La Generalitat de Cataluña ha repartido más multas por incumplimientos de la Ley de Vivienda: los últimos afectados son tres grandes tenedores y por un importe de 30.000 euros cada una, según los datos a los que ha tenido acceso Efe. Hay otras tres sanciones con el expediente ya cerrado y pendientes de notificación a 1 de julio de 2026.
La horquilla oscila entre los 3.000 y los 900.000 euros, en función de la gravedad de la infracción
Audio generado con IA
La Generalitat de Cataluña ha impuesto las primeras multas por incumplimientos de la Ley de Vivienda: los afectados son tres grandes tenedores y tienen un importe de 30.000 euros cada una. Según los datos a los que ha tenido acceso Efe, estas tres multas ya han sido notificadas a los interesados. Hay otras tres sanciones con el expediente ya cerrado y pendientes de notificación a 1 de julio de 2026.
Son procedimientos que ha gestionado la Agència de l’Habitatge de Catalunya, el ente encargado de regular el cumplimiento de la ley de vivienda, y que lleva a cabo investigaciones tanto de oficio como a raíz de denuncias. En total hay seis resoluciones sancionadoras dictadas y ya cerradas, mientras que 654 expedientes siguen en tramitación.
La horquilla de penalización de las multas por incumplir la ley de vivienda en Cataluña va desde los 3.000 y a los 900.000 euros, en función de la gravedad de la infracción. Fue una medida aprobada por el Govern mediante un decreto ley pactado con los Comunes, y el Parlament lo convalidó con los votos de PSC, ERC, Comuns y la CUP. A este régimen se le añadirá, tras el acuerdo de presupuestos, la futura creación de una Dirección General de Disciplina que persiga a quienes incumplan la ley de vivienda, tras el refuerzo de 100 inspectores de vivienda más acordado a finales de 2025.
El control de las rentas en el caso de los grandes tenedores (en Cataluña, aquellos que tienen más de cinco viviendas en propiedad, frente a las diez en el ámbito nacional) es uno de los instrumentos aplicados en la región desde la activación de las zonas tensionadas, hechas precisamente para contener las subidas de los precios de alquiler.
En febrero de este año, el Govern anunció que abría los primeros 13 expedientes por incumplimiento de las medidas encaminadas a contener el precio del alquiler establecidas por la ley de vivienda. De estos expedientes, seis los tramitaba la Agència de l’Habitatge de Catalunya, mientras que otros siete estaban en manos de la Agència Catalana de Consum.
En marzo, a raíz del desahucio del bloque de la calle Sant Agustí, la Generalitat anunció que abriría un expediente a la empresa que quería transformarlo en una covivienda y ya avanzó que ya tenía 423 diligencias previas abiertas y 22 expedientes en fase de sanción. A finales de abril, el número de expedientes en trámite ya subía hasta los 529, de los que un 89% se encontraban en la fase de diligencias previas. En ese momento, según informó la Generalitat, un 79% de los expedientes eran a propietarios que se habían saltado los topes del alquiler. Otras irregularidades investigadas eran la repercusión indebida de los gastos de gestión inmobiliaria o en la formalización del contrato de alquiler, así como la falta de constancia de la condición de gran tenedor o del precio.
Solo han pasado meses hasta que se han impuesto las primeras seis multas.
Actualidad Económica. Noticias de Economía Nacional e Internacional
