Trabajar durante más años aumenta el riesgo de morir antes. Es la contundente conclusión de un informe que analiza el impacto sobre la mortalidad prematura de la reforma de las pensiones que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2011 y que elevó paulatinamente la edad de jubilación hasta los 67 años.
Un estudio sobre el impacto de las medidas de 2011 concluye que la ampliación forzosa de la vida laboral incrementa la mortalidad prematura
Trabajar durante más años aumenta el riesgo de morir antes. Es la contundente conclusión de un informe que analiza el impacto sobre la mortalidad prematura de la reforma de las pensiones que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2011 y que elevó paulatinamente la edad de jubilación hasta los 67 años.
El despliegue completo de las medidas introducidas hace tres lustros se producirá en 2027. Es decir, en apenas seis meses entrará en vigor la nueva edad legal de jubilación a los 67 años para quienes no acrediten los 38,5 años cotizados, manteniéndose a los 65 para los trabajadores con carreras de cotización superiores.
El año que viene aterrizará en el sistema de las pensiones públicas la generación de 1962, que es la que cumple 65 años en 2027 y, por tanto, será la primera que encaje el impacto total de la reforma. Y el primer estudio que analiza los efectos de la ampliación de las carreras laborales sobre la salud concluye que jubilarse más tarde aumenta la mortalidad prematura (entre los 60 y los 67 años) hasta en un 1,6%.
El informe publicado por Fedea lo ha elaborado Sergi Jiménez-Martín (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona School of Economics y Fedea) a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) y apunta a un efecto «estadísticamente significativo para los hombres», ya que esos 1,6 puntos porcentuales prácticamente doblan el impacto entre las mujeres.
Ante esta evidencia, el autor afirma que «obligar a prolongar la vida laboral tiene un coste en salud que recae desproporcionadamente sobre los trabajadores de ocupaciones físicamente exigentes«, como la construcción, la industria o la minería.
El estudio distingue entre los trabajadores con carreras largas, que conservan la jubilación a los 65 y que el autor denomina «grupo de control», y los trabajadores que no alcanzan el umbral de años cotizados, que afrontan una edad legal de jubilación creciente y que son los más afectados por la reforma, especialmente las mujeres, que tienen carreras de cotización más cortas e interrumpidas.
Según su análisis, los trabajadores afectados retrasan en promedio su jubilación efectiva en 8,1 meses respecto al grupo de control. Además, la probabilidad de jubilarse después de los 65 años aumenta en 26,7 puntos porcentuales, mientras que la jubilación exactamente a los 65 cae 10,3 puntos y la jubilación anticipada se reduce 17,7 puntos.
El informe sostiene que el impacto total de la reforma -tanto el retraso de la jubilación como sus costes en salud- será sustancialmente mayor de lo que aquí expone porque su análisis se restringe a las cohortes nacidas entre 1948 y 1957, las únicas que ya han cumplido 67 años dentro del período de observación (hasta 2024). Estas cohortes solo han experimentado una parte del calendario de transición. De hecho, la de 1957, que es la más expuesta de las evaluadas, afronta un retraso de la edad legal de 14 meses, apenas algo más de la mitad del aumento total de dos años previsto.
Con todo, los efectos son ya visibles y de gran magnitud. El aumento progresivo de la edad de jubilación y la consecuente ampliación forzosa de la vida laboral está agravando la brecha de género en pensiones e implicando un elevado coste en salud que recae desproporcionadamente sobre los trabajadores de ocupaciones físicamente exigentes.
Ante estas consecuencias, el autor sugiere «explorar diseños alternativos -ajustes por densidad de cotización o vías específicas por ocupación- que eleven la edad efectiva de jubilación de forma más equitativa«.Pero no está en los planes del Gobierno acometer una reforma de ese tipo en estos momentos.
Lo que hizo la última reforma diseñada por el exministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, fue precisamente endurecer las penalizaciones a la jubilación anticipada y mejorar los incentivos a la demorada, de manera que la edad efectiva de jubilación se ha ido ampliando hasta un récord de 65,5 años.
La legislación ya permite a algunos sectores jubilarse antes, como la minería, personal de vuelo, trabajadores del mar, cuerpos policiales y de bomberos y, recientemente, los bomberos forestales. Pero no fue hasta 2025 cuando el departamento que ahora dirige Elma Saiz aprobó un nuevo procedimiento que facilita el acceso a la jubilación anticipada para trabajadores que desempeñan actividades excepcionalmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres.
Es decir, el Gobierno reconoce que, cuando una actividad presenta un exceso de mortalidad o de deterioro de la salud, puede justificarse una excepción al retraso general de la edad de jubilación. Pero esa reforma no amplió automáticamente el derecho a nuevos colectivos, sino que creó un mecanismo para reconocerlos mediante coeficientes reductores de la edad de jubilación. Y en pleno proceso de solicitud están ahora colectivos como los taxistas, las camareras de piso y los trabajadores del transporte o la construcción.
Hasta ahora, organismos como la AIReF habían analizado la reforma de las pensiones por su impacto sobre el gasto, la sostenibilidad del sistema y el retraso de la edad efectiva de jubilación. Pero el estudio de Fedea incorpora por primera vez otra variable apenas presente en el debate público: si trabajar más años puede tener consecuencias sobre la mortalidad de los trabajadores.
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