La semana pasada, la Asamblea Nacional francesa aprobó la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 15 años. Hasta ahora, existían edades mínimas de acceso a las plataformas, pero, como sabe cualquier persona joven, eran puertas al campo que cualquiera podía saltar. Bastaba con autodeclarar tu edad. La ley francesa, como la española, que sigue pendiente de tramitación en el Congreso, obliga a las plataformas a implementar sistemas de verificación de edad que condicionen el acceso. Este cambio abre muchas preguntas sobre privacidad, sobre quién custodia esos datos de identidad, y sobre si realmente se está mitigando los riesgos que suponen las plataformas para nuestra salud mental, cognitiva y democrática.
Las redes sociales reflejan las dinámicas de fragmentación que atraviesan las relaciones internacionales
La semana pasada, la Asamblea Nacional francesa aprobó la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 15 años. Hasta ahora, existían edades mínimas de acceso a las plataformas, pero, como sabe cualquier persona joven, eran puertas al campo que cualquiera podía saltar. Bastaba con autodeclarar tu edad. La ley francesa, como la española, que sigue pendiente de tramitación en el Congreso, obliga a las plataformas a implementar sistemas de verificación de edad que condicionen el acceso. Este cambio abre muchas preguntas sobre privacidad, sobre quién custodia esos datos de identidad, y sobre si realmente se está mitigando los riesgos que suponen las plataformas para nuestra salud mental, cognitiva y democrática.
Las redes sociales son, por naturaleza, globales. Hay muchos jóvenes que se sienten más cercanos a otros jóvenes de países distintos que a los adultos de su propio país. Esto ocurre porque comparten memes y otras referencias culturales, precisamente porque los algoritmos priorizan ese contenido de carácter viral. Cualquier medida que module el acceso de los menores a estos espacios debe tener en cuenta, inevitablemente, varios aspectos geopolíticos. Cuando el presidente Sánchez, el pasado mes de febrero, presentaba en Dubái la propuesta española de restringir el acceso de menores a redes sociales, lo hacía calificándolas de “salvaje oeste”.
Las redes sociales (e internet en general) son el salvaje oeste porque el mundo es el salvaje oeste. Reflejan las dinámicas de fragmentación que atraviesan las relaciones internacionales: la instrumentalización de las cadenas de suministro, la erosión del derecho internacional, la desconfianza entre las dos orillas del Atlántico, la peligrosa cercanía entre la Casa Blanca y Silicon Valley, la batalla sistémica entre Estados Unidos y China. Lo raro sería que internet fuera un oasis de paz y colaboración.
Hay que ampliar la mirada para dejar de pensar en redes sociales y empezar a pensar en plataformas digitales. La vida de un adolescente en internet no se limita a Instagram, TikTok o Snapchat. Por ejemplo Roblox, pensado como videojuego en línea, ha sido escenario de protestas propalestinas organizadas por menores que no podían salir a la calle. Discord, un chat para comunidades de videojuegos, sirvió en Nepal en 2025 para que 150.000 personas debatieran el futuro del país tras un bloqueo total de redes, hasta el punto de elegir ahí a una primera ministra interina.
Que existan estas herramientas es una excelente noticia, ya que permiten que la juventud se socialice como ciudadanía global. Sin embargo, su enorme potencial para articular el poder político juvenil contrasta con el hecho de que su arquitectura no fue concebida con los valores democráticos en mente, sino para maximizar la atención, lo que puede traducirse en polarización, frustración e individualización. Por lo tanto, la regulación más interesante es la que es capaz de corregir esas fallas de arquitectura, o, mejor aún, la que empuja al usuario hacia plataformas mejor diseñadas.
Otro elemento geopolítico a tener en cuenta es el riesgo de evasión regulatoria mediante VPN. Una VPN, o red privada virtual, es una herramienta que redirige el tráfico de internet a través de servidores en otros países, de forma que puedes acceder al internet argentino, por ejemplo, desde tu casa en España. Cuando Australia prohibió el acceso a menores de 16 años, las descargas de la VPN Windscribe subieron un 400% en las 24 horas siguientes al anuncio. En China, y otros ecosistemas digitales muy controlados, también llevan tiempo muy familiarizados con las VPNs. Las autoridades de seguridad nacional se deben estar tirando de los pelos, porque su uso hace que el menor siga accediendo a la plataforma en cuestión, pero saliendo del perímetro legal donde existen garantías como la Ley de Servicios Digitales europea, y entrando en un ecosistema mucho menos regulado. Un estudio del Parlamento Europeo muestra que los entornos digitales menos regulados son más vulnerables a operaciones de manipulación informativa extranjera, y actores como Rusia llevan tiempo integrando estas dinámicas en lo que se conoce como guerra cognitiva.
El tercero es que este tipo de movimientos regulatorios han de ser esfuerzos conjuntos, y no fragmentados. Mientras haya países en los que sea posible acceder sin restricción a la misma plataforma que otro país acaba de prohibir, la medida pierde buena parte de su sentido. La Comisión ha dejado claro que cada Estado miembro conserva la competencia para fijar la edad mínima, pero no puede imponer a las grandes plataformas obligaciones que se salgan del marco que ya establece la Ley de Servicios Digitales. Ursula Von der Leyen ya señaló en un discurso en Copenhague su interés por avanzar hacia una mayoría de edad digital armonizada a escala europea. Es probable que se encuentre con la resistencia de dos potencias europeas como Alemania e Italia, que dificultarán su implementación. En lo digital, como en lo militar, empezamos a ver la emergencia de coaliciones de la voluntad, grupos pequeños de países que avanzan sin esperar el consenso de todos los Estados miembros para evitar este tipo de vetos. Podría ser un modelo a seguir en este caso, con España y Francia apoyándose en Dinamarca, Grecia, Austria y Portugal, y otros países de fuera de la UE.
Estas reflexiones no significan que no haya que regular. Al contrario. Las plataformas se han convertido en actores geopolíticos con más poder que muchos Estados, y por eso cualquier movimiento regulatorio tiene que ser consensuado entre países, teniendo siempre presente el carácter global de los espacios digitales.
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