El plazo se ha agotado, pero sin noticias del Gobierno. El Tribunal Supremo había dado 30 días al Ejecutivo para hacer pública la lista de los mayores beneficiarios de los fondos europeos Next Generation, en una sentencia firme que obligaba a remitir dicha documentación al Senado. Sin embargo, transcurrido el plazo pertinente, ni se ha remitido la lista a la Cámara Alta ni parece haber intención de hacerlo. El PP ve al Gobierno de Pedro Sánchez en situación de «total rebeldía democrática y judicial» y no está dispuesto a dejarlo pasar.
El Ejecutivo se niega a facilitar el listado y el PP lo ve «en rebeldía democrática y judicial»
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El plazo se ha agotado, pero sin noticias del Gobierno. El Tribunal Supremo había dado 30 días al Ejecutivo para hacer pública la lista de los mayores beneficiarios de los fondos europeos Next Generation, en una sentencia firme que obligaba a remitir dicha documentación al Senado. Sin embargo, transcurrido el plazo pertinente, ni se ha remitido la lista a la Cámara Alta ni parece haber intención de hacerlo. El PP ve al Gobierno de Pedro Sánchez en situación de «total rebeldía democrática y judicial» y no está dispuesto a dejarlo pasar.
Los populares registraron ayer ante la Sala Tercera del Alto Tribunal un escrito solicitando la ejecución forzosa de la sentencia 452/2026, que es la que reconoció el derecho de la senadora del PP Eva Ortiz a recibir la información que había reclamado al Gobierno al amparo del Reglamento del Senado, esto es, el listado con los nombres que más se han beneficiado de los Fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRTR) y que Moncloa se resiste a compartir.
El recurso judicial, al que ha tenido acceso EL MUNDO, pretende además que el Tribunal Supremo fuerce al Gobierno a identificar al responsable «del cumplimiento del fallo a los efectos de la imposición de multas coercitivas y de la responsabilidad que se pudiera deducir por desobediencia». Dicho de otro modo, además de que se haga público el listado, los populares esperan que el Supremo obligue al Ejecutivo a señalar quién está bloqueando su publicación pese a existir una sentencia previa que le obliga a hacerlo.
«¿Qué estará ocultando el Gobierno para no atender una orden judicial? ¿Qué y quién habrá en la lista de los benefactores de los fondos europeos para que el Gobierno se resista a entregarlo a pesar de la sentencia judicial?», se pregunta Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, en conversación con este periódico. «Con este Gobierno nos tememos lo peor, pero no nos vamos a resignar y vamos a seguir luchando para que el Gobierno cumpla con las sentencias judiciales, con los españoles y con el principio democrático de la transparencia».
Los fondos europeos constituyen desde hace años uno de los principales campos de confrontación entre el Ejecutivo y la oposición. Desde el inicio del despliegue de los recursos del programa Next Generation EU, el PP ha reclamado reiteradamente más información sobre los criterios de adjudicación y sobre la identidad de los beneficiarios de las ayudas. Los populares sostienen que el Gobierno ha dificultado el acceso a esos datos tanto en sede parlamentaria como a través de los mecanismos ordinarios de transparencia.
Sin embargo, la tensión en torno a la ejecución de los fondos europeos está ganando enteros recientemente. Por un lado, el Tribunal de Cuentas afloró hace un par de semanas el desvío de más de 2.000 millones de euros de estos fondos para el pago de pensiones en España, lo que generó inquietud en la propia Bruselas. La Comisión tuvo que salir del paso ante la quejas que llegaron desde los llamados países frugales y desde el Parlamento Europeo y pese a verle un posible encaje legal, abrió una investigación.
Por otro lado, el PP está aprovechando su mayoría en el Senado para evidenciar que el nivel de ejecución de fondos está lejos de ser óptimo, en un momento crítico además, ya que en julio termina el plazo comprometido con Bruselas para acometer las reformas pendientes en nuestro país y que condicionan hasta 31.000 millones de lo asignado al Plan de Recuperación.
En este contexto, los populares han puesto el foco en la responsabilidad de cada una de las carteras ministeriales y forzarán la comparecencia en el Senado de hasta 13 ministros, ante los pírricos niveles de ejecución registrados.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, es por ejemplo, la que menos ayudas ha sacado adelante, con apenas un 1,48% de los fondos bajo gestión ejecutados; pero le siguen otros como el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, con un 8,66% o Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda, con el 10,88%.
La sentencia del Supremo cuya ejecución reclama ahora el PP tuvo precisamente su origen en una solicitud de información formulada por la senadora alicantina Eva Ortiz. El Supremo estimó el recurso contencioso-administrativo que presentó la parlamentaria y no dio por buenas las explicaciones que el Gobierno había dado para no atender a su petición, reconociendo expresamente su derecho a recibir la documentación requerida máximo en 30 días; plazo que terminó ayer, por lo que el PP ha vuelto a recurrir a la vía judicial.
«Sánchez tiene un Gobierno que ataca y persigue a los jueces, y que también desprecia y obvia sus sentencias», apunta Alicia García. «Tenemos un Gobierno en total rebeldía democrática y judicial, ya que no cumple sus obligaciones parlamentarias y constitucionales ni tampoco las resoluciones judiciales. No sólo no respeta al poder judicial, si no que ya ni cumple sus mandatos y esto es especialmente grave».
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