El modelo de negocio que ha llevado al éxito a Revolut, basado en la ausencia de oficinas físicas, la automatización y la rapidez para abrir y gestionar cuentas por internet y operar con criptomonedas, se ha convertido en un problema para la entidad ante la Justicia italiana. Según el Tribunal de Milán, sus sistemas de control han sido incapaces de detectar y comunicar a las autoridades operaciones sospechosas de clientes, entre ellos presuntos miembros de organizaciones mafiosas, defraudadores fiscales y estafadores de fondos públicos.
Ordena intervenir durante un año la filial italiana de la entidad por considerar que sus fallos de supervisión han facilitado actividades delictivas. La intervención no tendrá consecuencias para los depósitos de los clientes italianos ni supondrá interrupciones en la actividad habitual del banco
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El Tribunal de Milán decretó este lunes la administración judicial durante un año de la sucursal italiana del banco digital Revolut, tras detectar «graves carencias» en sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales que habrían facilitado movimientos sospechosos por valor de 76,5 millones de euros.
La medida, solicitada por la Dirección Distrital Antimafia (DDA) de la Fiscalía de Milán, fue ejecutada este lunes por la Guardia de Finanzas (policía fiscal y de fronteras), según informó el Ministerio Público milanés en un comunicado.
Según las investigaciones, las deficiencias en los controles permitieron que numerosas personas investigadas o condenadas por delitos graves, entre ellos blanqueo de capitales y transferencias fraudulentas de fondos, algunas de ellas con la agravante de método mafioso, accedieran al sistema financiero a través de esta entidad bancaria lituana, autorizada por el Banco Central Europeo (BCE).
Entre ellas había personas vinculadas a entornos mafiosos y algunas de las operaciones investigadas presentaban delitos dentro de la normativa antimafia o con el agravante de método mafioso.
La Fiscalía subrayó que estos fallos no constituyeron hechos aislados, sino «un modelo de gestión estable» que propició operaciones de traslado, ocultación o distracción de capitales por un total de 76,5 millones de euros.
Según los investigadores, estas operaciones podrían haberse detectado mediante la aplicación adecuada de los controles antiblanqueo exigidos por la normativa.
Además, el análisis de los flujos financieros permitió determinar que las deficiencias de los sistemas de control facilitaron que los implicados movieran también fondos sujetos a medidas cautelares patrimoniales y dificultaran su localización por un importe superior a 4,6 millones de euros.
La investigación tuvo su origen en dos actuaciones previas: un procedimiento penal por fraude fiscal en el que se detectó el uso de cuentas de la entidad para cometer delitos tributarios y una inspección antiblanqueo a un proveedor de servicios de activos virtuales perteneciente al mismo grupo bancario.
En esta última actuación se detectaron más de un millón de presuntas infracciones relacionadas con las obligaciones de diligencia debida e identificación de los clientes y de conservación de datos e información, además de incumplimientos sistemáticos en la comunicación de operaciones sospechosas.
La Fiscalía destacó asimismo que, en una entidad bancaria digital con actividad internacional, los sistemas automatizados de control deben ser capaces de recopilar información relevante, generar alertas fiables, permitir comprobaciones reforzadas y detectar patrones de operaciones anómalos.
El tribunal precisó que las funciones y facultades de los administradores judiciales se concentrarán exclusivamente en supervisar y subsanar las áreas de control donde se manifestaron las deficiencias, sin afectar a la operativa habitual de sus clientes.
Por su parte, Revolut aseguró que toma nota de la decisión del Tribunal de Milán y que «colaborará plenamente» con las autoridades italianas, según declaró un portavoz de la entidad a medios italianos.
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