Dos semanas de ceses y seis huelgas después, el vicepresidente Carlos Cuerpo ha consegudo desactivar la conflictividad del sector ferroviario, que ayer acordó bajar las armas. Los maquinistas, que ya habían lanzado su campaña antes del accidente de Urda, el pasado 28 de octubre, fueron los últimos en desconvocar una escalada que ha durado hasta la última semana de la campaña electoral.
El vicepresidente ha cesado las cúpulas de Adif y Renfe para llevar al BOE las medidas que demandaban maquinistas y trabajadores ferroviarios, que despejan de huelgas el camino del Gobierno hacia la cita electoral
César Urrutia Madrid
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Dos semanas de ceses y seis huelgas después, el vicepresidente Carlos Cuerpo ha consegudo desactivar la conflictividad del sector ferroviario, que ayer acordó bajar las armas. Los maquinistas, que ya habían lanzado su campaña antes del accidente de Urda, el pasado 28 de octubre, fueron los últimos en desconvocar una escalada que ha durado hasta la última semana de la campaña electoral.
El accidente de Urda, sus 69 víctimas mortales y la entrada de todo el sector en el bucle de una crisis inédita que ya vivió en febrero han sido una carga explosiva que no podía desactivarse con la misma fórmula que empleó el ex ministro Óscar Puente en febrero, tras Adamuz. En aquél momento, hace solo nueve meses, Puente logró sostener todo el andamiaje institucional bajo su cargo a pesar una explicación tan prolija en horas de entrevistas y ruedas de prensa como confusa en su contenido. Las peticiones de dimisiones le llovían a él y al presidente de Adif Pedro Marco de la Peña, desde todo el arco político y desde las propias Adif y renfe, las compañías públicas que forman la columna vertebral del sector en España, cuyos sindicatos convocaron una huelga de tres días pidiendo ceses. Puente negoció con los trabajadores y los maquinistas mejoras en la seguridad y las condiciones de trabajo; aceptó elevar el presupuesto de mantenimiento de la red a pesar de negar que el mantenimiento fuera una posible causa del carril roto que presumiblemente provocó la salida de la vía del Iryo y que acabó en una tragedia con 46 muertos.
Pero en las empresas públicas había ya un gran malestar con Transportes porque los acuerdos no se cumplían. De ahí que el propio Puente se quejara el 4 de noviembre, el día de su dimisión, de la actitud de los maquiinistas en todo el conflicto. «Habíamos llegado a la conclusión de que sería imposible que se cumpliera lo pactado con él y de hecho habíamos convocado protestas para el 28 de octubre, un día después del accidente de Urda que, lógicamente, suspendimos», explican en Semaf, el sindicato de maquinistas.
A la dimisión de Puente, le sucedió, un día después la del presidente de Adif, sólo después de firmar el convenio de financiación con el Ministerio de Hacienda que incluía los incentivos para la directiva en los próximos años. Cuerpo había ya hecho una visita a Renfe, aunque no al despacho de Álvaro Fernández de Heredia, el presidente, lo que ya fue un anticipo de su próximo cese.
El vicepresidente había ya entablado contacto con los maquinistas y los trabajadores representados por CCOO y UGT como sindicatos mayoritarios para negociar sus condiciones de desmovilización. «Con Puente», explican fuentes sindicales, «se había llegado a un punto en el que Transportes empezaba a jugar entre lo que podía hacer una empresa pública y lo que no podía otra; las negociaciones que había que cerrar con otros ministerios… Sabíamos que estábamos en el momento en que nos dirían que ya habían cumplido y que si las cosas no se hacían realidad no era su culpa».
La dimisión de Puente, de la cúpula de Adif y, después, de la de Renfe con la salida de Fernández de heredia en plenas negociaciones, supuso ya un golpe de autoridad pero los trabajadores. En Cuerpo, con jerarquía de vicepresidente y formación de Técnico Comercial del estado, los líderes sindicales que estaban paralizando el transporte ferroviario y amenazaban con llevar las protestas a menos de una semana antes de las elecciones, vieron a alguien con la determinación y la ascendencia sobre el Gobierno que no encontraron con el anterior.
Una semana después de asumir la cartera de Transportes, llevó al BOE una batería de mejoras en forma de Real Decreto-ley denominado medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social de los profesionales del sector.
Los cambios y su publicación oficial el pasado 12 de noviembre acabaron de convencer al sector de que habían dado con el interlocutor adecuado. Convertir en ley turnos de trabajo, mayor autoridad a los maquinistas o la denominada cultura justa, les demostró que los cambios iban en serio cuando estaban pendientes aún varias jornadas de protesta. Pero es difícil pensar que en otras circunstancias que no fueran las de una tragedia ferroviaria y una campaña electoral los presidentes de Adif y Renfe hubieran aceptado lo que firmó el Gobierno el 11 de noviembre. La Agencia estatal de Seguridad ferroviaria (AESF) también se ha movilizado con agfilidad inaudita para cambiar reglamentos. Las novedades únicamente han sonado a hueco en la AITAT, la agencia que investiga los accidentes de Adamuz y Urda y que carece de medios humanos para llevar a cabo su labor. Cuerpo no se acomplejó y pidió ayuda a la Comisión Europea. Para las víctimas creó una nueva oficina, que se solapa con otras ya existentes.
El ritmo no ha parado ni siquiera en el Consejo de ministros. Es seguro que el MInisterio de Seguridad Social hubiera tardado más en de seis días en extender el régimen de jubilación anticipada por reconocimiento de profesión especialmente penosa a todos los maquinistas, no sólo a los de Renfe. Pero lo hizo y una demanda de años se ha resuelto en una semana. No es extraño que casi inmediatamente los transportistas por carretera anunciaron una jornada de protesa por el no reconocimiento de su profesión para anticipar el retiro. Pero las elecciones estaban ya a 12 días cuando la paz se firmó con CCOO y UGT. Los maquinistas apuraron unos días más.
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