<p class=»ue-c-article__paragraph»>El Gobierno de <strong>María Chivite</strong> otorgó en 2019 a Servinabar 2000 SL, la mercantil relacionada con el ex número 3 del PSOE <strong>Santos Cerdán</strong> y vinculada a presuntos amaños según la Guardia Civil, medio millón de euros por sobrecostes en una obra que le habían sido negados por el Gobierno navarro anterior, y lo hizo <strong>torciendo enteramente el anterior criterio de los técnicos</strong> de la comunidad foral.</p>
La obra del Archivo de Navarra fue adjudicada por el Gobierno de Barkos, pero Servinabar pidió en 2019 una ampliación y los técnicos la denegaron… Hasta que el PSOE llegó al Gobierno un mes después. Entonces aceptaron y otorgaron medio millón más
El Gobierno de María Chivite otorgó en 2019 a Servinabar 2000 SL, la mercantil relacionada con el ex número 3 del PSOE Santos Cerdán y vinculada a presuntos amaños según la Guardia Civil, medio millón de euros por sobrecostes en una obra que le habían sido negados por el Gobierno navarro anterior, y lo hizo torciendo enteramente el anterior criterio de los técnicos de la comunidad foral.
La empresa, de la que Cerdán poseía un 45% y que en ese momento contaba con sólo tres empleados, pero ya lograba suculentos contratos públicos aliada con el gigante de la construcción Acciona -y oficiaba de llave para lograr esas adjudicaciones, según la Guardia Civil-, pidió en 2019 más tiempo, y consecuentemente más dinero, para finalizar la obra de una adjudicación que la UTE (unión temporal de empresas) había logrado en 2018, con el Gobierno anterior, el de Uxue Barkos (Geroa Bai).
Se trataba de la rehabilitación del edificio del Archivo General de Navarra, una institución emblemática, situada en el Palacio de los Reyes, en Pamplona. Los técnicos públicos le denegaron la petición en mayo de 2019, pero hubo cambio de Gobierno a finales de ese mismo mes y con el nuevo Ejecutivo regional, comandado por Chivite y el Partido Socialista de Navarra, los técnicos sí dieron el ok definitivo.
No sólo eso: el recurso de la UTE, aparte de pedir seis meses más de plazo para terminar las obras, ni siquiera cuantificaba cuánto más costaría el rectificado, en términos económicos, a las dos empresas… Pero los técnicos de la comunidad foral sí hicieron ese cálculo. Había que dar 467.924,91 euros más a las dos firmas para que finalizaran las tareas.
De no haberse producido ese cambio de posición, de hecho, la UTE habría sido penalizada, por entregar fuera de plazo, luego la variación no sólo le hizo ganar a la presunta empresa de Cerdán medio millón, sino que le evitó una penalización.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en su informe sobre Santos Cerdán, bajo cuyo control se halla el PSOE navarro desde que su apoyo facilitara la secretaría general y luego la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez, que Servinabar era en realidad una empresa-llave para conseguir contratos públicos por los que la trama de Ábalos, Koldo García y el propio Cerdán cobraron comisiones.
Este último fue también quien tras las elecciones del 26 de mayo de 2019 negoció la abstención de Bildu para que Chivite accediera a gobernar Navarra con el apoyo de Geroa Bai, Podemos y Ezkerra. El PSN había logrado 11 escaños y la coalición de Navarra Suma (PP, Unión del Pueblo Navarro y Cs) había llegado a 20.
Según un documento hallado en el domicilio del administrador de Servinabar, Joseba Antxon Egurrola, éste había transferido a Cerdán un 45% de las acciones de la empresa el 1 de junio de 2016, menos de un año después de que la firma fuera inscrita en el Registro Mercantil.
El gran presunto pelotazo de la trama en este ámbito fue, después, la adjudicación por 76 millones, ya en la época de Chivite en el poder, de la obra del túnel de Belate. Como publicó este diario, tres de los ocho miembros de la mesa de adjudicación acabaron denunciando ante la oficina anticorrupción navarra, y el caso, muy aireado en la prensa regional, evidenció un posible trato de favor muy claro por parte de funcionarios forales hacia Servinabar 2000 SL.
La licitación de la obra del Archivo General se produjo en junio de 2018, en la época del Gobierno de Geroa Bai, con Barkos en la presidencia. Sin embargo, como acreditan documentos a los que ha tenido acceso EL MUNDO, el 15 de marzo de 2019 la UTE pidió una suspensión temporal de las obras por varios motivos: no les daba tiempo a entregar en plazo.
Sólo 10 días después los técnicos forales rechazaron dicha suspensión, negando varios argumentos alegados por las empresas. Donde estas decían que la licencia para iniciar las labores se había retrasado, los técnicos afirmaron que sólo parcialmente, que en realidad sí había licencia para parte, en la que sí podían haber comenzado los trabajos a tiempo. Donde aquellas afirmaban que el edificio no había sido desocupado a tiempo, los técnicos lo negaban. Los funcionarios incluso ponían en duda la fecha de comienzo de los trabajos que comunicaba la UTE.
También se habían realizado trabajos previos para proteger la enorme secuoya centenaria del jardín, al contrario de lo alegado por las firmas. No había lugar a la ampliación de plazo y precio, y así le hizo saber a la UTE el 3 de mayo de 2019 el Departamento de Presidencia, de quien siempre dependieron las obras.
Pero el 26 de ese mes el poder cambió de manos en Pamplona, y Chivite logró ser investida el 2 de agosto. Justo entre ambos hitos presentó la UTE de Servinabar y Acciona su recurso, el 6 de junio, como publicó el Diario de Navarra, que se hizo eco de este íter. La UTE alegaba, según ha podido saber este diario, que no se les había dado traslado de los criterios de los técnicos forales, y repetía sus argumentos.
Cambio copernicano. El 22 de noviembre Presidencia propone aceptar el recurso y calcula el plus de 467.924,91 euros, y esa resolución llega antes incluso del informe jurídico preceptivo, datado el 28 de noviembre. Todo se argumenta del revés, el papel lo aguanta todo: donde no había espacio legal para aceptar, de pronto se acepta. Servinabar y Accionan logran sus objetivos.
El Gobierno de Chivite, por lo demás, se intentó personar este lunes como perjudicado en la instrucción que en el Tribunal Supremo dirige el juez Leopoldo Puente en torno a Santos Cerdán y al ex ministro José Luis Ábalos, pero tal pretensión fue rechazada por el magistrado por no concretarse «qué hechos determinarían la condición de víctima» de la Administración regional, dictaminó Puente.
María Chivite aseguró hace una semana sentirse «sorprendida» por el resultado del informe de la UCO sobre su padrino político, y dos días después tuvo que aceptar la dimisión de su número 2 en el PSN, Ramón Alzórriz: su mujer había trabajado en Servinabar.
Chivite ha asegurado que no tenía noticia de a qué se dedicaba la esposa de su número 2, pese a que Alzórriz llevaba años siendo su escudero.
España
