Cuenta atrás para el IVA de los pisos turísticos, una «medida de escaparate» que ‘sale a devolver’ a los propietarios

Todos los pisos turísticos comenzarán a pagar un 10% de IVA a partir del próximo 1 de diciembre. El Gobierno incluyó esta medida dentro de uno de los dos decretos Maricarmen publicados en el BOE que están pendientes de aprobación en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados con el propósito de acercar su tratamiento fiscal al de otras actividades de alojamiento. Moncloa cree que esta fórmula puede ser una manera de combatir la proliferación de pisos turísticos que han inundado el centro de las grandes ciudades españolas y que puede desincentivar a los propietarios de poner sus viviendas en el mercado del alquiler de corta estancia en detrimento de los arrendamientos de larga temporada.

La realidad, sin embargo, puede ser muy distinta y la medida, lejos de desanimarlos, podría tener un efecto muy limitado sobre los arrendadores porque lo que tributan por un lado, se lo deducen por el otro. Hasta ahora, los apartamentos turísticos sin servicios propios de la hostelería como limpieza durante la estancia, lavado de ropa o restauración, estaban exentos de IVA; en consecuencia, los propietarios no se deducían ningún gasto asociado a esa actividad. En poco más de mes y medio, las dos cosas cambiarán y el arrendador de un piso turístico tendrá que tributar por el IVA pero también podrá desgravarse lo abonado en gastos como limpieza, pintura o fontanería en el piso en cuestión. Según la ciudad y el precio al que alquile la vivienda, el resultado puede acabar siendo lo comido por lo servido, es decir, que lo que paguen por IVA se lo acaben devolviendo en desgravaciones, «y por tanto le va a compensar seguir alquilando», señala Blanca Llopart de Mercader, abogada y socia del despacho CIM Tax & Legal. O dicho de otra forma, la medida no cumplirá con el objetivo que parece buscar el Ejecutivo.

José María Mollinedo, secretario general del sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha, abunda en esta cuestión y señala que «hay elementos esenciales en la actividad sujetos a IVA como la luz, la limpieza (siempre que se contrate a una empresa y no a una persona), las reformas, el mobiliario, la pintura o la fontanería que ahora se podrán deducir». En su opinión, en lugares donde las rentas sean más altas, la tributación del IVA seguirá siendo mayor que las cantidades totales que un propietario pueda deducirse porque esos gastos de mantenimiento, aunque frecuentes, no lo son tanto como para igualar la otra partida. En cualquier caso, tampoco cree que esto desanime a los dueños de los pisos turísticos a la hora de ponerlos en el mercado porque cree que les sigue compensando.

Sobre todo si el propietario repercute el impuesto al precio que tendrá que soportar el turista, escenario al que conceden más probabilidades en el sector. En ese caso, el dueño del inmueble trasladará al visitante el importe del IVA, de manera que su margen seguirá siendo el mismo que hasta ahora y los viajeros pagarán más por su estancia. «Se puede pensar que la demanda se podría resentir por el encarecimiento, pero tendría que reducirse muchísimo para acabar dando la vuelta al mercado y que a los caseros les compense más el arrendamiento de larga estancia que el de corta estancia», comparte Mollinedo.

Para Blanca Llopart, la medida es una «política de escaparate» en un momento clave como el actual, donde la crisis de acceso a la vivienda ha detonado la carrera electoral hacia las urnas el 29 de noviembre. A la hora de aterrizarla, no cree que la iniciativa sirva para desincentivar a los propietarios y señala que la clave está en la decisión final del propietario de repercutir o no el IVA a los inquilinos. «Si no lo hace, pierde una ventaja competitiva», por lo que se inclina a pensar que lo terminarán haciendo. «Es una propuesta muy vistosa, pero su impacto en números reales no será tanto como se pretende hacernos ver. Además de los viajeros y turistas, los más afectados serán los propietarios de pisos turísticos que no estén profesionalizados, las personas físicas, que soportarán más carga administrativa para que les salgan las cuentas».