La carrera ya ha comenzado. Mientras Bruselas avanzaba esta semana en el acuerdo político que abre la puerta a la creación de campos de deportación para migrantes fuera del territorio comunitario, varios gobiernos europeos se movían en paralelo, discretamente, para encontrar países dispuestos a albergarlos. Países Bajos, Dinamarca, Austria, Italia y otros socios favorables a una línea dura quieren pasar de la arquitectura legal a la geografía real y localizar cuanto antes un país donde enviar a quienes han visto rechazadas sus solicitudes de asilo o han recibido una orden de expulsión. Centros lejos de Europa.
La UE endurece su política migratoria y consolida el giro hacia la externalización en plena crisis demográfica europea. Algunas voces hablan de “trumpización”
La carrera ya ha comenzado. Mientras Bruselas avanzaba esta semana en el acuerdo político que abre la puerta a la creación de campos de deportación para migrantes fuera del territorio comunitario, varios gobiernos europeos se movían en paralelo, discretamente, para encontrar países dispuestos a albergarlos. Países Bajos, Dinamarca, Austria, Italia y otros socios favorables a una línea dura quieren pasar de la arquitectura legal a la geografía real y localizar cuanto antes un país donde enviar a quienes han visto rechazadas sus solicitudes de asilo o han recibido una orden de expulsión. Centros lejos de Europa.
Fuentes comunitarias confirman que ya se exploran acuerdos con países africanos y de otras regiones, a cambio de financiación, cooperación económica o facilidades de visado. La idea, impensable hace apenas una década, se discute ahora en los despachos comunitarios. “Esto simboliza mejor que ninguna otra cosa la transformación de la política migratoria europea”, admite un veterano diplomático que lleva más de dos décadas trabajando en asuntos migratorios en Bruselas. “La cuestión ya no es cómo acoger a quienes llegan, sino cómo impedir que lleguen y cómo expulsarlos cuando lo hacen”, añade. Su análisis funciona como diagnóstico de una época.
Durante años, la Unión Europea debatió sobre cuotas de refugiados, integración y solidaridad. Hoy, con el avance de la ultraderecha y la asunción de su discurso por parte de los conservadores tradicionales, lo hace sobre devoluciones, externalización de fronteras y acuerdos con terceros países para frenar la migración antes incluso de que alcance suelo europeo. “Se quiere cambiar una política migratoria por una política de internamiento”, se lamenta Javi López, eurodiputado socialista y vicepresidente del Parlamento Europeo.
“Con las nuevas reglas tendremos más control sobre quién puede venir a la UE, quién puede quedarse y quién tiene que marcharse”, ha defendido esta semana el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, uno de los principales impulsores del nuevo reglamento. “Estamos poniendo en orden Europa”, ha incidido el austriaco.
Seguridad nacional
Vallas, muros, devoluciones, vigilancia externalizada. La Europa que nació tras la II Guerra Mundial como un proyecto de apertura y libre circulación se adentra ahora en una arquitectura política centrada en el control.
Jef Huysmans, profesor de Política Internacional en la Universidad Queen Mary de Londres, define este fenómeno como “securitización”. El politólogo, uno de los principales teóricos del concepto, lleva años defendiendo que Europa ha pasado de tratar la inmigración como una cuestión social y económica a gestionarla sobre todo como un asunto de seguridad.
El cambio no empezó ayer. El académico búlgaro Ivan Krastev explica en Después de Europa que la gran crisis de refugiados de 2015 marcó un punto de inflexión. No solo en política, también en la psicología colectiva europea. Aquel año, más de un millón de personas llegaron a Europa. El impacto fue político, emocional y simbólico. Y alteró la naturaleza del debate y transformó la inmigración de un desafío humanitario en un debate sobre identidad, fronteras y control político. Para muchos ciudadanos, explica, la cuestión dejó de ser a cuántos puede acoger Europa, sino quién decide quién entra.
