Dos niños de rubísima cabellera y piel nívea juegan con despreocupación en el columpio de un parque. Otro más pedalea su bici con parsimonia por la calle adyacente, separada del parque por una hilera de árboles frondosos. A pocos metros, tres hombres toman café en la única cafetería a la vista, donde el olor revela que la cocinera acaba de sacar del horno unas patatas con ajo y mantequilla. Este lugar es Kleinfontein, un tranquilo asentamiento cultural afrikáner privado ubicado cerca de Pretoria, una de las tres capitales de Sudáfrica. Pero esta tranquilidad tiene un precio: vivir detrás de una barrera y bajo vigilancia permanente.
Los asaltos a agricultores afrikáners alimentan en esta comunidad la convicción de que son víctimas de una persecución racial en un país marcado por una violencia criminal generalizada
Dos niños de rubísima cabellera y piel nívea juegan con despreocupación en el columpio de un parque. Otro más pedalea su bici con parsimonia por la calle adyacente, separada del parque por una hilera de árboles frondosos. A pocos metros, tres hombres toman café en la única cafetería a la vista, donde el olor revela que la cocinera acaba de sacar del horno unas patatas con ajo y mantequilla. Este lugar es Kleinfontein, un tranquilo asentamiento cultural afrikáner privado ubicado cerca de Pretoria, una de las tres capitales de Sudáfrica. Pero esta tranquilidad tiene un precio: vivir detrás de una barrera y bajo vigilancia permanente.
Kleinfontein no es una urbanización cualquiera. Fundado en 1992 para preservar la lengua y la cultura afrikáner, hoy sus 1.500 habitantes gestionan el complejo de manera autosuficiente, generando sus propios servicios y hasta su energía. Es un oasis de seguridad y placidez, de calles impolutas y primorosas viviendas unifamiliares. El verdadero corazón de la comunidad no está en la cafetería ni en el parque, sino en una pequeña sala repleta de pantallas desde la que tres vigilantes siguen en tiempo real cada movimiento que se produce dentro y fuera del recinto. “Si ocurre algo, lo sabemos antes de que llegue la policía”, explica uno de ellos. En Sudáfrica, uno de los países con mayor tasa de homicidios del mundo, con una media de 69 diarios en 2024 según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en una población de 63 millones de habitantes, la seguridad no se da por garantizada, sino que hay que procurársela.
En esta comunidad todos son afrikáners, descendientes en su mayoría de los colonos neerlandeses llegados a partir del siglo XVII. Kleinfontein nació con la idea de preservar una forma de vida que muchos consideran amenazada, pero la conversación suele acabar derivando hacia los robos, los asaltos a granjas, la sensación de abandono por parte del Estado y la convicción de que los blancos se han convertido en un objetivo a abatir.
Impulsado por organizaciones como AfriForum y Solidarity, ese relato llevaba años circulando dentro de la comunidad afrikáner antes de que Donald Trump lo llevara al Despacho Oval. Cuando el presidente estadounidense denunció en mayo de 2025 un supuesto “genocidio blanco” ante su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, un debate que llevaba décadas librándose en el país saltó al centro de la guerra cultural internacional. Para Trump, el caso encaja en una narrativa más amplia contra las políticas de diversidad y reparación histórica, convertidas en uno de los principales frentes ideológicos de su segundo mandato.
Pero este temor no nace en el vacío. Sudáfrica es uno de los países con mayor violencia homicida del mundo y prácticamente cualquier sudafricano, blanco o negro, puede relatar alguna historia propia o cercana de robos, asaltos o asesinatos. En este vasto país, las viviendas protegidas por vallas electrificadas, las concertinas y las empresas privadas de seguridad forman parte del paisaje cotidiano mucho más que las patrullas policiales.
Uno de los colectivos que siente esa vulnerabilidad con mayor intensidad son los granjeros, que viven en explotaciones aisladas donde un asalto puede tardar horas en ser detectado. AfriForum y Solidarity, dos de las principales organizaciones de defensa de la minoría afrikáner, sostienen que estos ataques responden, al menos en parte, a una motivación racial y que las autoridades minimizan el problema. Las cifras y su interpretación son objeto de una intensa disputa política, pero pocos discuten que ese miedo explica por qué tantos agricultores viven tras verjas electrificadas, duermen armados o terminan mudándose a lugares como Kleinfontein.
