<p>Entre la polarización y los hermanamientos. Así se mueven las estrategias que se despliegan en España en torno al conflicto en Oriente Próximo. El <i>No a la guerra</i> para alentar a la ciudadanía y movilizar a las bases de izquierda deja paso ahora a los planes prácticos para hacer frente al impacto que los ataques cruzados tienen ya en la economía doméstica.</p>
El Gobierno recaba propuestas de los grupos para paliar los efectos del conflicto. Dos bandos se perfilan en el Congreso: uno, pide bajar impuestos; otro, intervenir la economía
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Entre la polarización y los hermanamientos. Así se mueven las estrategias que se despliegan en España en torno al conflicto en Oriente Próximo. El No a la guerra para alentar a la ciudadanía y movilizar a las bases de izquierda deja paso ahora a los planes prácticos para hacer frente al impacto que los ataques cruzados tienen ya en la economía doméstica.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha contactado con todas las formaciones parlamentarias -sólo Vox ha rechazado la llamada- para recabar sus propuestas. El Ejecutivo no ha puesto medidas sobre la mesa: afirma que analizará todos los planes y elaborará uno propio, probablemente similar al adoptado frente a la guerra en Ucrania, la próxima semana.
Mientras tanto, varias formaciones se han anticipado haciendo públicas sus medidas. Así lo han hecho PP, Junts, Podemos y, de manera más puntual, el PNV. Los populares, incluso, han ampliado su plan que, de origen, ya coincidía en buena medida con el de Junts, para acercarse también a las demandas clave del PNV.
Se empiezan a perfilar así dos bandos en el Congreso: de un lado, los grupos que inciden en la necesidad de bajar impuestos para aliviar la factura de ciudadanos y empresas y, de otro, los que ponen el acento en la intervención de los mercados para controlar suministros y precios.
En el primer grupo orbitan PP, Junts y PNV; en el segundo, Sumar, Podemos, Compromís, EH Bildu, ERC… Los populares, en su aproximación a los nacionalistas vascos, recogen ya un conjunto de medidas destinadas a paliar los efectos de la guerra en las empresas electrointensivas, así como bonificaciones para los consumidores de gasóleo agrícola y pesquero.
En esta adenda al plan inicial, el PP incluye la supresión del impuesto al valor de la energía eléctrica, una medida que también plantea Junts; establecer una bonificación del 80% en los peajes que tienen que asumir las empresas electrointensivas y la modificación de su estatuto como consumidores para que puedan competir en igualdad de condiciones , en coincidencia milimétrica con el PNV, una formación que ya ha presentado una proposición no de ley para favorecer la resiliencia de la industria siderúrgica y de gran consumo eléctrico gravemente afectada por las tensiones en el Estrecho de Ormuz.
Sostiene el PP que sólo con la supresión del impuesto de generación eléctrica se produciría un descuento de entre el 3 y el 4% del precio final del recibo de la luz y añade que, si las medidas se mantuvieran durante un año, el beneficio para un hogar medio rondaría los 900 euros. Los populares también plantean como Junts reducir el IVA de los suministros energéticos. El PP propone bajarlo al 10%, en tanto que Junts puja más fuerte: hasta el 5%.
PP, Junts y PNV conforman así un bloque coincidente en buena parte de sus propuestas y al que puede sumarse Vox. De ser así aglutinarían el voto de la mayoría de la Cámara.
En el otro grupo se incluye Sumar, alineado con los socios a la izquierda del PSOE. Sus planes hacen hincapié en la intervención del Estado y tratan de recuperar medidas que se activaron ante la guerra en Ucrania.
Así, Sumar plantea congelar los alquileres, la moratoria de desahucios, la prohibición de realizar despidos a las empresas que reciban ayudas públicas e impulsar las energías renovables. Podemos, más radical, reclama topar precios de alimentación, medicamentos y luz y la gratuidad del transporte público.
Las posiciones de unos y otros anticipan una nueva confrontación en el Congreso que podría acabar dando al traste con el plan de ayuda porque las medidas que acabe proponiendo el Gobierno tendrán que incluirse en un decreto que requiere de ratificación por la Cámara.
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