Ese giro ideológico está cristalizando ahora en decisiones políticas concretas. El nuevo reglamento de retornos —pieza clave del nuevo sistema migratorio europeo— busca acelerar expulsiones y abrir la puerta a acuerdos con terceros países para que reciban a quienes no tienen derecho a permanecer en la UE. La norma contempla los controvertidos campos de deportación fuera de Europa. O “centros de retorno”, como los llaman los gobiernos defensores de esta y otras “soluciones innovadoras”.
La nueva normativa, que deja muchas preguntas en el aire, como qué pasará con las familias y los niños enviados a estos centros, llega además en un momento simbólico. La próxima semana entra en vigor el pacto europeo de migración y asilo, la gran reforma impulsada por Bruselas tras años de bloqueo político: un crisol de regulaciones que endurecen los controles en frontera, aceleran determinados procedimientos de asilo, refuerzan los mecanismos de retorno y establecen nuevas obligaciones de solidaridad entre los Estados miembros. Sus defensores lo presentan como una solución pragmática para gestionar los flujos migratorios. Sus detractores lo consideran la consagración de una Europa fortaleza.
“Nosotros, como europeos, decidiremos quién viene a Europa y bajo qué circunstancias, y no las mafias ni los traficantes”, repite como un mantra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Caída en las llegadas
Bruselas atribuye la fuerte caída de las llegadas irregulares a la nueva arquitectura migratoria. Según datos publicados por Frontex, la agencia europea de fronteras, en 2025 se registraron cerca de 178.000 cruces irregulares de las fronteras exteriores de la Unión, un 26% menos que el año anterior y la cifra más baja desde 2021. Es menos de la mitad de los niveles registrados apenas dos años antes.
Las nuevas normas son la culminación de una década de externalización progresiva. El acuerdo con Turquía de 2016 fue el punto de partida: unos 6.000 millones de euros para contener la llegada de refugiados sirios. Después llegaron controvertidos pactos multimillonarios con Túnez, Egipto o Mauritania, que combinan ayuda económica y control fronterizo.
Y Bruselas busca ahora ampliar la red. La letra pequeña de los acuerdos es distinta, pero la base es constante: pagar a gobiernos de terceros países (en muchos casos con amplios historiales de vulneraciones de los derechos humanos) para que los migrantes no puedan alcanzar territorio comunitario. Ahora, además, se busca países para que reciban a migrantes expulsados de Europa a cambio de fondos.
“Durante los últimos 10 años hemos asistido a una normalización de la crueldad y de la indiferencia hacia migrantes y refugiados”, denuncia Judith Sunderland, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. Organizaciones humanitarias como la suya advierten de que esta externalización se produce en países con graves vulneraciones de derechos.
Y pese a que los precedentes han sido un fracaso, la apuesta por la externalización de la migración avanza. El Reino Unido abandonó su plan de enviar solicitantes de asilo a Ruanda tras años de litigios y costes millonarios. Italia ha invertido cientos de millones en centros en Albania que no han funcionado.
Aurora Ganz, investigadora en la Universidad de Oxford, sostiene que Europa vive una paradoja cada vez más evidente: los migrantes son necesarios para sectores enteros de la economía, pero al mismo tiempo son gestionados mediante instrumentos cada vez más asociados a la seguridad y al control. “Europa necesita la migración para funcionar, pero la gobierna cada vez más como si fuera un riesgo”, analiza.
La evidencia demográfica es contundente. Según Eurostat, la población en edad de trabajar en la UE seguirá disminuyendo, mientras el porcentaje de mayores de 65 años podría acercarse al 30% a mediados de siglo. Europa se blinda cuando más necesita inmigrantes.
Regularización en España
España, donde el Gobierno ha impulsado medidas de regularización y defiende abiertamente la necesidad económica de la inmigración, va a contracorriente. Ningún país simboliza mejor el cambio europeo que Alemania. El país que en 2015 abrió sus puertas a más de un millón de refugiados bajo el lema Wir schaffen das (“Lo conseguiremos”) se ha anclado hoy en el ala dura.
