cárcel. Se destaca que no es por su valor económico, sino por la trascendencia social que tiene un dispositivo en el que hay guardados aspectos que afectan a la intimidad de las personas.
Asimismo, la reforma permitirá castigar por primera vez con penas de cárcel a los autores de hurtos reiterados. El límite se sobrepasa cuando se juzga el cuarto. Así que se activará cuando la persona tenga en su historial tres condenas anteriores por hechos similares.
También sube a tres años de cárcel los hurtos de productos agrarios y ganaderos cuando el valor de los sustraído supere los 400 euros. Igual que de instrumentos usados en ese tipo de explotaciones.
El cerco a los reincidentes puede dar lugar a que partir de ahora los jueces impongan órdenes de alejamiento a los delincuentes que están a la espera de sentencia para impedir que transiten por barrios, municipios o provincias para, así, evitar que durante lo que tarde en llegar la condena sigan actuando con impunidad.
Hay otros delitos relacionados con las drogas que también se agravan. Se ha incluido un subtipo de defraudación de fluido eléctrico para castigar con más penas los cultivos de marihuana dentro de domicilios o naves. Además, se perseguirá con más fuerza la acumulación de bidones de combustible para surtir a las narcolanchas, lo que se conoce coloquialmente como «petaqueo».
El paso definitivo por el Congreso ha estado rodeado de polémica después de que el Gobierno haya vetado dos enmiendas aprobadas por el Senado y que el PP acabará llevando al Tribunal Constitucional por un conflicto de atribución de competencias. Los populares han acusado al Ejecutivo de «amordazar» al Congreso con una «extralimitación» de sus capacidadas que deja «al descubierto» su «autoritarismo».
Una de las enmiendas vetadas endurecía los controles sobre los migrantes que pidan su regularización pidiendo la comprobación de sus antecedentes. La otra enmienda reclamaba una ampliación de la plantilla de fiscales. El Gobierno ha justificado su bloqueo en que incrementan el gasto presupuestario.
La primera de esas enmiendas ha avivado el choque retórico entre izquierda y derecha sobre la vinculación entre delincuencia e inmigración que ya venía dándose durante la tramitación de esta reforma legal y que en su último día ha vuelto a propiciar cruces.
Por ejemplo, Junts se ha revuelto contra ERC por unas palabras de Gabriel Rufián en la que denunciaba que esta reforma legal tenía un «tufo racista». «¿Una ley que considera racista no la votarán en contra?», ha hurgado la neoconvergente Marta Madrenas. La réplica ha llegado a continuación con la republicana Pilar Vallugera, que primero se ha desmarcado del comentario de Rufián y, segundo, que ha subrayado que sus alcaldes le han pedido no bloquear una ley que es un clamor en muchos municipios de Cataluña por el desborde que viven por culpa de los hurtos.
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