<p>Cuatro décadas dan para mucho: para crecer y también para decaer, languidecer y perder terreno. España es un país importante en la Unión, pese a una pérdida de convergencia económica y peso político en los últimos años en los que hemos destacado más por trasladar nuestros problemas internos, fruto del enfrentamiento partidista, al ámbito comunitario que por aportar ideas valientes para el impulso del proyecto común. Y esto no ha sido siempre así.</p>
Fuimos en Bruselas «los prusianos del sur» por la firmeza en defensa de un país que reclamaba y aportaba; ahora, las divisiones internas nos restan peso en la UE
Cuatro décadas dan para mucho: para crecer y también para decaer, languidecer y perder terreno. España es un país importante en la Unión, pese a una pérdida de convergencia económica y peso político en los últimos años en los que hemos destacado más por trasladar nuestros problemas internos, fruto del enfrentamiento partidista, al ámbito comunitario que por aportar ideas valientes para el impulso del proyecto común. Y esto no ha sido siempre así.
Hubo un tiempo en el que España, defendiendo sus intereses, sumaba con claridad: lo hizo en política agraria y pesquera pese a los duros comienzos de un largo periodo transitorio; lo hizo en el terreno complicado de Justicia e Interior; lo hizo en la política clave de cohesión y lo hizo también en el esfuerzo titánico que supuso la moneda común. Estos son sólo algunos ejemplos del papel activo y decisivo que desempeñó España tras su ingreso efectivo, en 1986, del que ahora se cumplen 40 años.
Y sobre todo, en los difíciles comienzos, supo aprovechar hasta el último resquicio que ofrecía la nueva ola de legislación que en aquellos momentos requería una Europa que carecía de políticas comunes en multitud de ámbitos.
Fue en el marco de esas negociaciones tendentes a la armonización de políticas, sectores y normas, en el que una España novata demostró que podía participar con ambición propia y también para toda Europa. Lo que hasta entonces había sido un cuerpo normativo común escaso, es ahora un acervo legislativo inmenso, de más de 160.000 páginas al que nuestro país contribuyó de forma decisiva.
Felipe González, flanqueado por un equipo de pesos pesados –Fernando Morán, primero; Francisco Fernández Ordóñez y Javier Solana, después, al frente de Exteriores; secretarios de Estado de alto nivel técnico como Pedro Solbes y Carlos Westendorp, respaldados por diplomáticos implacables como Javier Elorza– supo conjugar el pedir con el dar, el reclamar con el proponer, para situar a España en la cúpula, como una voz imprescindible en una comunidad en la que jugaban personajes de la talla de Helmut Kohl; François Mitterrand; Margaret Thatcher y un presidente de la Comisión Europea incombustible y con voz propia, Jacques Delors.
Aquellos primeros años supusieron un desafío enorme de apertura económica que España aprovechó sorbiendo hasta la última gota de los beneficios que conllevaba formar parte del club.
La delegación española siempre llegaba a los consejos cargada de propuestas, iniciativas, reclamaciones y con un plan B en la recámara por si era necesario imprimir un giro de guión. Javier Elorza, representante adjunto ante las Comunidades Europeas, después secretario general y finalmente embajador ante la UE, recuerda que los negociadores españoles, por su firmeza y la solidez de sus planteamientos se ganaron el apodo de «prusianos del sur».
Esa solvencia en la defensa de los intereses del país al tiempo que se perfilaban reformas para el avance común, se mantuvo con los gobiernos de Aznar. Sobre todo hasta el 2000. En esa etapa España influyó claramente en el diseño de la moneda común y logró incorporarse al euro en el vagón de cabeza.
En aquellos años, las reuniones en Bruselas eran maratonianas. A menudo de varios días con sus noches. La información fluía desde la planta superior del edificio Charlemagne -antigua sede del Consejo- a la inferior en la que pululaba la prensa. Y en sentido contrario, también. De la misma manera, el contacto entre el Gobierno y los partidos políticos para compartir información era un hábito que reforzaba la voz española. Esa costumbre no existe ya y su carencia claramente nos debilita.
Entre 1986 y 1991, la renta per cápita española pasó del 73% de la media comunitaria, al 79%. Y siguió creciendo hasta alcanzar el 103% en 2007. En este salto espectacular destaca el éxito de una de las negociaciones más importantes que protagonizó España. Fue en 1991 cuando el Gobierno de González ideó y consiguió la aprobación del Fondo de Cohesión, el motor que impulsó la convergencia real de la economía del país.
Para dar cuenta de la firmeza con la que Madrid mantuvo su propuesta baste recordar que la delegación española llegó a amenazar con vetar el Tratado de Maastricht. El dinero se exprimió con éxito innegable en la modernización del país.
La crisis financiera de 2008 no sólo cortó en seco la racha de convergencia, también hundió la renta per cápita hasta situarla de nuevo al borde de ser elegible para los fondos de cohesión, algo que se confirmó en 2020 por el impacto brutal de la pandemia del Covid.
Ahora, el Gobierno, tras apuntarse una buena negociación para lograr los fondos Next Generation, ha dado muestra de claras dificultades de absorción e incluso ha renunciado a una importantísima cantidad del tramo de préstamos a bajo interés porque no puede cumplir con las condiciones a las que se comprometió para acceder a ellos. Falta gestión.
En la actualidad, la UE enfrentada a retos clave de competencia económica e influencia política, ha perdido, por sus fricciones internas, buena parte de su peso. Y, dentro de ella, también España, más dedicada a las batallas políticas patrias y a las grandes proclamas vacías que a la iniciativa para promover una acción común.
Frente a los desafíos de la seguridad, el Gobierno, presionado por sus socios, se aleja de los aliados en materia de Defensa y se muestra indeciso, en política Exterior, a la hora de ejercer su papel histórico como puente con América Latina; ante los retos económicos explora negociaciones unilaterales que suscitan recelos en Bruselas y, en el campo del Estado de Derecho y la Justicia, se trasladan problemas a Europa por los choques entre Gobierno y oposición a cuenta del Poder Judicial, la supresión del delito de sedición que, con uno u otro nombre, existe en los principales países de la UE, la eficacia de la euroorden o la concesión de una amnistía a quienes trataron de romper la unidad del Estado y los propios perfiles de la Unión.
Los 40 años de la pertenencia de España al club europeo pueden dividirse en dos etapas: las primeras dos décadas, dominadas por la ambición y la acción; las dos últimas, por las crisis y el relato. Decía ayer el Rey ante el Parlamento Europeo que en la «desmemoria» está nuestra mayor «amenaza». Por eso, conviene recordar lo que llegamos a ser para tratar nuevamente de emularlo.
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