Es como añadir incertidumbre al caos. La airada reacción de Donald Trump a la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que tumbó el viernes los llamados aranceles recíprocos —una catarata de tasas comerciales impuestas al resto de países en abril de 2025— ha sumido en una ola de desconcierto a empresarios y responsables diplomáticos de medio mundo.
Empresarios y gobiernos de países aliados intentan desentrañar el alcance de las nuevas amenazas lanzadas por el presidente estadounidense tras el varapalo del Supremo
Es como añadir incertidumbre al caos. La airada reacción de Donald Trump a la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que tumbó el viernes los llamados aranceles recíprocos —una catarata de tasas comerciales impuestas al resto de países en abril de 2025— ha sumido en una ola de desconcierto a empresarios y responsables diplomáticos de medio mundo.
La respuesta de la Casa Blanca al revés judicial, anunciando un nuevo arancel general del 10% que, además, Trump elevó al 15% apenas 24 horas después en otro ejercicio de improvisación, ha disparado la confusión. Una incertidumbre que ya se ha instalado entre gobiernos, empresas y consumidores por la errática política comercial de Estados Unidos, enredada en una maraña de acuerdos, exenciones y particularidades difícil de desentrañar. El sábado, despachos y cancillerías de todo el planeta trataban de analizar el nuevo escenario.
El fallo de la Corte Suprema anula la mayor parte de los gravámenes comerciales que Trump aprobó el llamado Día de la Liberación, el 2 abril de 2025, al considerar que se extralimitó al usar una ley de emergencia de 1977, prevista para otras circunstancias, para aprobar los aranceles saltándose el filtro del Congreso.
La furibunda reacción de Trump, que llamó a los magistrados del Supremo “perros falderos de la izquierda radical”, evidencia la dimensión del golpe judicial contra la piedra angular de la política económica del republicano. El Gobierno estadounidense ha ingresado hasta ahora más de 200.000 millones de dólares (169.000 millones de euros) por los aranceles en 2025, unos recursos esenciales para un país con un déficit público galopante, una deuda pública al alza y un presidente que insiste en rebajar impuestos a las empresas y aumentar el gasto militar. Y nadie sabe si ahora habrá que devolver ese dinero a las empresas que lo reclamen, ni cómo se haría esa devolución.
No solo eso: Trump también ha empleado los aranceles como instrumento de negociación geopolítica con sus socios, rompiendo las reglas del orden internacional. La pérdida de los aranceles puede debilitar ahora la posición negociadora estadounidense.
“El fallo no pone fin a los aranceles de Trump. Simplemente abre un nuevo capítulo. Habrá más incertidumbre, más volatilidad para las empresas y acuerdos comerciales más complejos para los países”, analiza Josh Lipsky, presidente de Economía Internacional en el Atlantic Council.
En Europa reina el desconcierto respecto a la nueva situación. La Comisión Europea está analizando aún las consecuencias legales de la decisión del Supremo y sus efectos sobre el acuerdo comercial que la UE firmó el pasado verano con Estados Unidos, por el que se fijaba un arancel homogéneo del 15% a los productos europeos.
Aunque Trump ha insistido en que “honrará” ese pacto, en Bruselas no parecen tenerlo claro. Fuentes del Ejecutivo comunitario creen que ese 15% de nuevo arancel general que el presidente estadounidense anunció ayer podría sumarse a otro gravamen preexistente, el llamado MFN (siglas en inglés de Nación Más Favorecida); esa es una tasa aduanera estándar (con distintos porcentajes en función de los productos) que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) aplican a las importaciones de los Estados cuando no hay acuerdos comerciales. Bruselas teme que, si decae el pacto con Estados Unidos, se reactive el MFN y a él se sume la nueva tasa del 15%, con lo cual los europeos acabarían pagando, tras la resolución del Supremo, más de lo que están pagando ahora, y no menos.
También tratan de aclarar cuál es el impacto del nuevo arancel general del 15% que el presidente republicano anunció este sábado. El Ejecutivo comunitario cree que con el nuevo arancel global, el bloque perderá la “ventaja competitiva” que daba el pacto bilateral, ya que todos los países del mundo tendrán que pagar los mismos gravámenes.
“Los aranceles recíprocos fueron la piedra angular en las negociaciones de acuerdos comerciales bilaterales desde entonces, como el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea”, recuerda Carsten Brzeski, analista de ING Research. “Sin embargo, estos acuerdos comerciales son bilaterales y no se verán directamente afectados por la sentencia del Tribunal Supremo. Aun así, una vez desaparecida la amenaza de los aranceles recíprocos, algunos socios comerciales podrían intentar renegociar o replantear sus propios compromisos”, añade el experto, que considera que “la nueva postura geopolítica de Estados Unidos mantendrá a raya a sus socios comerciales”.
En Asia, seguir el rastro que han dejado a lo largo del último año los aranceles impuestos por el presidente estadounidense resulta una tarea casi imposible. Van del zarandeo a la India por la venta de petróleo a Rusia a las largas negociaciones con países aliados como Japón o Corea del Sur, pasando, por supuesto, por la enconada guerra comercial con China, hoy en fase de tregua: un intrincado laberinto de incrementos de gravámenes, posteriores reducciones a cambio de compromisos y acuerdos de inversión. Cada país golpeado es un mundo y, por tanto, la nueva situación creada por la sentencia del Supremo estadounidense ha despertado reacciones diversas, según la latitud. Los mensajes basculan entre el desconcierto y la esperanza.
