<p>Será el<strong> próximo 15 de abril, </strong>casi tres meses después de que ocurriese el mayor accidente ferroviario en la alta velocidad desde la liberalización ferroviaria: la<strong> Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz </strong>se concentrará en el Congreso de los Diputados en Madrid para pedir «respeto a las víctimas», más transparencia sobre lo sucedido -que ya cuenta con una investigación en marcha-, y sobre todo, que un accidente así, con 46 víctimas mortales y un centenar de heridos, no se vuelva a repetir (para lo que es necesario, consideran, una mayor inversión en infraestructuras). En el reclamo de esta asociación, creada a raíz de los grupos de Whatsapp donde se encontraron los afectados por la<strong> colisión del Iryo y el Alvia </strong>el pasado enero, participarán probablemente otras víctimas, las de los accidentes de <strong>Angrois </strong>(en 2013 dejó 80 fallecidos) y <strong>Bejís </strong>(en 2022), explica su portavoz Mario Samper a este diario.</p>
Se demoran las ayudas públicas a las víctimas prometidas por Transportes, que reclaman inversión y seguridad en una red ferroviaria que no deja de sumar incidencias
Será el próximo 15 de abril, casi tres meses después de que ocurriese el mayor accidente en la alta velocidad desde la liberalización ferroviaria: la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se concentrará en el Congreso de los Diputados en Madrid para pedir «respeto a las víctimas», más transparencia sobre lo sucedido -que ya cuenta con una investigación en marcha-, y sobre todo, que un accidente así, con 46 víctimas mortales y un centenar de heridos, no se vuelva a repetir (para lo que es necesario, consideran, una mayor inversión en infraestructuras). En el reclamo de esta asociación, creada a raíz de los grupos de Whatsapp donde se encontraron los afectados por la colisión del Iryo y el Alvia el pasado enero, participarán probablemente otras víctimas, las de los accidentes de Angrois (en 2013 dejó 80 fallecidos) y Bejís (en 2022), explica su portavoz Mario Samper a este diario.
Y, sobre todo, las víctimas llevarán al Congreso su reclamo de responsabilidades. Que igualmente, ya han transmitido a la cúpula de Adif: en su reunión celebrada el pasado martes con Luis Pedro Marco, presidente de Adif, la asociación le manifestó «que como máximo responsable debería dimitir por un accidente en sus instalaciones». A lo que recibieron como respuesta «que él, hasta que no se supiera el veredicto final o se manifestara la jueza, no iba a asumir más responsabilidad que la de proteger a sus trabajadores».
Sin embargo, y como recalca Samper, las víctimas en ningún momento han señalado a los operarios, pero sí al presidente del gestor de infraestructuras que en las tres horas que se encontró con los afectados no les aclaró los últimos incidentes alrededor de la investigación del accidente, como la retirada de materiales de las vías por parte de Adif sin autorización previa de la jueza. «Dio las mismas manifestaciones que en el Congreso», explica Samper. Tampoco esperan un cambio de actitud tras el último informe de la Guardia Civil que confirma la rotura de la vía 22 horas antes de la colisión.
Este no es el primer reclamo de dimisiones en Adif: tras el accidente de un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona) días después de Adamuz, que llevó a las protestas y paralización del servicio, el Govern catalán exigió responsabilidades que el gestor acató con la destitución de su director general de Explotación y Mantenimiento, Raúl Míguez Bailo. Posteriormente fue recolocado como director adjunto de Coordinación de Proyectos y Actuaciones Transversales dentro de Adif, según pudo comprobar este medio.
Precisamente con motivo de esta última crisis, hoy se reunirán a puerta cerrada para hacer balance del estado de Rodalies el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el president catalán, Salvador Illa. Lo comunicó el pasado martes la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, además de puntualizar que la gestión de los distintos cortes ferroviarios en los últimos meses ha costado 13 millones de euros.
Mientras prosiguen las investigaciones, queda sin resolver el asunto de las indemnizaciones públicas. Desde la Asociación de Víctimas tienen constancia, a fecha de esta publicación, de dos beneficiados por las ayudas que recoge el Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida aprobado por Moncloa el pasado enero.
Un paquete económico de 20 millones de euros para «acelerar la percepción de ayudas por parte de los afectados y evitar así las esperas propias de los procedimientos ordinarios de los seguros», explicó Puente en su momento: diez millones de euros para las ayudas urgentes y otros diez para anticipos.
El ministro señaló la urgencia de la medida porque «los procedimientos ordinarios y los tiempos judiciales no siempre responden a la urgencia vital de quienes han sufrido una tragedia como esta» y «las víctimas no pueden esperar años para recibir apoyo económico». «La incertidumbre económica no puede añadirse al dolor emocional», expresó en aquel momento, donde también se comprometió a la total transparencia y esclarecimiento de los hechos.
Por otro lado, desde la asociación constatan que los afectados ya cuentan con indemnizaciones concedidas o en trámite por parte de iryo y Renfe, que como operadoras tienen la obligación (dentro de las coberturas del seguro del viajero) de compensar a los afectados por el accidente.
En la misma semana en la que se congregarán las víctimas frente al Congreso para reivindicar más inversión y seguridad en las vías de tren, Adif prevé en su red convencional -que incluye los servicios de Cercanías, Media Distancia y transporte de mercancías- hasta 1.045 incidencias. Si se tiene en cuenta que algunas de ellas aplican en bifurcaciones o nudos de vías -esto es, que afecta a varias líneas- el total que entrará en vigor el próximo domingo asciende a 1.104 incidencias, de las cuales 43 se incluyen por primera vez en el registro semanal de los maquinistas al que ha tenido acceso EL MUNDO.
De las novedades, la mayor concentración se produce en la red madrileña (27), especialmente en las estaciones de Embajadores-Atocha, Vicálvaro, San Fernando de Henares y Madrid-Santa Catalina. Luego, se reparten las cargas en las líneas de Valencia y Levante (diez) y de Madrid y Barcelona (suma otras diez). A partes iguales (28%) las nuevas incidencias se deben al estado de la vía, pero también a obras en la misma.
Pero en resumen, todas conllevarán límites temporales a la velocidad (LTV) que demorarán los trayectos que anualmente transportan a alrededor de 448 millones de españoles. En puntos determinados de la red los trenes se moverán a una velocidad máxima permitida de entre cinco y 190 kilómetros por hora. Y este no es un número fijo, sino que las LTV aumentan según las necesidades de una red donde la mitad de las incidencias se deben al estado o aparatos de las propias vías («estado de vía», «mal estado de carril», «defecto de soldadura», «fisura en carril» o «defecto de aguja») frente al 18% debido a obras nuevas o de mantenimiento.
En el eje ferroviario catalán (que abarca distintas líneas ferroviarias), motivo de la reunión de Puente e Illa hoy, se concentran un total de 221 LTV, el equivalente al 20% del total de incidencias. Mientras tanto, si se observan en las limitaciones por líneas, la línea 100 que conecta Madrid-Chamartín con Irún recoge el mayor número de LTV: 85 registros; seguida de la línea 400 (entre Alcázar de San Juan y Cádiz) con 74 LTV.
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