<p>Veinte de los 25 acusados en la pieza principal del <a href=»https://www.elmundo.es/t/ca/caso-gurtel.html»><i>caso Gürtel</i></a> han comunicado a la <a href=»https://www.elmundo.es/e/au/audiencia-nacional.html»>Audiencia Nacional</a> que reconocen los delitos de fraude fiscal y de blanqueo del dinero obtenido por la trama de corrupción relacionada con el <a href=»https://www.elmundo.es/e/pp/pp-partido-popular.html»>PP</a>, entre ellos los dos cabecillas, <a href=»https://www.elmundo.es/e/fr/francisco-correa.html»>Francisco Correa</a> y <strong>Pablo Crespo</strong>.</p>
La Audiencia Nacional inicia el último juicio de la macrocausa. Los cabecillas, Francisco Correa y Pablo Crespo, se enfrentan a una petición provisional de la fiscal de 77 años de prisión, las más elevadas
Veinte de los 25 acusados en la pieza principal del caso Gürtel han comunicado a la Audiencia Nacional que reconocen los delitos de fraude fiscal y de blanqueo del dinero obtenido por la trama de corrupción relacionada con el PP, entre ellos los dos cabecillas, Francisco Correa y Pablo Crespo.
La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el último juicio del caso Gürtel, una macrocausa que fue dividida en un total de 13, en el que se enjuician delitos fiscales y de blanqueo de capitales logrados por el entramado corrupto a través de sobornos a cargos del PP en ayuntamientos y comunidades autónomas para conseguir adjudicaciones de contratos entre 1998 y 2009.
Los veinte acusados que reconocen hechos buscan rebajar la pena que se les pueda imponer y en concreto Correa y Crespo se enfrentan a una petición provisional de la fiscal de 77 años de prisión, las más elevadas.
Correa, que se encuentra en tercer grado o semilibertad tras cumplir 10 años en prisión, permitió en su día el desbloqueo de sus cuentas en Suiza para repatriar 20,7 millones de euros destinados a reparar el daño causado y la responsabilidad civil.
Por su parte, en su escrito de reconocimiento de los hechos, Pablo Crespo reitera, como ya ha hecho en otros juicios de la trama, que deducía como gastos lo que «realmente eran obsequios o prodigalidades a favor de determinadas autoridades o funcionarios o del Partido Popular».
Los pactos con la Fiscalía han sido precisamente la tónica en los últimos juicios por esta trama, por la que el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo por los beneficios que obtuvo en municipios madrileños.
El empresario Francisco Correa ha reconocido en el juicio que desde que creó en 1999 su entramado «nunca» pagó impuestos ni hizo la declaración de la renta en España, y que movió el dinero en otros territorios como Suiza, Miami e Islas Caimán.
Correa ha manifestado que pagó 300.000 euros «a una señora», la también acusada Carmen L.H., que le dijo que tenía unas «relaciones excelentes» para que le gestionara la residencia en Panamá y evitar tributar en España después de que se practicara un registro en el despacho de su asesor fiscal el también acusado José Ramón Blanco Balín.
«Pero no conseguí abrir una cuenta en Panamá porque el juez Garzón me detuvo», ha añadido Correa, que además ha dicho que Carmen L.H. le estafó porque le dio el dinero y no le consiguió la residencia.
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