Casi no hay semana en Rusia en la que no se conozca un nuevo arresto o condena de un activista. El pasado 12 de noviembre, tres días después del cierre del histórico periódico Nóvaya Gazeta, un tribunal condenó a 12 años de prisión por “traición” a la abogada María Bóntsler, de 66 años. Es una prestigiosa letrada con un historial impecable en defensa de los derechos humanos durante décadas, pero su condena pasó desapercibida fuera del país. La indignación internacional por los casos de represión en Rusia se ha reducido y Bóntsler se unió discretamente a los más de 2.300 presos políticos que permanecen encerrados hoy en Rusia, según cálculos de varias organizaciones de derechos humanos.
Profesionales y ONG intentan continuar su trabajo en la sombra para evitar la prisión y las sanciones del Gobierno de Putin. En las cárceles hay más de 2.300 presos políticos

Casi no hay semana en Rusia en la que no se conozca un nuevo arresto o condena de un activista. El pasado 12 de noviembre, tres días después del cierre del histórico periódico Nóvaya Gazeta, un tribunal condenó a 12 años de prisión por “traición” a la abogada María Bóntsler, de 66 años. Es una prestigiosa letrada con un historial impecable en defensa de los derechos humanos durante décadas, pero su condena pasó desapercibida fuera del país. La indignación internacional por los casos de represión en Rusia se ha reducido y Bóntsler se unió discretamente a los más de 2.300 presos políticos que permanecen encerrados hoy en Rusia, según cálculos de varias organizaciones de derechos humanos.
Pese a todo, la persecución del Kremlin no ha logrado acabar con la resistencia de parte de la sociedad civil dentro del país, donde aún hacen su trabajo en un segundo plano abogados, periodistas y defensores de derechos humanos.
El mundo conoció en octubre la crisis epidemiológica desatada en la región de Irkutsk, con la sospecha de un caso de peste, gracias al trabajo de los periodistas anónimos del medio online local Liudi Baikala, vigilado por las autoridades. Su redactora jefa, Elena Trífonova, remarcaba entonces desde el exilio la importancia de la labor de estos redactores al visitarlos hospitales a los que no se había acercado ningún otro medio. Se trata del mismo periodismo local ruso que cuenta, sin presumir de firma, desde crímenes de guerra a casos de corrupción y catástrofes medioambientales, como los vertidos durante dos años de dos viejos petroleros hundidos junto a las playas del mar Negro.
También aguantan dentro de Rusia abogados que defienden a las víctimas de la represión política, como la propia Bóntsler. Y también organizaciones benéficas que ayudan a niños desamparados, refugiados e inmigrantes lejos de todos los focos para evitar que les echen el cierre.
Pero esta labor en la sombra no significa que el Kremlin haya detenido su persecución de la disidencia. Lida Moniava, fundadora de La casa del Faro, una organización que ayuda a niños enfermos, fue detenida el 2 de septiembre bajo la acusación de “difundir información falsa sobre las fuerzas armadas”.
Moniava había denunciado en su canal de Telegram en febrero de 2023, en el primer aniversario de la invasión de Ucrania, la enorme cifra de civiles muertos que le constaba entonces a la ONU. A diferencia de otros casos, el escándalo desatado en torno a su caso logró que Moniava fuera puesta en libertad en octubre. De manera excepcional, un tribunal ruso había reconocido la ausencia de elementos constitutivos de delito en un juicio de carácter político.
“Observamos un claro descenso en el interés por la represión política en Rusia y por el apoyo a sus víctimas, pero esta no cesa. Al contrario, se está volviendo más severa y cada vez más difícil de entender”, manifiesta a este periódico Dmitri Anisimov, portavoz de OVD-Info, organización centrada en la defensa contra la represión política.

“El objetivo principal es intimidar a la sociedad civil, pero también afecta al público occidental. Cada vez menos casos individuales reciben cobertura mediática y los presos políticos reciben menos cartas del extranjero”, señala.
Las autoridades rusas ilegalizaron esta ONG el 4 de junio al declararla “organización extremista”. “Está prohibida cualquier interacción con nosotros bajo amenaza de penas de prisión de cuatro a seis años. Por ello, interrumpimos de inmediato nuestra colaboración con abogados rusos”, señala Anisimov.
OVD-Info ya no presta apoyo legal a los presos políticos, pero todavía sobrevive como plataforma que denuncia abusos del Kremlin. Un año antes de su ilegalización, las autoridades rusas intentaron ahogarla presionando a los bancos para que no tramitasen ninguna donación a sus cuentas.
“Fue un golpe devastador, pero logramos sobrevivir incluso después de perder todas las donaciones en rublos rusos”, apunta Anisimov.
