<p><a href=»https://www.elmundo.es/e/vo/vox.html»>Vox </a>insiste en trasladar su labor en la oposición va más allá de los parlamentos. Por eso, su respuesta a las informaciones de <i>El Confidencial</i> en las que se apunta a una «operación clandestina del <a href=»https://www.elmundo.es/e/ps/psoe-partido-socialista-obrero-espanol.html»>PSOE</a>» para difamar a la <strong>UCO </strong>la va a canalizar a través de los tribunales. El partido de <strong>Santiago Abascal </strong>registró ayer una querella contra quienes considera «fontaneros» de los socialistas.</p>
Acusa a los socialistas de ser una «verdadera mafia» que «se vale de sicarios» y apunta que la «operación» para difamar a la UCO «constituye un grave ataque a la integridad de los cuerpos policiales»
Vox insiste en trasladar su labor en la oposición va más allá de los parlamentos. Por eso, su respuesta a las informaciones de El Confidencial en las que se apunta a una «operación clandestina del PSOE» para difamar a la UCO la va a canalizar a través de los tribunales. El partido de Santiago Abascal registró ayer una querella contra quienes considera «fontaneros» de los socialistas.
La portavoz de la formación en el Congreso, Pepa Millán, ha anunciado este martes que su partido ha denunciado a cuatro personas a las que atribuye haber participado en «una reunión mantenida en febrero con el objetivo de obtener información comprometedora» de un jefe de la UCO. En concreto, del teniente coronel de la Guardia Civil que está al mando de las pesquisas sobre la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, el fiscal general del Estado y el caso Koldo.
Por ello, Vox se ha querellado, en primer lugar, contra Leire Díez Castro, ex directora de Relaciones Institucionales en Correos y que, según la información publicada por el medio digital, sería próxima al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Ella es quien habría solicitado la información comprometedora sobre el teniente coronel de la UCO y, por ello, Vox pide que se la investigue por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.
Los mismos delitos atribuye el partido en su querella al empresario Javier Pérez Dolset y al abogado Jacobo Teijelo. Ambos acompañaban a Díez en aquella reunión en la que presuntamente requería «documentación incriminatoria» sobre el jefe de la UCO. Por último, Vox ha denunciado a Alejandro Hamlyn, empresario detenido por la UCO en 2019 y de quien la «fontanera» del PSOE pretendía obtener dichos datos «a cambio de eventuales beneficios procesales», según interpretan en la formación de Abascal.
Vox solicita así que se tome declaración a las cuatro personas señaladas y que se permita al partido personarse como acusación popular en la causa. Considera que, dado que el teniente coronel de la UCO al que se pretendía «desacreditar» es el encargado de las pesquisas en las causas judiciales que rodean al presidente del Gobierno, esta situación «constituye un grave ataque a la independencia judicial y a la integridad de los cuerpos policiales».
«Esa es la concepción que tiene el PSOE de la justicia en España», ha valorado Millán, para extenderse en sus acusaciones: «Estamos ante una verdadera mafia» que «se vale de sicarios mediáticos para neutralizar a todo aquel que destapa su corrupción». Para la portavoz de Vox, la presunta «operación» para difamar a la UCO revela «el modus operandi del PSOE: extorsión, mercadeo, crimen y la compra de su impunidad de la forma más burda y obscena que podríamos imaginar».
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