Este jueves se cumple el plazo de un año que la Asamblea General de la ONU le dio a Israel para abandonar Gaza. Lejos de atender ese mandato, la resolución aprobada por mayoría el 18 de septiembre de 2024 ha quedado enterrada bajo los escombros a los que ya se reduce la mayor parte de la franja palestina, prácticamente controlada en su totalidad por el ejército israelí. El inicio de la invasión terrestre de Ciudad de Gaza es el último clavo en el ataúd de la esperanza de que Israel cumpla alguno de los llamamientos de la comunidad internacional para frenar lo que un grupo de expertos de la ONU ya califica de genocidio, con 65.000 palestinos muertos desde el inicio de la invasión, tras la matanza de Hamás en Israel (1.200 muertos), en octubre de 2023.
Entre las compañías se encuentra el grupo vasco Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, que ya aparecía en un informe previo de la ONU por participar en el proyecto de tren ligero en Jerusalén este
Este jueves se cumple el plazo de un año que la Asamblea General de la ONU le dio a Israel para abandonar Gaza. Lejos de atender ese mandato, la resolución aprobada por mayoría el 18 de septiembre de 2024 ha quedado enterrada bajo los escombros a los que ya se reduce la mayor parte de la franja palestina, prácticamente controlada en su totalidad por el ejército israelí. El inicio de la invasión terrestre de Ciudad de Gaza es el último clavo en el ataúd de la esperanza de que Israel cumpla alguno de los llamamientos de la comunidad internacional para frenar lo que un grupo de expertos de la ONU ya califica de genocidio, con 65.000 palestinos muertos desde el inicio de la invasión, tras la matanza de Hamás en Israel (1.200 muertos), en octubre de 2023.
Este aniversario, Amnistía Internacional ha optado por señalar a los cómplices que “contribuyen a la ocupación ilegal, al genocidio o a otros crímenes de derecho internacional de Israel”. En ellos, destacan los nombres de 15 empresas “y la nacionalidad de las mismas”, señala Esteban Beltrán, director de la ONG en España. “Hay una responsabilidad de los Estados y las instituciones que las subvencionan, contratan o hacen negocios con ellas”, apunta.
Algunas de estas compañías ya fueron afrentadas por la relatora especial de la ONU para los territorios ocupados de Palestina, Francesca Albanese, el pasado julio, como la española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). Amnistía las acusa de “sacar provecho de la ocupación ilegal israelí, del apartheid y ahora del genocidio”.
“Estados, instituciones públicas y empresas de todo el mundo están facilitando con su complicidad, su apoyo o su parálisis autoimpuesta, las prolongadas violaciones del derecho internacional por parte de Israel, incluidos su genocidio en curso en la franja de Gaza, su ocupación ilegal de todo el territorio palestino ocupado (TPO) y su cruel sistema de apartheid contra toda la población palestina cuyos derechos controla, o beneficiándose de ellas”, afirma Amnistía Internacional en su informe publicado este jueves.
La investigación, tituladaConfrontar la economía política global que facilita el genocidio, la ocupación y el ‘apartheid’ de Israel, recoge pruebas de lo que califica de “contribución” de 15 compañías a la comisión de los crímenes de los que acusa a Israel.
Una de ellas, que no aparecía en el informe de Albanese, es Boeing. Amnistía Internacional ha documentado “el uso de bombas y munición fabricadas por la empresa estadounidense en ataques aéreos ilegales en la franja de Gaza que mataron a decenas de civiles”. Concretamente a 43, incluidos niños, precisa Beltrán. En el marco de sus indagaciones, a finales de abril, la ONG escribió una carta al director ejecutivo de Boeing en la que exponía sus preocupaciones relacionadas con el suministro continuo de bienes y servicios militares y de seguridad a Israel por parte de la compañía. Pero no obtuvo respuesta.
“No vamos a realizar declaraciones ni valoraciones sobre el tema”, responde la española CAF, contactada por EL PAÍS. Tampoco se pronunció cuando su nombre apareció en el duro informe de Albanese en julio. De nuevo, este grupo vasco ―con participación del Gobierno vasco―, aparece mencionado en el informe de Amnistía Internacional por “contribuir a la ocupación ilegal, apartheid y crímenes de derecho internacional por parte de Israel”.
“CAF participa en el proyecto de tren ligero que llega hasta el principal asentamiento ilegal en Jerusalén este, Pisgat Ze’ev, donde viven unos 50.000 colonos”, precisa Beltrán. Desde 2019, la ONG se ha dirigido muchas veces a la compañía, que siempre ha mantenido que “ninguno de sus proyectos viola los derechos humanos”, parafrasea el director de Amnistía Internacional en España.
Esta lista de empresas que, según Amnistía, tienen un papel en la ocupación incluye, además, a la surcoreana HD Hyundai, que “produce maquinaria pesada que se ha utilizado ampliamente en demoliciones de estructuras, viviendas y negocios de propiedad palestina en los territorios palestinos ocupados entre 2018 y 2025″, anota el estudio. “Estas demoliciones ocurrieron en la Cisjordania ocupada, incluyendo Masafer Yata, donde viven palestinos bajo amenaza inminente de expulsión masiva y cuya situación quedó reflejada en el oscarizado documental No Other Land.
La investigación apunta asimismo a Lockheed Martin, con sede en EE UU, “que suministra y mantiene aviones F-16 y la creciente flota israelí de aviones de combate F-35, la columna vertebral de la Fuerza Aérea Israelí que se está usando ampliamente durante el bombardeo de Gaza”. También constan las tres mayores empresas armamentísticas israelíes —Elbit Systems y las estatales Rafael Advanced Defense Systems e IAI—, que suministran al ejército bienes y servicios militares y de seguridad por valor de miles de millones de dólares anuales. Elbit Systems fue la única compañía armamentística que respondió a la petición de información por parte de Amnistía Internacional: desestimó los motivos de preocupación de la ONG y alegó que operaba de forma legal, comerciando con “un gobierno soberano, no sancionado, reconocido por la comunidad internacional”.
“Mantener 23 meses de bombardeos incesantes y un genocidio en curso ha requerido un suministro interminable de armas y equipos de vigilancia respaldado por unas relaciones comerciales privilegiadas y unos Estados y unas empresas dispuestos a ignorar lo indefendible”, sostiene Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional en un comunicado. “Esto debe terminar. La dignidad humana no es una mercancía”, exige. Por eso, la ONG pide a estas corporaciones que “suspendan inmediatamente todas las ventas y entregas a Israel”.
“Absolutamente, es posible hacer las cosas de otra manera”, subraya Beltrán. “Hay empresas españolas que sí se han retirado”. Y cita a Comsa, que había ganado una licitación para otra línea de tren ligero, o Sidenor, que ha dejado de vender acero a Israel. “Y e-Dreams ha retirado los anuncios en los territorios palestinos ocupados”, señala el activista. No como otras empresas de turismo online como Airbnb, Booking.com, Expedia y TripAdvisor, a las que, desde 2019, Amnistía les pidió que se desvincularan responsablemente de hacer negocios en asentamientos israelíes, pero siguen teniendo anuncios.
En su rueda de prensa del martes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, realizó un llamamiento para atraer a “los inversionistas del mundo” porque Israel, apuntó, está “a punto de despegar con las tecnologías del futuro”. Ejemplo de ello, dijo, fue su ofensiva contra Irán en junio. “Ya lo vislumbraron en las asombrosas posibilidades y el impresionante éxito de Israel en la Guerra de los 12 Días contra Irán. Pueden ver las cosas que Israel puede hacer para asombrar al mundo”, promocionó.
Internacional en EL PAÍS
