La prejubilación voluntaria es una de las opciones que utilizan las empresas para reorganizar sus plantillas y facilitar la salida de los trabajadores de mayor edad. Para los empleados, representa una oportunidad para abandonar anticipadamente el mercado laboral y mantener unos ingresos hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación.
La compensación económica se considera rendimiento del trabajo y debe incluirse en el IRPF
La prejubilación voluntaria es una de las opciones que utilizan las empresas para reorganizar sus plantillas y facilitar la salida de los trabajadores de mayor edad. Para los empleados, representa una oportunidad para abandonar anticipadamente el mercado laboral y mantener unos ingresos hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación.
Sin embargo, aceptar este tipo de acuerdos puede tener consecuencias económicas. Por ello, conviene informarse bien antes de tomar una decisión.
El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha establecido que los trabajadores que se adhieran voluntariamente a un programa de bajas incentivadas, jubilaciones o prejubilaciones tendrán que tributar por las cantidades recibidas cuando no exista un procedimiento de despido colectivo en la empresa. Así lo recoge su resolución de 27 de octubre de 2026.
El tribunal considera que, cuando un empleado abandona la compañía mediante un acuerdo voluntario con la empresa y no existe un proceso de despido colectivo en curso, las cantidades percibidas no pueden beneficiarse de la exención fiscal por despido. En consecuencia, deben declararse como rendimientos del trabajo y tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
La resolución establece que no todas las prejubilaciones voluntarias tienen el mismo tratamiento fiscal. Cuando la salida del trabajador se produce en el marco de un expediente de regulación de empleo (ERE), la situación puede ser diferente.
«Si lo haces bajo un expediente de regulación de empleo, se aplica una exención que te permite no pagar tantos impuestos«, explican desde el portal de educación financiera Haciendo Hucha. En estos casos, los trabajadores pueden beneficiarse de la exención prevista legalmente para determinadas indemnizaciones por despido, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y dentro de los límites correspondientes.
El artículo 7.e de la Ley del IRPF declara exentas las indemnizaciones por despido o cese hasta las cuantías obligatorias establecidas legalmente, con un límite máximo de 180.000 euros. En los despidos colectivos que cumplen los requisitos legales, la exención puede alcanzar la cuantía correspondiente a la indemnización por despido improcedente, sin superar dicho límite. Sin embargo, no se aplica automáticamente a cualquier compensación empresarial por la salida de los trabajadores.
Esta interpretación puede tener consecuencias económicas importantes, especialmente para quienes reciben compensaciones elevadas en sus planes de prejubilación. Si las cantidades están sujetas al IRPF, se incorporarán a los rendimientos del trabajo y podrán elevar la base imponible del contribuyente. La factura fiscal dependerá del importe recibido, del resto de los ingresos y de las circunstancias personales y familiares.
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