Uno de ellos es Roulè Uys, una granjera afrikáner de 71 años, pelo completamente blanco y expresivos ojos azules. En los últimos años ha sido atacada tres veces y la última, el pasado 25 de octubre, estuvo a punto de morir en su granja de Carolina, en la provincia de Mpumalanga, un núcleo agrícola y minero rodeado de praderas y humedales en el noreste de Sudáfrica.
Rondaban las nueve de la noche cuando tres hombres irrumpieron en la propiedad con pistolas. La golpearon hasta romperle la nariz y la mandíbula, le arrojaron agua hirviendo sobre la cabeza y la espalda, y torturaron también a dos de sus trabajadores. “Buscaban robar. ‘¿Dónde están las armas? ¿Dónde está el dinero?’, me gritaban todo el tiempo”, recuerda.
Luego, uno de los asaltantes le colocó una bolsa de plástico en la cabeza e intentó sellarla con cinta adhesiva alrededor del cuello. “Exactamente igual que habían hecho con aquella mujer”, recuerda, en alusión a otra agricultora asesinada. Uys consiguió soltarse las manos, que tenía atadas por delante, y arrancarse la bolsa. “Estaba aterrorizada. Cuando sientes que no puedes respirar…”. Poco después, los agresores abandonaron la casa. Solo sobrevivió porque una patrulla sospechó al ver su coche atravesando el pueblo de madrugada y dio la voz de alarma. Pasó más de un mes hospitalizada.
Sentada hoy en una cafetería de Pretoria, reconstruye aquellas dos horas con una serenidad que desconcierta. Nunca habla de venganza ni del color de piel de quienes la atacaron. Solo dice que desde entonces ya no vuelve a dormir igual.
Experiencias como la suya explican por qué el miedo ha calado entre muchos agricultores blancos. El debate está en si esas agresiones justifican el relato del “genocidio”, algo que descarta el escritor Jonny Steinberg, uno de los intelectuales que mejor ha estudiado la transición democrática sudafricana. “Los agricultores blancos tienen razones para sentirse vulnerables, pero no existe ninguna evidencia de genocidio”, sostiene.
Los datos de la policía respaldan esa interpretación. En 2024 se registraron 26.232 homicidios en Sudáfrica. De ellos, 44 estuvieron relacionados con comunidades agrícolas y ocho de las víctimas eran agricultores. El sindicato afrikáner TLU-SA contabilizaba hasta 2022 más de 6.000 ataques a granjas y 2.182 miembros de la comunidad agrícola asesinados desde 1990, una fracción muy pequeña de los más de medio millón de homicidios registrados en el país durante ese mismo periodo, según las estadísticas oficiales. Para Steinberg, Trump ha aislado una parte de la violencia e ignorado el conjunto: quienes siguen muriendo de forma desproporcionada en Sudáfrica son hombres menores de 35 años, negros y pobres.
El Ejecutivo sudafricano también niega que exista un genocidio blanco y sostiene que los ataques a granjas deben entenderse en el contexto de la elevada criminalidad que afecta al conjunto del país. Ramaphosa ha calificado esa narrativa de “completamente falsa”.
Discrepa el responsable de relaciones institucionales de AfriForum, Ernst J. van Zyl, que sostiene que fijarse únicamente en las cifras de homicidios ofrece una imagen incompleta, pues la persecución incluye también las políticas de acción afirmativa, la amenaza de expropiaciones sin compensación, la negativa del Gobierno a dar un tratamiento específico a estos crímenes y una retórica política que demoniza a la minoría blanca. “Excluir a personas de oportunidades laborales, ascensos o educativas por pertenecer a un determinado grupo racial constituye una forma de persecución”, afirma.
Aunque AfriForum evita hablar de genocidio, Van Zyl agradece que Trump haya internacionalizado el debate. Sostiene que muchos ataques van acompañados de torturas y de consignas como Kill the Boer, Kill the Farmer (Mata al bóer, mata al granjero). Trump presenta esa canción como una incitación a asesinar afrikáners, pero los tribunales sudafricanos han recordado repetidamente que se trata de un cántico histórico de la lucha contra el apartheid y no de un llamamiento literal a la violencia.
Otras organizaciones afrikáners sitúan el conflicto en un plano más amplio. Para Jaco Kleynhans, responsable de relaciones internacionales del sindicato Solidarity, el sentimiento no es tanto el miedo como la alienación. “Amamos Sudáfrica, es nuestro hogar. Nos vemos como afrikáners, sudafricanos y africanos, no como europeos”, afirma. Sin embargo, denuncia que una parte de la comunidad siente que el Estado ha dejado de representarla. “No creen que el Gobierno sea su Gobierno ni que las instituciones les pertenezcan. Tenemos la impresión de que constantemente se nos utiliza como chivos expiatorios”.
