<p>Siete comunidades autónomas españolas intentaron enviar mensajes ES-Alert a sus respectivas poblaciones durante el apagón del 28 de abril pasado, y <strong>no pudieron</strong>.</p>
Los grupos electrógenos de la sede del centro coordinador de emergencias en la calle Quintiliano no funcionaron: «Están mirando qué ocurrió», admite una fuente oficial, que no obstante asegura que el apagón fue una eventualidad «de baja intensidad»
Siete comunidades autónomas españolas intentaron enviar mensajes ES-Alert a sus respectivas poblaciones durante el apagón del 28 de abril pasado, y no pudieron.
El sistema, previsto precisamente para situaciones de este tipo, no estaba operativo, según ha sabido EL MUNDO. El motivo: los grupos electrógenos de la propia sede de Protección Civil en la calle Quintiliano de Madrid, los que debían asegurar su autonomía eléctrica, y la del propio Centro Nacional de Emergencias (Cenem), no funcionaron cuando más se les necesitaba.
La sede de Protección Civil se quedó, por este motivo, parcialmente aislada, hasta el punto de que, según ha podido saber este diario de fuentes directas, algunas instituciones intentaron comunicarse sin éxito con el Cenem, brazo operativo de la dirección general: no se podía contactar con ellos ni mediante los teléfonos oficiales ni por mail.
Estas siete comunidades, en cifra confirmada por el Ministerio del Interior a este diario, contactaron como buenamente pudieron con quienes estaban en la calle Quintiliano, alarmadas ante la realidad de que no podían enviar mensajes ES-Alert a sus ciudadanos. Allí se les dijo que el sistema se había «caído», y que no sabían «por qué». En definitiva, la mayor herramienta pública de alerta a la población española en situaciones de riesgo no funcionó en una de las más sonadas emergencias de las últimas décadas en España.
Este diario preguntó ayer a la portavocía de Protección Civil los motivos por los que la sede se había quedado sin respaldo eléctrico, sin obtener una respuesta institucional. Varias fuentes de la propia sede aseguraron, no obstante, que el problema se había producido al fallar los generadores.
Fuentes de Quintiliano consultadas por este diario aseguran además que la sede del Cenem, «un mini 112» que detenta la responsabilidad en la toma de decisiones cuando las emergencias llegan a nivel 3 y las comunidades delegan competencias en Interior, está «en condiciones muy pobres, con pocos medios».
Aunque tanto las comunidades como el Gobierno central pueden enviar mensajes Es-Alert, que llegan a todos los teléfonos móviles del territorio que se desee e incluso a los que no tienen tarjeta SIM, el soporte tecnológico depende exclusivamente del Ministerio de Interior. En concreto, de la dirección general de Protección Civil.
Fuentes oficiales del Ministerio de Interior han admitido a este diario que «el sistema se cayó», y que «se está mirando qué sucedió», pero en todo caso aseguran que «aunque la situación era evidentemente de emergencia, desde Protección Civil se categorizó como emergencia de baja intensidad».
Según esta fuente, desde el propio Centro Nacional de Emergencias «se sopesó la necesidad de utilizar ES-Alert [el Gobierno central podía hacerlo en las comunidades que habían solicitado subir al nivel 3 de emergencias], pero, además de que no se podía, no se estimó pertinente, porque al fin y al cabo se trata de un sistema para alertar de peligros, no para informar de protocolos preventivos a los ciudadanos».
No pensaron igual los responsables de siete comunidades, algunas de las cuales, según ha podido saber este diario, llegaron a redactar mensajes e intentar enviarlos, y fue en ese momento cuando advirtieron de la imposibilidad. Otras simplemente comprobaron si el sistema funcionaba, y al ver que no era así, se pusieron en contacto con el Cenem, para ser informados del fallo.
Madrid fue una de estas comunidades. Como ha confirmado este diario, los responsables madrileños tenían previsto enviar un mensaje ES-Alert, pero al arrancar el sistema comprobaron que no funcionaba. «Se consultó y nos dijeron que no estaba operativo», señaló una fuente del Gobierno regional. «No dijeron por qué».
Expertos en emergencias consultados por este diario manifiestan su «pasmo» por el hecho de que Interior no dé excesiva importancia a la caída de la plataforma de ES-Alert, y entienden que dicho sistema «tendría que poseer una autonomía eléctrica para afrontar estas situaciones».
El sistema ES-Alert fue implantado en 2022 en España por orden de la directiva europea 2018/1972, cuyo artículo 110 reza: «Los estados miembros deberán garantizar que cuando exista una amenaza grave e inminente para la seguridad pública o la vida de las personas en una zona geográfica determinada se pueda enviar un aviso generalizado y eficaz a través de los servicios de comunicaciones móviles».
Se intentaba asegurar llegar a los ciudadanos «incluso si la red está saturada». No fue el caso del apagón lunes 28 de abril, puesto que desde Interior se admite a EL MUNDO sorpresa por que ES-Alert se cayera «cuando las comunicaciones con las distintas salas del 112 sí era posible». ES-Alert, por tanto, tendría que haber funcionado incluso en esta difícil coyuntura.
Aunque el primer mensaje ES-Alert enviado en España lo fue en el municipio de Guadalajara de Cabanillas del Campo en febrero de 2023, por la rotura de una tubería de gas y el consiguiente escape, la gran puesta de largo del sistema fue el 3 de septiembre de ese año.
Ese día, los siete millones de habitantes de la Comunidad de Madrid recibieron un mensaje para alertarles de lluvias masivas y posibles riadas en la región. El agua finalmente no llegó a Madrid capital, pero sí al sur de la comunidad. Murieron cinco personas.
El 29 de octubre pasado, en la dana de la Comunidad Valenciana, las autoridades regionales no enviaron el mensaje ES-Alert a la población hasta las 20.11 horas, cuando ya había incluso víctimas mortales en la zona de desbordamiento. La Agencia Estatal de Meteorología ya había emitido una alerta roja por lluvias intensas a las 12:20 horas, y la Confederación Hidrográfica del Júcar había sugerido dos horas antes del envío del mensaje que este se lanzara por el riesgo de desbordamiento de cauces y barrancos. Un juez investiga ahora la presunta negligencia de las autoridades regionales.
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