En Sudureyri, una remota localidad de 270 habitantes encajada entre montañas volcánicas y el mar en el noroeste de Islandia, casi todo depende de la pesca. Óskar Magnússon, un hombre corpulento entrado en la cincuentena, trabaja en una planta de procesamiento de bacalao y abadejo. No tiene dudas sobre lo que votará en el referéndum del sábado, cuando los islandeses decidirán si su país debe reanudar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. “Aquí estamos prácticamente todos en contra, aunque la mayoría prefiere no pronunciarse. El voto es secreto”, sostiene. “No tenemos por qué compartir nuestros caladeros con nadie”, argumenta sobre uno de los asuntos clave de la campaña.
Los islandeses decidirán este sábado en un referéndum si reabren las negociaciones para ingresar en el bloque comunitario, en una consulta marcada por el temor a perder la gestión de sus caladeros
En Sudureyri, una remota localidad de 270 habitantes encajada entre montañas volcánicas y el mar en el noroeste de Islandia, casi todo depende de la pesca. Óskar Magnússon, un hombre corpulento entrado en la cincuentena, trabaja en una planta de procesamiento de bacalao y abadejo. No tiene dudas sobre lo que votará en el referéndum del sábado, cuando los islandeses decidirán si su país debe reanudar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. “Aquí estamos prácticamente todos en contra, aunque la mayoría prefiere no pronunciarse. El voto es secreto”, sostiene. “No tenemos por qué compartir nuestros caladeros con nadie”, argumenta sobre uno de los asuntos clave de la campaña.
El rechazo a la UE, sin embargo, ni siquiera es unánime entre quienes viven directamente de la pesca. “Yo voy a votar que sí. Al menos para saber a qué tipo de acuerdo llegamos, y luego ya veremos”, apunta Einar Gíslason, de 58 años y propietario de un pequeño barco. Se muestra muy crítico con el sistema islandés de reparto de los derechos de pesca, que, a su juicio, beneficia a unas cuantas familias millonarias y dificulta la supervivencia de quienes faenan por su cuenta. “Para que se enriquezcan aún más los ‘reyes de las cuotas’ en Islandia, casi prefiero que lo hagan empresarios españoles o franceses”, ironiza en medio de una fuerte lluvia, con una sensación térmica por debajo de los cero grados.
Los islandeses no decidirán todavía si quieren entrar en la UE, sino si autorizan al Gobierno a negociar los términos de una posible adhesión. La integración supondría el primer ingreso desde el trauma del Brexit. Las encuestas predicen un resultado muy ajustado, con una ligerísima ventaja para el sí. Cualquier acuerdo tendría que someterse después a un segundo referéndum. Islandia ya ha pasado por esta situación: solicitó el ingreso en la UE en 2009, tras el colapso financiero mundial, y pasó cuatro años en la mesa de negociación antes de que las conversaciones fueran suspendidas por un Gobierno euroescéptico. La cuestión reapareció bajo el mandato de Kristrún Frostadóttir, la primera ministra socialdemócrata que llegó al poder en 2024.
La campaña gira en buena medida en torno al gran escollo que frustró el proceso anterior: el control de los recursos pesqueros, uno de los pilares de la economía y la identidad nacionales. Reikiavik aspira a conservar la plena autoridad sobre los caladeros y confía en que la singular dependencia del país permita negociar un régimen propio dentro de la política pesquera común.
Ninguna región del país ejemplifica mejor esa dependencia que Vestfirdir (Fiordos del Oeste), cuyas localidades han vivido durante siglos de algunos de los caladeros más productivos de Islandia. Aun así, el temor a un futuro ingreso en la UE convive allí con otra realidad incómoda: la plena privatización y la libre transferencia de las cuotas, implantadas en Islandia hace más de tres décadas, favorecieron la concentración de la actividad en unas pocas compañías que operan desde otras zonas del país. Hace un siglo, la región concentraba casi el 15% de la población islandesa; hoy, sus 7.300 habitantes representan apenas el 1,8%.
“Dicen que Europa nos va a matar, pero fuimos nosotros mismos quienes destruimos estas comunidades”, sostiene Matthias Kokorsch, investigador del Centro Universitario de los Fiordos del Oeste, en Isafjordur, la principal localidad de la región, rodeada por imponentes y escarpadas montañas que comienzan a teñirse de blanco tras un verano más frío y corto de lo habitual. Kokorsch reconoce que Islandia necesitaba actuar en los años ochenta ante la sobreexplotación de sus caladeros, pero distingue entre limitar las capturas y permitir que las cuotas puedan venderse, arrendarse y especular con ellas. Asimismo, vincula el predominio de las advertencias contra la UE con la estrecha relación que, según él, mantienen la industria pesquera, el Partido de la Independencia —principal fuerza política contraria a la adhesión— y Morgunbladid, el único diario islandés que conserva una edición impresa. “La campaña está siendo muy sucia, se están difundiendo afirmaciones falsas”, subraya el experto, quien estima que entre el 70% y el 80% de la población de Fiordos del Oeste acabará votando en contra de reanudar las negociaciones.
