La situación política en España obliga a que en un tema tan trascendental como es el problema de la vivienda, primero deban llegar a un acuerdo los dos partidos que forman el Gobierno, PSOE y Sumar, y después traten de llegar a un pacto con el resto de partidos que sostienen la gobernabilidad. La Moncloa quiere irse de vacaciones trasladando acción de Gobierno e iniciativa en un contexto dominado por las investigaciones judiciales que cercan a los socialistas. Y en ese plan, el último Consejo de Ministros del curso, el próximo martes, aprobará un nuevo decreto sobre Vivienda que, otra vez, supondrá un nuevo paquete en esa materia. Y van… El primer paso ha sido que PSOE y Sumar lleguen a un pacto en el seno de la coalición que, entre otras medidas, incluye una prórroga reforzada de los contratos de alquiler hasta julio de 2028.
El texto, que se aprobará el próximo martes en el último Consejo de Ministros del curso, beneficiará a casi cuatro millones de personas y contempla también subir el IVA de los pisos turísticos hasta el 21%
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La situación política en España obliga a que en un tema tan trascendental como es el problema de la vivienda, primero deban llegar a un acuerdo los dos partidos que forman el Gobierno, PSOE y Sumar, y después traten de llegar a un pacto con el resto de partidos que sostienen la gobernabilidad. La Moncloa quiere irse de vacaciones trasladando acción de Gobierno e iniciativa en un contexto dominado por las investigaciones judiciales que cercan a los socialistas. Y en ese plan, el último Consejo de Ministros del curso, el próximo martes, aprobará un nuevo decreto sobre Vivienda que, otra vez, supondrá un nuevo paquete en esa materia. Y van… El primer paso ha sido que PSOE y Sumar lleguen a un pacto en el seno de la coalición que, entre otras medidas, incluye una prórroga reforzada de los contratos de alquiler hasta julio de 2028.
El Real Decreto Ley lleva semanas negociándose a nivel interno en el Gobierno, pues las posiciones y ambiciones de cada socio diferían. El último sondeo del CIS, correspondiente al mes de julio, volvió a constatar que la Vivienda es el principal problema de España: así lo consideran un 43%, de los españoles, tres puntos más que el mes anterior. En este marco, PSOE y Sumar han pactado una nueva prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos de alquiler, según apuntaron fuentes de la formación magenta y confirmaron a este diario desde el Ministerio de Vivienda.
Según lo pactado y que contendrá el texto, esta prórroga podrán solicitarla aquellos inquilinos cuyos contratos vencen hasta el 30 de junio de 2028, lo que, según datos de Sumar, amplía en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias de esta medida. En total (desde el 21 de marzo del 2026 hasta el 30 de junio del 2028) podrán beneficiarse de la prórroga casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares.
El texto que se está ultimando y que se aprobará en el Consejo de Ministro del próximo martes (tras el que Pedro Sánchez hará balance del curso) se estructurará en dos partes. Una primera que, según fuentes de Vivienda, contendrá medidas para tratar de bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler. Incluirá, entre otras iniciativas, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler.
Y un segundo paquete enfocado a buscar la movilización de vivienda asequible. Las medidas girarán en torno al incremento del IVA para los pisos turísticos hasta el 21% y un endurecimiento del régimen sancionador sobre su publicidad en plataformas, así como medidas de agilidad administrativa.
Desde Sumar señalan que, a propuesta suya, el decreto prevé incluir una propuesta a negociar con los grupos parlamentarios sobre medidas para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar los desahucios y de que ninguna quede sin alternativa habitacional. Porque ahí está la clave. El texto, una vez lo apruebe el Gobierno y lo envíe al Congreso para su convalidación debe ser aprobado por una mayoría.
Junts ya ha mostrado en ocasiones anteriores su rechazo a los paquetes de vivienda planteados por la coalición; y el PNV ha mostrado sus dudas. Estas dos formaciones priorizan medidas a favor de los inquilinos y pequeños propietarios y son reacios a una intervención en el mercado de la propiedad privada.
De hecho, desde Junts ya han puesto en cuarentena su apoyo. «Un decreto que mezcle medidas como dar cobertura a la ocupación ilegal o abrir la puerta a los fondos buitre a costa de la desaparición del pequeño propietario no contará con los votos de Junts», señalaron desde la formación independentista. «Son precisamente las medidas que, hasta ahora, han contribuido a encarecer los precios y reducir la oferta, perjudicando a los más vulnerables». Desde esta formación censuran que el Gobierno aplica «sin método ni rigor políticas intervencionistas y que no respetan las competencias de Cataluña en esta materia».
Piden medidas como la desgravación fiscal del alquiler para los inquilinos; desgravación de una parte de la cuota hipotecaria para los pequeños propietarios; recuperación de las cuentas vivienda para facilitar el ahorro de los jóvenes para la primera compra. «El Gobierno español ya lo sabe: si mantiene las medidas que perpetúan las ocupaciones y no protegen ni al inquilino ni al pequeño propietario, y no incorpora las propuestas de Junts, no tendrá nuestro apoyo».
«La prioridad del Ministerio de Vivienda es lograr un acuerdo para que el decreto que se apruebe en el Consejo de Ministros se pueda convalidar en el Congreso», señalan fuentes de este departamento. «El texto incluirá propuestas apoyadas por las distintas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura, con el objetivo de que todos los grupos se sientan representados». De momento, desde Podemos ya exigen al Ejecutivo que elimine la reforma de la Ley del Suelo para sentarse a negociar este paquete. Para los morados, según trasladan desde su cúpula, es «una línea roja» y la eliminación de los artículos que afectan a la Ley del Suelo es una «condición ineludible» para poder hablar.
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