Existen tres pilares sobre los que se sostienen las pensiones en España. De ellos dos se tambalean y un tercero muestra grietas por toda la longitud de su cada vez más suntuosa silueta. El debate político, en plena precampaña electoral, condujo intencionadamente a la sostenibilidad de las pensiones al centro de la discusión y del intercambio de posiciones entre quienes dicen defender el sistema público frente a quienes reconocen que se necesita una revisión apresurada para garantizar el futuro de las pensiones tal y como se conocen ahora. Pero el vértigo existe. Es un miedo de altura propio de un país que parte de una de las tasas de reemplazo más altas de toda la OCDE y la mayor, con diferencia, de las cuatro grandes economías europeas. En España quien se jubile mañana cobrará una pensión que será equivalente a algo más del 80% del salario que tenía en octubre. Y esto no es tan habitual. Solo seis países desarrollados figuran por delante: Turquía, Holanda, Portugal, Grecia, Luxemburgo y Austria, según la OCDE, que lleva años denunciando la situación crítica de nuestro sistema de pensiones mirando todos los datos en su conjunto. Además, este ratio de cobertura hace que el ahorro adicional para complementar la paga pública no se vea como una necesidad entre las generaciones más próximas a la jubilación.
En el centro del debate de la precampaña política, la sostenibilidad del sistema está en entredicho con cinco millones más de pensionistas en 15 años y tras el fracaso de la reforma socialista de 2021
Existen tres pilares sobre los que se sostienen las pensiones en España. De ellos dos se tambalean y un tercero muestra grietas por toda la longitud de su cada vez más suntuosa silueta. El debate político, en plena precampaña electoral, condujo intencionadamente a la sostenibilidad de las pensiones al centro de la discusión y del intercambio de posiciones entre quienes dicen defender el sistema público frente a quienes reconocen que se necesita una revisión apresurada para garantizar el futuro de las pensiones tal y como se conocen ahora. Pero el vértigo existe. Es un miedo de altura propio de un país que parte de una de las tasas de reemplazo más altas de toda la OCDE y la mayor, con diferencia, de las cuatro grandes economías europeas. En España quien se jubile mañana cobrará una pensión que será equivalente a algo más del 80% del salario que tenía en octubre. Y esto no es tan habitual. Solo seis países desarrollados figuran por delante: Turquía, Holanda, Portugal, Grecia, Luxemburgo y Austria, según la OCDE, que lleva años denunciando la situación crítica de nuestro sistema de pensiones mirando todos los datos en su conjunto. Además, este ratio de cobertura hace que el ahorro adicional para complementar la paga pública no se vea como una necesidad entre las generaciones más próximas a la jubilación.
España es el segundo país de los 38 en el que más rápido aumentará la relación entre población en edad avanzada sobre la cifra de trabajadores hasta 2050 y de 2050 a 2075. Solo Corea del Sur está por delante y el tercer puesto es para Italia. Y eso que la inmigración juega a favor nuestra, con trabajadores jóvenes que cotizarán por muchos años y cubrirán parte del hueco de la falta de natalidad en España. Decir que es un tema difícil de explicar a la ciudadanía es una obviedad; pero instituciones internacionales tan relevantes como el FMI, la OCDE o la Comisión Europea se han encargado de abrir un melón que parece no pertenecer a nadie en España.
Con una población cada vez más envejecida las proyecciones elaboradas por la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) sitúan el gasto en pensiones en el equivalente a más del 16% de toda la economía española para el año 2050, esto es unos 3 puntos porcentuales por encima (50.000 millones de gasto anual más). En 2025 el Estado desembolsó cerca de 190.000 millones en pagar pensiones, un 6% más; y un 20% por encima en cinco años.
