Movilización y lucha. Es lo que prometen los sindicatos de clase. ¿Y huelga general? No la descartan. CCOO y UGT están valorando todas las posibilidades para mantener el pulso en la calle en defensa de la vivienda, después de que el Congreso de los Diputados tumbara ayer los decretos Maricarmen y a la espera de que se despeje el eventual escenario electoral. Eso sí, lo están haciendo con precisión quirúrgica. Una convocatoria de ese calibre no solo supone un paso muy delicado para las organizaciones sindicales a nivel político, sino que requiere de un encaje jurídico fino. La patronal ya ha advertido de que estará vigilante, por eso Unai Sordo y Pepe Álvarez están midiendo cada movimiento.
CCOO y UGT debaten el alcance de las movilizaciones por la vivienda mientras la CEOE avisa de que vigilará su legalidad
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Movilización y lucha. Es lo que prometen los sindicatos de clase. ¿Y huelga general? No la descartan. CCOO y UGT están valorando todas las posibilidades para mantener el pulso en la calle en defensa de la vivienda, después de que el Congreso de los Diputados tumbara ayer los decretos Maricarmen y a la espera de que se despeje el eventual escenario electoral. Eso sí, lo están haciendo con precisión quirúrgica. Una convocatoria de ese calibre no solo supone un paso muy delicado para las organizaciones sindicales a nivel político, sino que requiere de un encaje jurídico fino. La patronal ya ha advertido de que estará vigilante, por eso Unai Sordo y Pepe Álvarez están midiendo cada movimiento.
El Sindicato de Inquilinas, que en ocho días ha conseguido movilizar más a los políticos por la vivienda que en ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, está presionando a Comisiones Obreras y a la Unión General de Trabajadores para que convoquen una huelga general a nivel nacional. Lo hacen porque, aunque en la legislación española no existe un botón que solo puedan pulsar Sordo y Álvarez, en la práctica son las grandes confederaciones sindicales las que tienen el poder y la capacidad organizativa para hacer una convocatoria de ese alcance. La presión arrancó a mediados de semana y se intensificó el viernes tras decaer los decretos.
Sordo y Álvarez recogieron el guante, pero con reservas. En declaraciones a la prensa, ambos se comprometieron a mantener la «lucha» y la «movilización» por la vivienda, teniendo en cuenta la «respuesta en la calle» que se palpará este fin de semana en las protestas convocadas por toda España. Anunciaron que ambos sindicatos van a valorar sus opciones de manera conjunta, así como con otras organizaciones sindicales y movimientos ciudadanos, y que en los próximos días concretarían sus acciones ante la opinión pública, previa consulta a sus órganos de dirección.
No obstante, preguntados directamente por la posiblidad de convocar una huelga general, el líder de UGT diluyó sensiblemente esa vía de protesta: «Las huelgas es fácil anunciarlas y registrarlas, pero es un poco más complejo hacerlas», sentenció. Pero no cerró del todo la puerta. Como tampoco lo hizo Sordo. Los líderes sindicales son conscientes de la relevancia política de una convocatoria de estas características. Y también lo son de que las huelgas están estrictamente reguladas y cualquier movilización que no se ajuste a los requisitos tasados será considerada ilegal.
El Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo establece que una huelga es ilegal «cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados». Y esto es lo que está generando dudas dentro de los sindicatos. «Las huelgas políticas están prohibidas», reitera en conversación con este medio un dirigente sindical que aun así avanza que «se están valorando todo tipo de medidas», entre ellas «una huelga general de 24 horas por la vivienda».
La situación es grave, pero en CCOO y UGT conocen bien la ley. «Hay que buscar el encaje laboral para evitar que sea ilegal», apunta otro sindicalista. El propio Sordo habló ayer de «promover jornadas de movilización y de lucha que tienen que tener una dimensión laboral». ¿Y esto cómo se articula? «Vinculando las protestas a los salarios, al hecho de que los sueldos no dan para costear la vivienda», apuntan las fuentes consultadas en los sindicatos. «Se puede relacionar con el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que mantiene bloqueado la patronal», sugieren.
Desde la CEOE ya avisan de que estarán vigilantes. Preguntado al respecto de la posibilidad de que CCOO y UGT convoquen una huelga general, su recién reelegido presidente, Antonio Garamendi, lanzó una advertencia: «Las huelgas se hacen como consecuencia de un conflicto laboral y esto no lo es». «Tendremos que ver si realmente encaja con la legalidad o no», avisó a los sindicatos.
La última huelga general en España la convocaron los sindicatos mayoritarios en 2012 contra el Gobierno de Mariano Rajoy, sus políticas de austeridad y su reforma laboral. Ahora, 14 años después, el fantasma de la huelga vuelve a sobrevolar en el horizonte. La situación económica es mucho mejor que la que había entonces, pero el escenario político es sensiblemente más complejo. De hecho, en los sindicatos dudan incluso de algo básico: «¿Va a seguir este Gobierno?»; «¿A quién le convocamos la huelga si hay elecciones?»; «¿Y si gobierna el PP, no le damos 100 días de gracia?»; son algunas de las preguntas que se hacen en estos momentos.
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