“La pesca convirtió a Islandia, que era uno de los países más pobres de Europa, en uno muy rico”, recuerda Kokorsch. Aunque ha perdido peso en las últimas décadas frente al turismo y otras actividades como la producción de aluminio, mantiene una enorme importancia económica: representa el 40% de las exportaciones islandesas y en torno al 7% del PIB. La captura emplea directamente al 1,6% de los trabajadores islandeses, frente al 0,5% de Croacia, el Estado miembro con la proporción más elevada. Si se incluye el procesamiento del pescado, el sector representa cerca del 4% del empleo. Una encuesta reciente de Gallup refleja que el 91% de las empresas pesqueras islandesas rechaza la adhesión a la UE.
El rechazo del sector cuenta con el respaldo de Gunnar Bragi Sveinsson, exministro de Pesca y de Exteriores. En 2015 fue él quien comunicó a Bruselas que Islandia no pretendía reanudar las negociaciones y dejaba de considerarse candidata. Ahora sostiene que el principal peligro no es solo perder capacidad de decisión sobre las capturas, sino tener que permitir la entrada de capital extranjero en las empresas del ramo. En una tribuna titulada Los españoles quieren la industria pesquera islandesa, publicada esta semana, asegura que España ya dejó claro en 2009 que no aceptaría una excepción permanente a la libertad de inversión. “La UE no es una tienda en la que se puedan escoger los mejores productos de las estanterías. Podríamos conseguir exenciones temporales y periodos transitorios, pero nada más”, recalca por correo electrónico.
El Gobierno rechaza que el resultado de las conversaciones esté decidido de antemano. La ministra de Exteriores, Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir, ha sostenido durante la campaña que la singular dependencia del país permitirá alcanzar un acuerdo que preserve la gestión de los caladeros, el reparto de las capturas y las restricciones a la propiedad extranjera. “Podemos eliminar la incertidumbre votando sí y obteniendo respuestas a todas estas preguntas”, ha afirmado.
La volatilidad de la corona islandesa, la elevada inflación y unos tipos de interés que alcanzan el 8% centran buena parte de los argumentos económicos de quienes defienden el acercamiento a la UE. También invocan la creciente vulnerabilidad de un país de apenas 400.000 habitantes ante las tensiones en el Ártico y las amenazas de Donald Trump contra la vecina Groenlandia. Una eventual adhesión, añaden, permitiría explorar nuevas vías de financiación para carreteras, túneles y servicios públicos de regiones aisladas como Fiordos del Oeste (cuya densidad de población es 10 veces menor que la de la provincia de Soria), y reforzar la respuesta frente a aludes, erupciones volcánicas y otras catástrofes naturales.
En Sudavik, un pueblo de 175 habitantes a 20 kilómetros de Isafjordur, nadie olvida la avalancha que en 1995 mató a 14 vecinos. Entre las víctimas estaban los abuelos de Jónthor Eiríksson, que entonces era un niño. Hoy trabaja como pescador autónomo y regenta un bar y un pequeño hostal que abrió el año pasado.
Eiríksson empezó a pescar a los 16 años. “Me fascinó desde el primer momento, también el hecho de ser, en cierto modo, mi propio jefe”. Pero sostiene que para los jóvenes resulta hoy casi imposible seguir ese camino. Un buen barco puede costar 20 millones de coronas islandesas (unos 142.000 euros), y, según denuncia, las empresas que controlan la pesca en Islandia presionan a los bancos para que no financien a los pescadores que quieren trabajar por cuenta propia. “Son como un pulpo: tienen las cuotas pesqueras, los barcos, supermercados, gasolineras, empresas de transporte…”.
También asegura que algunos empleados de las grandes compañías son partidarios de negociar con la UE, aunque no se atrevan a reconocerlo públicamente por miedo a perder su trabajo. Él no oculta su posición. A diferencia de la mayoría de sus vecinos, el sábado votará sí. No porque haya decidido que Islandia deba entrar en la UE, sino porque se niega a rechazar un acuerdo antes de conocerlo. “Quiero leerlo por mí mismo y tomar mi propia decisión”, afirma. “Podemos negociar y, si no nos gusta el resultado, decir que no”.
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