Sin consenso y en el tiempo de descuento. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes el polémico real decreto que fija los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de soberanía digital para los centros de datos. Llega a nueve días de las elecciones generales, con las Cortes disueltas y contra el criterio de tecnológicas, eléctricas y varios gobiernos autonómicos. En detalle, la norma obliga a las instalaciones de 10 megavatios (MW) o más a cubrir el 80% de su consumo con renovables, hora a hora. El proyecto que no logre acreditar a tiempo los nuevos requisitos podrá perder el acceso a la red. Moncloa ha querido que se publique en el BOE antes de la cita con las urnas, aunque solo entrará en vigor 20 días después, cuando el país ya haya votado.Lo que pase el 29-N decidirá el futuro de una regulación que el Ejecutivo califica de «pionera» y que la industria describe como «la más restrictiva de Europa». El Partido Popular no ha tardado en reaccionar. «El real decreto aprobado prohíbe en la práctica la instalación de centros de datos. España queda aislada del resto del mundo y de la revolución tecnológica. Lo derogaremos y aprobaremos una legislación que permita su desarrollo y garantice su sostenibilidad», ha escrito Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del partido en su cuenta de X.
El Consejo de Ministros da luz verde a la norma para ordenar el despliegue de ‘data center’ en España que, según la patronal SpainDC, pone en riesgo 67.000 millones de inversión. El PP garantiza que derogará el texto si llega a La Moncloa tras el 29-N
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Sin consenso y en el tiempo de descuento. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes el polémico real decreto que fija los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de soberanía digital para los centros de datos. Llega a nueve días de las elecciones generales, con las Cortes disueltas y contra el criterio de tecnológicas, eléctricas y varios gobiernos autonómicos. En detalle, la norma obliga a las instalaciones de 10 megavatios (MW) o más a cubrir el 80% de su consumo con renovables, hora a hora. El proyecto que no logre acreditar a tiempo los nuevos requisitos podrá perder el acceso a la red. Moncloa ha querido que se publique en el BOE antes de la cita con las urnas, aunque solo entrará en vigor 20 días después, cuando el país ya haya votado.
Lo que pase el 29-N decidirá el futuro de una regulación que el Ejecutivo califica de «pionera» y que la industria describe como «la más restrictiva de Europa». El Partido Popular no ha tardado en reaccionar. «El real decreto aprobado prohíbe en la práctica la instalación de centros de datos. España queda aislada del resto del mundo y de la revolución tecnológica. Lo derogaremos y aprobaremos una legislación que permita su desarrollo y garantice su sostenibilidad», ha escrito Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del partido en su cuenta de X.
La Comunidad de Madrid ha confirmado que recurrirán el decreto en los tribunales, al igual que la patronal SpainDC que considera «imposibles» la mayoría de las exigencias, por lo que llegó a cifrar en 67.000 millones de euros el valor de las inversiones en riesgo. Por su parte, el Gobierno aragonés apunta que están estudiando tomar medidas judiciales, si bien todavía no han tomado una decisión.
La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido el decreto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros como un escudo para evitar sobrecostes en la factura de la luz del consumidor y el acaparamiento de recursos básicos por parte de estas instalaciones, claves para el desarrollo de la economía digital. Según la vicepresidenta, sin esta norma, el despligue de data center al ritmo que auguran las solicitudes presentadas por sus promotores en España habría provocado un incremento de 5.000 millones de euros en la factura eléctrica del conjunto de los consumidores, y un encarecimiento del 25%en el recibo industrial. Precisamente, la gran industria tradicional es uno de los pocos segmentos de actividad que han mostrado su apoyo al decreto del Gobierno. Aagesen ha destacado también la exigencia hídrica, al recordar que los centros de datos solo podrán gastar 0,1 litros de agua por kilovatio hora, un consumo «casi nulo» que corresponde a la categoría A del futuro etiquetado europeo.
De todos los puntos del decreto, el más polémico es la llamada correlación horaria. Es decir, la obligación de los centros de datos de acreditar hora a hora que al menos el 80% de su consumo energético procede de fuentes renovables. Aagesen ha puesto el acento en el régimen transitorio, que el Gobierno introdujo tras analizar las alrededor de 600 alegaciones que recibió el primer borrador. Consiste en rebajar el cupo de energía verde del 80 al 60% durante 5 años para aquellos proyectis que acepten que Red Eléctrica, el operador del sistema, los desconecte en situaciones de «tensión en la red». En la práctica, ello permitiría desenchufarlos sin indemnización, una premisa que se aprecia inasumible para unas instalaciones que necesitan funcionar las 24 horas, los 365 días del año.
El Gobierno tampoco ha atendido del todo al Consejo de Estado. El órgano consultivo que preside Carmen Calvo aprobó su dictamen por unanimidad, pero con observaciones de carácter esencial. A pesar del peso del órgano consultivo, su dictamen todavía no se ha hecho público.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también puso pegas al texto promovido por Aagesen. En su informe de septiembre, el organismo supervisor compartía el objetivo de ordenar el despliegue de esatas instalaciones, cuyo gigantesco consumo de energía o agua anticipa impactos notables en el territorio, pero censuraba buena parte del diseño. La CNMC pidió al Gobierno justificar mejor la proporcionalidad de las exigencias y advertió que el decreto llegaba a invadir sus competencias, en relación a los recargos sobre los peajes (costes regulados del recibo eléctrico) que la norma fijaba para aquellos proyectos que incumplieran la adicionalidad, porque fijar los peajes corresponde a la Comisión. El Gobierno atendió algunas de sus recomendaciones, pero mantuvo intacto el grueso del decreto.
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