En China, país que se prepara para acoger la visita del magnate republicano a finales de marzo, no ha habido de momento una respuesta oficial por parte de las autoridades, ni anuncios de medidas de represalia. Pero algunas voces transmiten satisfacción, después de que el gigante asiático haya pasado buena parte del 2025 metido en una batalla comercial con Washington que llegó a alcanzar cotas estratosféricas.
Tras el golpe del Supremo, que marca los límites de la separación de poderes, Trump dictó el viernes por la noche tres proclamaciones presidenciales para tratar de taponar el agujero que se le abre a la Administración si decaen todos los aranceles recíprocos.
Con la primera orden impuso un arancel de importación ad valorem del 10% sobre todos los artículos importados a Estados Unidos, por un periodo de 150 días, y anunció que entraría en vigor el 24 de febrero. Pero el sábado por la mañana, cuando no habían transcurrido ni 24 horas desde que dictara esa orden, el presidente anunció en redes sociales que la tasa global ascendería al 15%.
En cualquier caso, el Congreso deberá avalar la norma a los cinco meses. Un trámite que no será un camino de rosas por la estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes, 218 frente a 214 demócratas, la menor diferencia en décadas. Además, se produce en año electoral, cuando faltan unos meses para las elecciones de mitad de mandato y muchos legisladores están pensando más en qué hacer para mantener su escaño que en obedecer a un Trump castigado en las encuestas.
“Lo más probable es que el arancel generalizado impuesto por el presidente Trump, basándose en su propia interpretación de su autoridad comercial, no pueda restablecerse. Si Estados Unidos intenta reconstruir su muro arancelario, como parece que quiere hacer, dañará en cierta medida la economía mundial, pero sobre todo la estadounidense”, advierte Alan Wolf, analista del Peterson Institute for International Economics (PIIE).
La complejidad de la maraña arancelaria se enreda con las excepciones que Trump establece en la orden ejecutiva: ”Algunos bienes no estarán sujetos al derecho de importación temporal debido a las necesidades de la economía estadounidense», señala la orden dictada el viernes. La lista de productos exentos componen un extenso catálogo entre los que figuran ciertos minerales y metales críticos, recursos naturales y fertilizantes; productos agrícolas como la carne de vacuno, los tomates y las naranjas o el café; productos farmacéuticos, aparatos electrónicos; camiones ligeros, autobuses y camiones ligeros, productos aeroespaciales; y libros, entre otros.
En otra orden ejecutiva, el presidente “mantiene la suspensión del tratamiento libre de impuestos de minimis para envíos de bajo valor, incluidos los bienes enviados a través del sistema postal internacional». Aunque la sentencia del Supremo no aludía a esos envíos de baja cuantía, la Casa Blanca intuye que también podría afectarles porque su regulación se apoya en el mismo argumento jurídico que los aranceles recíprocos.
Los envíos postales y paquetes de menos de 800 dólares —por ejemplo, los miles de paquetes procedentes fundamentalmente de China que llegan a diario a los hogares de los estadounidenses por compras en Temu o Shein— están exentos, pero Trump decidió el año pasado gravarlos también con aranceles. Ahora está por ver si ese tratamiento se verá alterado.
Por último, Trump también ordenó a la Oficina Comercial de los Estados Unidos (USTD) que “investigue ciertos actos, políticas y prácticas irrazonables y discriminatorias que obstaculizan o restringen el comercio estadounidense” bajo la autoridad de la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que ya utiliza Estados Unidos desde 2018 para justificar determinados aranceles específicos contra China y otros países. La norma exige que antes de fijar el gravamen se apruebe una investigación del Departamento de Comercio (USTR). La práctica habitual es que se produzcan alegaciones del Gobierno extranjero antes de aprobar estos aranceles, lo que hace que el procedimiento no sea inmediato.
Las vacilaciones arancelarias de Trump y el fallo del Supremo están provocando también un caos entre los empresarios estadounidenses, que son los que soportan el gravamen. Kevin O’Leary, un popular empresario canadiense, con empresas en Estados Unidos, aseguró que la decisión del Supremo “es una pesadilla para miles de empresarios”.
O’Leary, conocido por su participación en el programa de televisión Shark Tank, describió en la cadena CNN la compleja situación a la que se enfrentan los importadores, con la necesidad de tener que solicitar reembolsos de aproximadamente 175.000 millones al Gobierno federal. “Nadie piensa nunca en las pequeñas empresas. De alguna manera tienen que recuperar ese dinero del Tesoro y distribuirlo entre quienes los pagaron o no cumplirá con la ley”, señaló.
Este empresario explica que hay mucha “gente que quiere recuperar su dinero dentro del sistema de distribución, accionistas, prestamistas e incluso clientes”.
Karla Cure, abogada especialista en comercio del despacho K&L Gates, no espera que la sentencia del Supremo “altere o disminuya la actual política comercial”. “Si acaso, el proceso de reembolso y las disputas comerciales sobre qué parte tiene derecho a los reembolsos probablemente se prolongarán durante meses o incluso años, creando desafíos adicionales para algunas empresas”, augura.
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