El mismo día en que entra en vigor el nuevo sistema de ayudas por la guerra con Irán, con el descuento por litro de hidrocarburo como medida estrella, el Ministerio de Consumo ha lanzado un aviso directo a las gasolineras: quien intente aprovechar la ayuda para inflar sus márgenes en lugar de trasladarla al consumidor, quedará señalado.
El ministerio activa una lista pública de gasolineras con «comportamiento anómalo» y obliga a todos los operadores mayoristas a desglosar sus costes reales hasta final de año
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El mismo día en que entra en vigor el nuevo sistema de ayudas por la guerra con Irán, con el descuento por litro de hidrocarburo como medida estrella, el Ministerio de Consumo ha lanzado un aviso directo a las gasolineras: quien intente aprovechar la ayuda para inflar sus márgenes en lugar de trasladarla al consumidor, quedará señalado.
El nuevo sistema llega tras el fin de la rebaja del IVA de los carburantes, que desde marzo se aplicaba al tipo reducido del 10% en lugar del 21% habitual. En su lugar, el Gobierno ha optado por un descuento directo en el surtidor que irá reduciéndose de forma escalonada durante el verano: 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre, hasta desaparecer en octubre, salvo que una nueva escalada de precios obligue a reactivar medidas adicionales.
Junto a este nuevo descuento, el Gobierno ha querido blindar desde el primer día que la ayuda llegue íntegra al consumidor. La reforma del Real Decreto-ley 7/2026, aprobada este lunes en el Consejo de Ministros y vigente desde hoy, crea una lista pública de estaciones con «comportamiento anómalo» en la web de la CNMC, el organismo encargado de vigilar los márgenes de beneficio de todas las gasolineras del país para dar a consumidores y usuarios la posibilidad de reclamar.
De esta manera, la CNMC podrá comprobar en qué estaciones los precios suben sin que esa subida se corresponda con un aumento real de costes, y los nombres de las gasolineras donde se detecten indicios de abuso se harán públicos. Hasta ahora, esta obligación de reportar costes recaía solo sobre los operadores con capacidad de refino en España; con la reforma, se extiende a todos los operadores al por mayor, que deberán desglosar sus costes reales y precios de venta hasta el 31 de diciembre de 2026. No hacerlo se considerará infracción grave, lo que eleva de forma notable la presión regulatoria sobre todo el sector mayorista de carburantes.
La lista pública, además de actuar como mecanismo disuasorio, servirá de base para que los consumidores puedan reclamar directamente al titular de la gasolinera o, en su caso, ante las autoridades de consumo. Para ello, las estaciones tendrán que habilitar un canal de reclamación visible, accesible y gratuito -en el propio establecimiento y en su web- que deberá mantenerse activo hasta tres meses después de salir de la lista. La norma introduce también la responsabilidad compartida: si el precio lo fija un tercero, la gasolinera estará obligada a facilitar al consumidor los datos del distribuidor mayorista para que pueda reclamar directamente contra él, evitando así que el establecimiento cargue con responsabilidades que no le corresponden.
Y si la gasolinera rechaza la reclamación, no podrá simplemente cerrar la puerta, deberá informar al consumidor de las vías disponibles para resolver el conflicto sin acudir a los tribunales, explicarle cómo acceder a ellas y facilitarle los datos de los organismos competentes para que pueda ejercer sus derechos. Con todas estas medidas, el Gobierno busca que la ayuda aprobada para aliviar el impacto de la crisis con Irán llegue íntegra al bolsillo del consumidor, y no se quede, total o parcialmente, en manos de quienes deberían limitarse a trasladarla.
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