Otras organizaciones no han podido sobrevivir a la combinación de esta asfixia bancaria y la marca negra de ser etiquetadas como agentes extranjeros. Las ONG Nasiliu.net ―contra el maltrato― y Tsentr Siostri ―contra los abusos sexuales― sucumbieron hace un año al bloqueo súbito de sus cuentas sin ninguna explicación, y el histórico diario Nóvaya Gazeta decidió echar el cierre el pasado 9 de noviembre después de cubrir durante 33 años los abusos del poder ruso.
El diario sufrió el asesinato de seis periodistas a lo largo de su historia, pero fue el bloqueo de sus cuentas y la declaración de todos sus redactores como agentes extranjeros lo que terminó por provocar su cierre. Ningún lector podía pagar por leer sus noticias.
Todo es juzgado como terrorismo
Las grandes figuras de la oposición están exiliadas o fueron detenidas antes de comenzar la guerra contra Ucrania y en los dos primeros años de conflicto. Algunos de los rostros más conocidos que permanecían en prisión fueron canjeados en agosto de 2024 en un intercambio por espías rusos que habían sido arrestados en Estados Unidos y Europa.
Pero quedan muchos más detenidos, además de otros miles de ciudadanos más que han sido multados por criticar al Kremlin. OVD-Info estima que hoy hay 2.316 presos políticos encerrados en Rusia y otros 5.167 ciudadanos que están siendo juzgados por sus ideas. Otra histórica ONG ilegalizada en Rusia, Memorial, contabiliza 1.858 presos políticos dentro del país, aunque advierte de que en los territorios ocupados de Ucrania, “los secuestros y las detenciones sin cargos ni estatus procesal son generalizados”.
Esta última organización publicó en junio un informe titulado Enemigos, no criminales. Su análisis denunciaba que las penas por delitos con motivaciones políticas se han endurecido significativamente desde justo antes de comenzar la invasión de Ucrania, de seis años y medio de cárcel a 11 años de prisión actualmente.
Por un lado, las autoridades han introducido 12 nuevos artículos en el código penal ruso entre 2022 y 2025 para respaldar los procesos judiciales que emprenden con motivaciones políticas. Estas leyes fueron redactadas de forma “deliberadamente vaga y valorativa” para poder juzgar cualquier acción u opinión considerada “indeseable” por el Kremlin.
Por otro lado, los tribunales rusos optan por los cargos más duros al juzgar cualquier presunto delito. Por ejemplo, la vandalización de centros de reclutamiento ya no es juzgada por el artículo 167 del código penal, relativo a la “destrucción o daño intencional a la propiedad”, sino por la ley antiterrorista. O la expresión de cualquier crítica al Gobierno incluye ahora el apartado “d” del artículo 207, relativo a la “desacreditación” de las autoridades, que persigue “el móvil del odio o la enemistad política, ideológica o de otra índole”.
“El enfoque de las autoridades rusas es tratar de no encarcelar a mucha gente; sino a un número limitado, pero con la máxima severidad y contundencia”, señala Memorial al explicar que, de esta forma, “mantienen el control y previenen cualquier disidencia pública mientras persiguen a un número reducido de individuos”.
Las autoridades acusaron a la abogada María Bóntsler de supuestamente filtrar información sobre miembros del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) a un Gobierno extranjero. Contra toda garantía judicial, el juez impidió la presencia de la acusada durante su propio juicio a puerta cerrada, y sus abogados fueron apartados del caso tras pedir acceso a las presuntas pruebas presentadas en su contra.
“Una condena tan larga podría significar que muera en prisión, dados sus graves problemas de salud”, advierte OVD-Info. Arrestada en mayo de 2025, tiene diagnosticada una cardiopatía hipertensiva, lo que supone un alto riesgo de sufrir un derrame cerebral. “No recibe tratamiento médico y se ha informado de que su corazón se detuvo varias veces durante el calor del verano debido a las condiciones insoportables de su celda”, alerta el portavoz de la ONG.
Memorial denunció en octubre pasado que 69 víctimas de la represión política han muerto en prisión desde el comienzo de la guerra, y asegura que al menos 20 de ellas han fallecido “a causa de palizas, torturas o sus consecuencias”. Otra decena, siempre según la organización, se suicidó.
La amenaza de posibles juicios ha extendido el miedo a opinar en público. Un académico consultado por este periódico declinó recientemente una conversación porque podía acarrearle “serios problemas desafortunadamente”. Muchos analistas y activistas que viven todavía en Rusia declinan hoy cualquier comentario, incluso apolítico, por precaución.
“Detengan la masacre, dejen en libertad a los presos políticos, respeten la Constitución y aparten a este Gobierno criminal de la patria”, clamó el exdirector de Nóvaya Gazeta y Nobel de la Paz en 2021, Dmitri Muratov, el último día del periódico.
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