El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 13,5 millones a Indra que le impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por ser parte de un carterl que se repartió y alteró los concursos de servicios tecnológicos de la Administración durante diez años.
Once compañías fueron sancionadas por la CNMC en 2018 por esta práctica
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El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 13,5 millones a Indra que le impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por ser parte de un carterl que se repartió y alteró los concursos de servicios tecnológicos de la Administración durante diez años.
La sanción impuesta en 2018 afectó a once empresas, con Indra como la sancionada por mayor cuantía. La empresa española llevó el caso a la Audiencia Nacional, que lo desestimó y ahora ha sido el Tribunal Supremo el que no ha tenido en cuenta sus argumentos.
El golpe a Indra se extenderá previsiblemente por el resto de empresas que demandaron como las estadounidenses IBM y Accenture o la francesa Atos. En el caso de Indra, la posible multa ya se encuentra íntegramente provisionada en sus cuentas, por lo que no tendrá impacto en sus resultados.
El cartel operó en licitaciones convocadas, entre otros organismos, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto Nacional de la Seguridad Social entre 2005 y 2015.
Según la resolución de la CNMC, el modo de operar de las empresas comprendía el conocimiento anticipado de las licitaciones gracias a contactos en el seno de las Administraciones contratantes; la formalización de acuerdos privados de colaboración, no comunicados a la Administración, con porcentajes de reparto que no siempre coincidían con los notificados en los acuerdos públicos de constitución de las uniones temporales de empresas; la utilización indistinta e instrumental de la unión temporal y de la subcontratación, acompañada de compromisos de exclusividad y de no concurrencia en ofertas alternativas; y un sistema de regularizaciones destinado a compensar las desviaciones respecto de los porcentajes de facturación pactados, explica el Supremo.
En paralelo, la CNMC también señaló el intercambio de información sensible de la Administración entre las participantes.
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