En la cafetería de Kleinfontein, Danny De Beer, miembro de la junta directiva de la comunidad, señala a Cobus, un agricultor que acabó abandonando su granja tras años de robos y un proceso judicial que, asegura, terminó arruinando su explotación, pues, cuando pudo regresar a la finca, dice, apenas quedaba nada: habían robado las ovejas y las cabras, arrancado el cableado eléctrico y la fontanería e intentado incendiar la vivienda. “¿Para qué volver? Lo único que hacen es regresar y seguir robando”, lamenta.
Ese sentimiento de abandono explica, a su juicio, la existencia de comunidades como Kleinfontein. Para él, el genocidio no consiste únicamente en los asesinatos. “Si haces imposible que un pueblo sobreviva en su propia tierra hasta obligarlo a emigrar, eso también puede entenderse como una forma de genocidio”, apoya Cobus.
Pese a todo, algunos afrikáners han optado por marcharse. Según el Departamento de Estado de EE UU, al menos 6.069 sudafricanos, la inmensa mayoría afrikáners, han aceptado el programa de refugio impulsado por Trump en febrero de 2025 alegando discriminación racial. Cobus también se lo planteó, pero acabó descartándolo. “Lo que ganas es seguridad. Lo que probablemente pierdes es tu identidad”.
Sin embargo, esa visión no representa a toda la comunidad afrikáner. En la Universidad de Pretoria, dos estudiantes de 19 años rechazan la idea de un genocidio y no contemplan emigrar. “Me gusta mi vida”, resume Christopher. Aunque consideran que las políticas de acción afirmativa necesitan cambios, creen que siguen siendo necesarias para afrontar unas desigualdades que el apartheid dejó profundamente arraigadas. “Todos vemos el problema. Lo difícil es saber exactamente qué habría que cambiar”, dice. Christopher coincide en que el sistema necesita cambios, aunque cree que las políticas actuales “intentan corregir el resultado del problema, pero no la causa”.
Los dos estudiantes coinciden en que el apartheid pertenece al pasado, aunque Christopher añade un matiz poco habitual: “He conocido a bastantes jóvenes blancos de mi generación que son claramente racistas”. “Todo el país vive una tensión constante y todo el mundo parece necesitar alguien contra quien enfadarse”, concluye.
A unos kilómetros de la Universidad de Pretoria, el debate sobre la discriminación adquiere otra perspectiva. En pleno centro de Pretoria, al menos 70 personas esperan su turno frente a una oficina donde se tramitan ayudas sociales. Se cuentan cuatro personas blancas. Flora Zitha, una de las mujeres que hacen fila, mira a su alrededor: ¿Cuántos blancos hay haciendo esta cola?”, pregunta. La mayoría somos negros”, se responde.
Treinta años después del fin del apartheid, los blancos siguen disfrutando, de media, de mayores ingresos, menor desempleo y un patrimonio muy superior al de la mayoría negra: según el World Inequality Lab, la riqueza media de la población negra equivale al 6% de la de la población blanca. Pero las tres mujeres tampoco creen que las políticas de acción afirmativa hayan resuelto esa desigualdad. Para ellas, el principal filtro no es el color de la piel, sino las redes de influencia. “Depende de a quién conozcas”, responde Zitha cuando se le pregunta por las políticas de acción afirmativa. “Si tienes contactos en puestos altos, ellos te ayudan. Pero si no, da igual que seas negro”.
Kelly Mthunzi coincide: “Necesitas conocer a gente importante”. Esta última sostiene, incluso, que los blancos tienen más facilidad para encontrar empleo. “Muchos de mis primos están en casa con títulos universitarios y no encuentran trabajo. Sin embargo, si llega una persona blanca, enseguida consigue uno”. Según los datos del Gobierno sudafricano, la tasa de desempleo entre la población blanca ronda el 8%, frente a cerca del 38% entre la población negra.
Al caer la tarde, las pantallas de la sala de control de Kleinfontein siguen mostrando la misma sucesión de escenas anodinas: un coche que regresa a casa, un vecino que hace ejercicio en la calle, unos niños que juegan con un bate de béisbol. Fuera del recinto, la vida continúa igual que en cualquier otra urbanización de las afueras de Pretoria. Dentro, nadie deja de mirar las pantallas.
Internacional en EL PAÍS
