Pepe Álvarez (UGT): «La CEOE ha coaccionado a mucha gente con sus acusaciones sobre la convocatoria de huelga ilegal»

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, defiende la convocatoria de huelga general frente a las acusaciones de oportunismo electoral, reclama un pacto de Estado por la vivienda y advierte de que con un Gobierno de PP y Vox la CEOE hará menos cesiones en la negociación colectiva, lo que podría elevar la conflictividad laboral. También cuestiona a los sindicatos que se han desmarcado de la protesta y asegura que no apoyarla es «un error monumental».

Van a la huelga a las puertas de las elecciones. ¿Le preocupa que se interprete como un intento de influir en la campaña?

Para nada. Llevamos mucho tiempo escuchando a trabajadores que no llegan a final de mes. Y cuando les explicas que su convenio ha subido más que el coste de la vida, encontramos un elemento que lo desbarata todo: la vivienda. Tenemos desde hace dos años una demanda ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para exigir que España cumpla la Carta Social Europea, que la vivienda sea accesible y que su coste no supere el 30% de los ingresos. Los sindicatos tenemos que participar en estas reivindicaciones junto a los movimientos sociales.

Pero usted ha reconocido que UGT quiere influir en el debate electoral.

Claro que queremos. ¿Cómo no vamos a querer participar en un debate que determinará qué tratamiento se dará a las pensiones, a las bajas laborales, a los permisos pendientes o al salario mínimo? Queremos que los partidos expliquen sus propuestas con claridad y transparencia. Después, la gente decidirá a quién vota.

¿Qué responsabilidad atribuye al Gobierno en la crisis de vivienda?

Si nos atenemos a las competencias, menos que a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pero tiene responsabilidades. España necesita un pacto de Estado. Los ayuntamientos deben aportar suelo y recursos urbanísticos; las comunidades, desarrollar un parque público; y el Gobierno central, legislar y poner dinero. Hay que agilizar los procedimientos urbanísticos y garantizar que la vivienda pública lo sea permanentemente. Y ninguna administración puede resolverlo por sí sola.

La CEOE amagó con recurrir la huelga por considerarla ilegal. ¿Por qué cree que dio marcha atrás?

Porque sabe que no es ilegal. Con sus acusaciones ha coaccionado a mucha gente. Dieron marcha atrás justo cuando teníamos prevista una demanda de tutela de la libertad sindical y del derecho de huelga ante la Audiencia Nacional. Aquí hay razones económicas y laborales que justifican plenamente la convocatoria.

¿Espera más seguimiento en las empresas o en las manifestaciones?

No me gustaría contraponerlo. Creo que habrá mucha movilización en las empresas y que la huelga ha generado unas expectativas de participación en la calle que no existirían sin esta convocatoria. Lo importante es que sea una jornada que marque un antes y un después.

La legislatura termina sin la reducción de jornada y con otras reformas pendientes. ¿Qué balance hace?

Hay que distinguir qué responsabilidad corresponde al Gobierno y cuál a las Cortes. En la reducción de jornada, el Ejecutivo llegó hasta donde pudo y hubo una mayoría parlamentaria que dijo que no. Ha sido una legislatura atípica, sin Presupuestos Generales del Estado. Pero también se han conseguido avances muy importantes, como las subidas del SMI, la revalorización de las pensiones y la puesta en marcha de los coeficientes reductores para anticipar la jubilación en profesiones especialmente duras. Queda muchísimo por hacer y necesitamos una mayoría parlamentaria que permita culminarlo.

¿Está preparada la UGT para negociar con un Gobierno del PP que dependa de Vox? ¿Habrá más conflictividad laboral?

Un Gobierno del PP no es lo mismo que uno del PP y Vox. Tendremos que afrontar lo que decidan los ciudadanos. Nuestras reivindicaciones serán las mismas, pero las políticas que adopte el nuevo Ejecutivo determinarán la respuesta sindical. Con un Gobierno de derechas, la patronal puede considerar menos necesario hacer concesiones en los convenios y eso podría incrementar la conflictividad, que ya está creciendo. Creo que la CEOE ha puesto sus esperanzas en las elecciones y que la negociación salarial se reactivará cuando se constituya el próximo Gobierno.

Las pensiones han entrado en la campaña. ¿En la próxima legislatura habrá que exigir nuevos esfuerzos a empresas y trabajadores?

Es falso que el sistema esté quebrado. Por primera vez tenemos un mecanismo de seguimiento de su sostenibilidad con controles periódicos de la AIReF. Hay que distinguir qué prestaciones deben financiarse mediante cotizaciones y cuáles corresponden a los Presupuestos. Los complementos a mínimos, por ejemplo, no tienen por qué financiarse con cotizaciones. El aumento de los ingresos permite afrontar el pago de las pensiones. Lo que me preocupa es que se plantee volver a fórmulas de privatización o sistemas mixtos que ya han fracasado.

Hay sindicatos minoritarios que no apoyan la huelga y acusan a CCOO y UGT de duopolio. ¿Qué le parece?

Puede que haya que introducir cambios, pero no porque tengamos la mayoría sindical. La ley no favorece a nadie: es un sistema limpio de representación. Y respecto a la huelga general, no apoyar esta convocatoria es un error monumental. Los trabajadores del comercio, donde esos sindicatos tienen presencia, también sufren el problema de la vivienda. Han perdido una gran oportunidad.