La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una operación coordinada en doce provincias de seis comunidades autónomas contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario, que ha conllevado la personación de más de 170 funcionarios en 41 locales de empresas de intermediación de compraventa y alquiler tras analizar denuncias sobre posibles cobros en efectivo no declarados.
La actuación afecta a 49 empresas y empresarios y a 18 personas físicas vinculadas al sector
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La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una operación coordinada en doce provincias de seis comunidades autónomas contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario, que ha conllevado la personación de más de 170 funcionarios en 41 locales de empresas de intermediación de compraventa y alquiler tras analizar denuncias sobre posibles cobros en efectivo no declarados.
Según ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado, el dispositivo denominado ‘Insulae’ supone el inicio de comprobaciones inspectoras a 49 sociedades y empresarios, así como a 18 personas físicas vinculadas, entre las que se encuentran socios, administradores y personas del entorno familiar.
Por comunidades autónomas, el dispositivo desplegado alcanza a locales situados en la Comunidad Valenciana (19), Andalucía (7), Cataluña (5), Madrid (5), Canarias (4) y Baleares (1), participando personal del Área de Inspección, de las Unidades de Auditoría Informática y del Servicio de Vigilancia Aduanera.
En este sentido, desde el Ministerio de Hacienda han señalado que la operación se enmarca en un momento de «crecimiento sostenido» en el que las agencias inmobiliarias ya participan en la intermediación del 70% de las operaciones de compra y alquiler de viviendas en España, detectándose denuncias que apuntan a una «posible existencia de una bolsa de fraude» en las sociedades objeto de la presente actuación operativa.
Así, desde el Ministerio han detallado que este fraude sería consencuencia de la utilización de «dinero en efectivo para el cobro de comisiones no declaradas» o de «cantidades irregulares como comisiones a inquilinos prohibidas por la Ley de Vivienda», además de cobros que tampoco habrían sido declarados por prestación de servicios como la emisión de informes o la realización de visitas a la vivienda.
Asimismo, la Agencia Tributaria ha realizado un estudio de los socios que puedan presentar «signos externos de riqueza no justificados por las actividades declaradas», ante la sospecha de que las ventas ocultas se estén materializando en incrementos patrimoniales en los mismos.
De esta manera, mediante las acciones desarrolladas de forma simultánea en los locales seleccionados, Hacienda ha podido acceder a información de vital importancia para la realización de la labor inspectora (documentación e información contable o auxiliar real existente, en papel y en los sistemas informáticos de procesamiento de la información).
Así, las inspecciones se seguirán desarrollando en los próximos meses a partir de esta obtención de pruebas iniciales, con el fin de «regularizar todos los incumplimientos detectados», apoyándose en las directrices del Plan de Control de la AEAT para 2026, que inciden en aquellos contribuyentes que realicen un uso intensivo de efectivo, o que ostenten signos de riqueza, patrimonio o rentabilidad, «incoherentes con sus rentas declaradas».
Con esta intervención sectorial, la Agencia Tributaria suma 27 macrooperaciones sectoriales coordinadas en algo más de una década, con el objetivo añadido de «transmitir un mensaje disuasorio a los colectivos involucrados en estas prácticas».
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