La cesta de la compra resiste, pero la luz amenaza con romper la tregua. Con la inflación atascada en el 4,9% desde septiembre, su nivel más alto desde febrero de 2023, los alimentos suben casi la mitad, un 2,4%. Los supermercados, en cambio, denuncian que el coste de mantener estable la red eléctrica, una parte de su factura de la luz, es hoy casi nueve veces mayor que en 2020, y la duda es cuánto tiempo podrán absorberlo sin trasladarlo a los precios.
La factura por mantener estable la red sube un 41% en un año y pone a prueba la contención de los precios de los alimentos, que suben la mitad que la inflación
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La cesta de la compra resiste, pero la luz amenaza con romper la tregua. Con la inflación atascada en el 4,9% desde septiembre, su nivel más alto desde febrero de 2023, los alimentos suben casi la mitad, un 2,4%. Los supermercados, en cambio, denuncian que el coste de mantener estable la red eléctrica, una parte de su factura de la luz, es hoy casi nueve veces mayor que en 2020, y la duda es cuánto tiempo podrán absorberlo sin trasladarlo a los precios.
Un supermercado necesita electricidad las 24 horas del día para conservar los alimentos, mantener la cadena de frío y climatizar sus tiendas y sus plataformas logísticas. Y por cada megavatio hora que consume paga, además de la energía, los llamados servicios de ajuste, el coste de mantener la red eléctrica en equilibrio para evitar apagones. Según los cálculos de Asedas, la patronal que representa al 75% de la distribución alimentaria, a partir de datos de Red Eléctrica, el precio medio de estos servicios ha pasado de 2,54 euros por megavatio hora en 2020 a 22,3 euros entre enero y octubre de 2026, un 778% más.
Solo en el último año, la subida ha sido del 41%, ya que en 2025 el megavatio hora de estos servicios costaba 15,78 euros. Para el conjunto de los supermercados, el sobrecoste suma 61 millones de euros en lo que va de año y 245 millones desde 2020, según Asedas.
Felipe Medina, secretario general técnico de la patronal, admite que estos servicios son «necesarios para garantizar el equilibrio y la estabilidad del sistema eléctrico, como se comprobó tras el apagón de abril de 2025», pero sostiene que su coste «no debería recaer, entre otros, en las empresas de distribución alimentaria». «Es imprescindible revisar cómo se generan, calculan y trasladan estos sobrecostes para detectar ineficiencias y corregirlas sin comprometer la seguridad del suministro», añade Medina, que pide tener en cuenta «el enorme impacto en sectores estratégicos como la alimentación, que son grandes consumidores de electricidad».
La factura eléctrica no es el único frente abierto. Los supermercados acumulan ya un sobrecoste de más de 145 millones de euros desde que estalló la guerra en Oriente Próximo, según Asedas, frente a los 130 millones que la patronal calculaba a finales de septiembre, lo que supone un ritmo de unos 20 millones al mes. A la luz se suma el gasóleo, que encarece el transporte de mercancías y el abastecimiento de las tiendas, y cada vez más los envases, porque la guerra ha golpeado a la industria petroquímica y las materias primas del plástico se han encarecido un 25% en el último año.
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