Y no son solo las pensiones. También es la cobertura sanitaria que requiere una población cada vez más envejecida. Según la Comisión Europea, que publicó en junio su análisis de país y recomendaciones, el dinero que destina el Estado a pagar pensiones, sanidad y cuidados a largo plazo se va a disparar de aquí a 2070, pasando del 24,4% del PIB nacional al 29%. El mayor impacto es el desembolso adicional que habrá que hacer para cubrir las pensiones públicas (de hasta 3 puntos más) en detrimento de la educación.
Ahora bien, plantear el asunto de las pensiones como un barco a la deriva tampoco es realista. El Gobierno sí ha jugado un papel los últimos años que ha impactado en distintos ámbitos. El entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que hoy es gobernador del Banco de España, impulsó desde 2021 una nueva nueva reforma con el objetivo de vincular las pensiones a la inflación, reforzar la ‘hucha de las pensiones’, crear fondos de empleo públicos y penalizar el ahorro privado a través de planes individuales.
La idea sobre el papel es que estos fondos vehicularan el ahorro de grandes colectivos de trabajadores y de autónomos y pymes, pero desde su entrada en vigor a finales de 2023 la realidad es que no han empezado a funcionar, a pesar de que las cinco gestoras suscritas a estos planes, Caser, Gestión de Previsión y Pensiones, Ibercaja, Santander y VidaCaixa, habrían cumplido con su parte. Cada una de ellas estaba llamada a crear tres fondos con distinto perfil de riesgo -haciendo un total de 15- y el objetivo era captar 500 millones por año y producto. Hoy la cuenta es inexistente y el motivo detrás es la inacción política: según apuntan las fuentes consultadas, no hay interés por parte del Ministerio (menos aún ahora en plena precampaña electoral) y no ha habido Presupuestos Generales los últimos tres años con lo que no se ha dotado ni con un solo euro a este proyecto.
Por otro lado, los planes de empleo vivieron un 2025 positivo después de conocer que uno de los sectores con más trabajadores del país, el de la construcción, incluyó el nuevo plan de empleo en la última actualización de su convenio colectivo. Así, a cierre del año pasado, este vehículo contaba con 3,3 millones de partícipes, equivalente al 15% de los trabajadores del país y la mitad si se compara con la media europea; y un patrimonio de más de 42.000 millones de euros, el 2,4% del PIB.
Pero Escrivá introdujo además otra modificación sobre la forma en la que se financia el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y gracias a ella logró sortear una situación crítica a principios de la década. Creó lo que se conoce como el MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) según el cual los trabajadores y empresas pagan ahora un extra adicional en las nóminas destinado a financiar la ‘hucha de las pensiones‘. El objetivo es cubrir posibles momentos de tensión los próximos años cuando las pensiones de los baby boomers toquen techo.
Lo cierto es que en los últimos cuatro años la famosa hucha ha pasado de resquebrajarse a superar los 15.000 millones de euros, poco en comparación con sus mejores años, pero siete veces más que el saldo que llegó a tener de 2019 a 2021, con poco más de 2.000 millones de euros. La evolución del Fondo de Reserva tocó su momento de esplendor en 2011 cuando llegó a los 66.815 millones de euros en un subida exponencial año a año desde comienzos de siglo, seguido de un desplome también constante de 2012 hasta la reforma de Escrivá. La duda es si los fondos actuales serán suficientes. Esta misma semana se conoció que España había superado los 10 millones de personas mayores de 65 años y la previsión es que sume otros 5 millones más hasta 2050. Poniéndolo en contexto, solo el mes pasado el gasto en pensiones del Estado fue de 14.539 millones de euros, de las cuales cerca de 10.700 millones son pensiones de jubilación. Esto implica que la hucha solo tendría dinero actualmente para pagar poco más de un mes de pensiones en nuestro país si fuera necesario.
La patronal que agrupa a las grandes gestoras de fondos del país, Inverco, viene denunciando la lenta muerte de los fondos de pensiones individuales después de la reforma que redujo de 8.000 euros a 2.000 euros la aportación máxima permitida en 2021 y un año después entraría en juego el siguiente tijeretazo hasta los 1.500 euros.
