El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha multado con 750.000 euros a la empresa que puso en marcha la rifa de un coche de lujo de un ‘youtuber’ residente en Andorra, EBR Management SLU, por cometer una infracción administrativa considerada muy grave por la ley de regulación del juego.
Consumo ha sancionado la realización del sorteo porque no tenía la autorización necesaria que establece la Ley del Juego, y que la empresa nunca solicitó
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El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha multado con 750.000 euros a la empresa que puso en marcha la rifa de un coche de lujo de un ‘youtuber’ residente en Andorra, EBR Management SLU, por cometer una infracción administrativa considerada muy grave por la ley de regulación del juego.
Según explica el Ministerio en un comunicado, la empresa ofrecía una rifa -disponible desde el 24 de diciembre de 2024 y hasta el 6 de enero de 2025– a través de su web, en la que se podía participar desde direcciones de internet (IP) españolas.
La rifa, prosigue el ministerio, fue promocionada a través de las redes sociales de un conocido ‘influencer’ español, al que no identifica, residente en Andorra, aunque la empresa EBR Management SLU está vinculada a David Cánovas TheGrefg, y el coche de lujo que se sorteaba era de su propiedad.
Para participar en el sorteo, los participantes compraban un fondo de pantalla digital (‘wallpaper’) que comercializaba dicha empresa por un euro y esta compra daba derecho a una participación en el sorteo de un vehículo valorado en ese momento en más de 75.000 euros y que, según el dueño, había costado 120.000 euros.
En total, hubo 376.850 compras de estos fondos de pantalla digital.
Consumo ha sancionado la realización del sorteo porque no tenía la autorización necesaria que establece la Ley del Juego, y que la empresa nunca solicitó.
Previamente a la sanción, la dirección general de ordenación del juego inició un expediente sancionador al entender que la actuación de la empresa es constitutiva de una infracción muy grave.
Finalmente, por resolución de la dirección general de consumo se le impone una multa de 750.000 euros.
La empresa interpuso recurso, según explica Consumo, que fue desestimado por el Ministerio y tampoco se aceptó la reducción de la sanción.
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