Los silos de Prefabricats Pujol se levantan a las afueras de Les Borges Blanques, en una comarca de olivares de la Lleida rural, donde la empresa, nacida en 1942, es el primer empleador. En 2005, la familia fundadora tomó una decisión radical: montar su propia molienda de cemento. «Estábamos en manos de unos pocos proveedores que tenían un control muy rígido del mercado», recuerda su director general, Jordi Pujol Torrent. Hoy el grupo produce 400.000 toneladas anuales. Pero la combinación de dos normas medioambientales europeas ha despertado fantasmas de hace 20 años: «Ahora el miedo es que vuelva el oligopolio».
Los fabricantes independientes frenan inversiones atrapadas entre el nuevo arancel ‘verde’ y los derechos de CO2 gratuitos que han beneficiado a los grupos integrados. Temen volver al oligopolio que rompieron hace 30 años
Los silos de Prefabricats Pujol se levantan a las afueras de Les Borges Blanques, en una comarca de olivares de la Lleida rural, donde la empresa, nacida en 1942, es el primer empleador. En 2005, la familia fundadora tomó una decisión radical: montar su propia molienda de cemento. «Estábamos en manos de unos pocos proveedores que tenían un control muy rígido del mercado», recuerda su director general, Jordi Pujol Torrent. Hoy el grupo produce 400.000 toneladas anuales. Pero la combinación de dos normas medioambientales europeas ha despertado fantasmas de hace 20 años: «Ahora el miedo es que vuelva el oligopolio».
La amenaza no viene esta vez del pinchazo de una burbuja inmobiliaria ni de una guerra comercial, sino de la propia regulación comunitaria. Este año, el sector ha quedado atrapado en una pinza: el Comercio de Derechos de Emisión (EU ETS) y el nuevo Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), una suerte de arancel verde a la importación.
Las grandes fábricas integradas, que tienen horno y producen clínker -la materia prima básica del cemento y el paso que concentra casi todo el CO2 del proceso-, llevan recibiendo desde 2005 permisos gratuitos de emisión para evitar su deslocalización. Las moliendas independientes, en cambio, traen ese material del norte de África, Turquía o Asia. Con un primer pago en septiembre de 2027 y carácter retroactivo, el CBAM grava esas importaciones. Las independientes se llevan la peor parte: o pagan el arancel o compran la materia prima a los mismos gigantes integrados con los que compiten.
Sobre el papel, Bruselas estimó que ambas normas convergerían en un punto de equilibrio, en 2034, porque, progresivamente, las asignaciones de derechos gratuitos menguan mientras el arancel en frontera crece. Pero en la práctica, denuncian los fabricantes independientes, esa convergencia podría no llegar, al menos no a tiempo, porque no todos arrancan esta contrarreloj desde la misma línea de salida. «Cuando combinas las dos normas, la simetría teórica desaparece», advierte Rosa Martínez Solís, directora de ASEINCE, la asociación que agrupa a las cementeras sin horno. Sus siete socios suman en torno al 15% del mercado, más de 400 millones de facturación y entre 400 y 450 empleos directos en Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía. La raíz del desequilibrio, explica, está en la naturaleza de cada instrumento.
El derecho de emisión es un activo financiero que puede revenderse y hasta acumularse. El CBAM, en cambio, se paga desde el primer día. ¿El resultado? Los grupos integrados abordan el cambio respaldados por esas fichas gratuitas que han recibido, atesorado y, a veces, vendido.
Martínez recuerda que la irrupción de las moliendas independientes abrió el mercado español y abarató los precios de un producto esencial, sobre todo, en el actual contexto de crisis de la vivienda. «El diseño regulatorio partía de una premisa, que todos salíamos de la misma casilla. Y no es cierto», lamenta.
Los datos lo respaldan. Según Carbon Market Watch, las cementeras españolas han recibido desde 2013 casi 31 millones de derechos más de los que necesitaban para cubrir sus emisiones, un colchón valorado en unos 2.400 millones a precios de mercado. Solo quedaron por debajo en 2021, y desde 2008 el excedente roza los 89 millones. Mientras el resto de la industria nacional acumula un déficit de asignaciones, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el cemento se aproxima al CBAM con viento de cola.
La brecha ya afecta a la economía real. En Riba-roja de Túria (Valencia), Cementos La Unión, empresa familiar que da empleo directo e indirecto a más de 400 personas y que aún se está recuperando de los destrozos de la dana, mantiene congelada una inversión de más de 30 millones, para levantar una nueva planta de cementos más sostenibles, con menos clínker. «Jugamos al mismo juego, pero ellos tienen más cartas», lamentan desde la compañía. Lo cierto es que la mayoría de moliendas independientes tienen proyectos en standby. Pujol, por ejemplo, ha aparcado inversiones por 28 millones en ampliaciones y plantas de autoconsumo.
Un experto europeo en mercados de carbono coincide en parte con el diagnóstico, aunque lo matiza: al principio, el reparto de derechos perjudicó a las independientes; entre 2019 y 2025, con el CO2 disparado, fueron ellas las favorecidas en buena parte de Europa, porque no pagaban. Desde 2026, sin embargo, las tornas vuelven a girar a favor de las integradas, por los valores por defecto del CBAM, que penalizan al importador, y por unas ayudas públicas a la descarbonización a las que las moliendas apenas tienen acceso.
Según datos de BBVA Research, el 95% de las emisiones anuales de la industria hard-to-abate en España (sectores cuyas emisiones son difíciles de eliminar, como el cemento, el acero o la química) ha estado cubierto por derechos gratuitos, lo que le ahorró casi 12.700 millones entre el 2016 y el 2024. Más contundente se muestra Sam Van den Plas, director de política de Carbon Market Watch: «Tomado en su conjunto, el sector del cemento español nunca ha tenido que pagar por una sola tonelada de contaminación por carbono desde 2008. Hoy, o bien conservan esos permisos excedentarios en sus cuentas, o bien se beneficiaron de venderlos en el pasado».
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