Solo el primer año en el que entró en vigor esta medida las aportaciones a los planes se desplomaron un 40%, lo que condujo a que la industria cerrara por primera vez en su historia con más salidas de dinero de las que entraban en la hucha privada de las pensiones. En los dos primeros años en los que se introdujo la limitación Inverco calculó que se pagaron 7.100 millones de euros más en prestaciones que el dinero que entró en estos productos. Y, desde entonces, la cifra no deja de aumentar, hasta rozar los 11.000 millones de euros en cinco años y cerca de 800.000 partícipes menos. Hoy en España hay 7,2 millones de personas con un fondo de pensiones y patrimonio conjunto que supera los 101.000 millones de euros. La propia CE asegura que esta medida contra el Pilar III «ha tenido un efecto limitador sobre el mercado de capitales y la confianza de los pequeños inversores» ya que redunda en la inseguridad jurídica de no saber a qué atenerse.
Quien es contrario a esta figura aduce que solo se utilizaban para desgravar impuestos a Hacienda, ya que la rentabilidad de estos productos deja que desear en una industria, grosso modo, controlada por la banca. Mirando las cifras los fondos de pensiones han generado una ganancia media el último cuarto de siglo del 3,5% anualmente. Si extrapoláramos este retorno a 25 años en adelante, esto quiere decir que quien aporte cada diciembre 1.500 euros a su plan de pensiones contaría en el año 2051 con un patrimonio cercano de los 62.000 euros, cuando sus aportaciones se habrían limitado a los 37.500 euros. Todo ello gracias a la rentabilidad de los mercados y a la teoría del interés compuesto. Ahora bien, ¿ha sido suficiente ese retorno desde el año 2001 hasta hoy? No, si se compara con el avance de la inflación, en el debate colectivo desde el estallido de la guerra en Ucrania, que ha subido un 80% en los últimos 25 años.
El patrimonio de lo que representan los fondos de pensiones sobre el PIB nacional es ligeramente superior al 8% y la previsión es que su aportación a la renta complementaria que reciban los jubilados sea cada vez menor teniendo en cuenta la tendencia de los últimos años tras la reforma. La CE espera que el porcentaje de reemplazo caiga en más de 5 puntos porcentuales de aquí a 2040 y con solo el 29% de los trabajadores implicados. Esto contrasta enormemente con los datos recogidos por la OCDE, donde los planes individuales agrupan un patrimonio equivalente al 57,6% del PIB de sus países. Islandia lidera este ranking con el 179%, seguido de Países Bajos o de Suiza con cerca del 150% de sus economías.
En los últimos años las reformas sobre el sistema de pensiones se han extendido por el resto de los países comunitarios. Francia lo hizo hace tres años. Alemania es el último ejemplo. El objetivo de la Unión Europea es conducir a los estados a crear sistemas complementarios que sirvan para amortiguar el impacto que tendrá una población mucho más envejecida según avancen los años. De ahí viene, precisamente, la elogiada ‘cuenta de inversión y ahorro Financia Europa’ que el Gobierno busca aprobar estas semanas y que vería la luz antes de finales de año, a priori. Nace ya con una idea distinta al planteamiento de los planes de pensiones privados sobre su fiscalidad y es que se tributará por las ganancias, a partir de 10.000 euros y no por las aportaciones, exentas de tributación. Supone premiar a quien mejor lo hace y fue una reclamación de la industria no bancaria que participó en las conversaciones con el Tesoro. El ciudadano dispondrá de hasta 150.000 euros para invertir, principalmente en Europa (el 70% del total) y por un periodo mínimo de cinco años con dos objetivos: financiar la independencia de Europa y crear un ahorro sostenible a largo plazo de cara a afrontar una jubilación casi eterna. Se dice que quien nace hoy vivirá hasta los 100 años.
Actualidad Económica. Noticias de Economía Nacional e Internacional