Una investigación reciente de académicos de las universidades de Bielefeld y Núremberg basada en el análisis de más de 150 años de debates parlamentarios alemanes concluye que desde 2015 se han desplazado desde marcos centrados en la solidaridad y la protección hacia discursos que enfatizan el orden, la seguridad y el control migratorio. La migración ha dejado progresivamente de presentarse como una cuestión humanitaria para ser debatida cada vez más como un desafío para la capacidad del Estado y la cohesión social.
Francia ha seguido una evolución similar bajo la presión constante de Marine Le Pen y el Reagrupamiento Nacional. En Países Bajos, el éxito del ultra Geert Wilders ha consolidado una agenda política centrada en la reducción de la inmigración. En Italia, Giorgia Meloni ha hecho del control migratorio una de las señas de identidad de su Gobierno. En Hungría, el nacionalista Viktor Orbán —derrotado en las elecciones de abril— lleva más de una década presentando la inmigración como una cuestión existencial para la nación.
Pero ha sido Dinamarca el ensayo general del nuevo consenso europeo. Fueron los socialdemócratas daneses, no la extrema derecha, quienes demostraron que una agenda migratoria restrictiva podía combinarse con políticas progresistas en materia económica y social, recuerdan varias fuentes comunitarias.
Para muchos analistas, el llamado “modelo danés” anticipó lo que hoy ocurre en Bruselas: la asunción del discurso sobre retornos y disuasión no solo por parte de la derecha tradicional —como el Partido Popular en España, que en algunos casos ha adoptado fórmulas de Vox — sino también en algunos casos por partidos de centroizquierda.
“Lo que vemos no ha surgido de la nada”, remarca Silvia Carta, responsable de políticas de PICUM (Plataforma para la Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados). “Es el resultado de años de presión de fuerzas de extrema derecha que han tratado de capitalizar el miedo y la frustración social, pero también de partidos tradicionales que han decidido asumir esas narrativas en lugar de ofrecer una visión alternativa para una Europa acogedora y justa”, añade Carta, que advierte de que fuerzas de extrema derecha de toda Europa, y en ocasiones también partidos centristas, observan con atención y elogian las medidas antiinmigración de la Administración de Donald Trump.
Camino al ICE
Algunos críticos hablan incluso de una “trumpización” de la política migratoria europea. “Es justo decir que algunos responsables políticos europeos se inspiran en las políticas crueles de Trump”, sostiene Sunderland. “El nuevo reglamento de retornos refleja una obsesión similar por las deportaciones y algunas de las medidas previstas plantean preocupaciones sobre operaciones similares a las del ICE estadounidense (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Pero Europa llevaba años realizando devoluciones ilegales, externalizando el control migratorio a países con pésimos historiales de derechos humanos y erosionando progresivamente el derecho de asilo mucho antes de Trump”, incide.
“Europa corre el riesgo de importar una lógica inspirada en el modelo del ICE estadounidense, centrada en las deportaciones y en una visión securitaria de la inmigración”, advierte el eurodiputado Javi López. A su juicio, la Unión corre el peligro de importar lógicas de control inspiradas en modelos ajenos a la tradición europea de derechos y garantías jurídicas.
Europa envejece, necesita trabajadores, contribuyentes, inmigración. Pero políticamente habla cada vez más el lenguaje de los retornos, la disuasión y el control.
En algún lugar fuera del continente, diplomáticos europeos buscan ya un país dispuesto a albergar uno de los primeros campos de deportación de la Unión. Hay prisa para hacerlo. “Cada mes de retraso es un mes en el que el sistema falla”, ha defendido el eurodiputado liberal holandés Malik Azmani. Y añade: “Europa no puede permitirse otro estancamiento”.
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