El aspecto exterior de cualquiera de los tres centros de datos que Amazon Web Services (AWS) opera en España desde 2022 es el propio de una base militar. Una primera valla de varios metros de altura con postes y cámaras de vigilancia protege cada una de estos complejos. Una segunda, ya dentro del recinto, confirma la sensación de seguridad extrema que rodea a estos edificios repletos de servidores.
La regulación no obliga a las empresas a informar sobre los recursos usados en sus granjas de servidores. Datos obtenidos por EL PAÍS permiten estimar cuánta agua utiliza una de las instalaciones de AWS en Aragón
El aspecto exterior de cualquiera de los tres centros de datos que Amazon Web Services (AWS) opera en España desde 2022 es el propio de una base militar. Una primera valla de varios metros de altura con postes y cámaras de vigilancia protege cada una de estos complejos. Una segunda, ya dentro del recinto, confirma la sensación de seguridad extrema que rodea a estos edificios repletos de servidores.
Hace ahora dos años que Amazon, a través de su filial de servicios de computación AWS, abrió en España su primer clúster regional en el sur de Europa. En total, tres centros de datos separados por menos de 80 kilómetros en las provincias de Zaragoza y Huesca. En mayo pasado la empresa anunció sus planes para ampliar los tres complejos y añadir otros dos a su red, mediante un megaproyecto que la tecnológica estadounidense considera clave para su negocio global.
Pero la carrera por entrenar, alojar y ejecutar modelos de inteligencia artificial (IA) cada vez más grandes tiene un precio. Las enormes infraestructuras que los gigantes de Internet se están apresurando a construir requieren unas cantidades de recursos inéditas. Entre ellos sobresale la energía, pero en contextos climáticos como el español también preocupa el uso intensivo de agua. Unos impactos medioambientales en torno a los que cada vez más voces están emitiendo señales de alarma.
Sin embargo, poner cifras a ese impacto es una tarea ardua. Las grandes tecnológicas no informan sobre cuánta energía y cuánta agua usan en sus diferentes centros de datos repartidos por el planeta. Tampoco lo hace AWS para sus complejos en los municipios aragoneses de El Burgo de Ebro, Villanueva de Gállego y Huesca.
Con el ánimo de ofrecer una foto realista de cuál es hoy la huella medioambiental de este sector en plena expansión, durante varios meses EL PAÍS ha solicitado a diferentes administraciones datos sobre la sostenibilidad de los centros de AWS en Aragón en su primer año de vida. Las respuestas obtenidas y las fuentes consultadas en esta investigación reflejan la opacidad que rodea a una industria millonaria y sedienta de recursos. Pero también la falta de mecanismos por parte de las autoridades para fiscalizar al sector privado.
Agua de abastecimiento público
Por su aspecto exterior parece que los centros de datos de Amazon en Aragón quisieran pasar desapercibidos. Aunque el tamaño de sus edificios los delata fácilmente, ninguno cuenta con grandes carteles con el nombre o el logo en forma de sonrisa que identifica a la empresa.
Ubicados en polígonos industriales con amplias parcelas vacías, los centros de El Burgo, Villanueva y Huesca cuentan con una estructura parecida hecha por grandes naves. Junto a estos edificios, que alojan a los servidores, están adosados varios tanques plateados. Dentro de ellos se almacena el agua, un elemento crítico para su buen funcionamiento.
Demasiado calor en las tripas de un centro de datos puede provocar el sobrecalentamiento de los ordenadores y un fallo en los equipos. Para evitarlo, AWS utiliza ventiladores que captan el aire del exterior y lo impulsan hacia el interior del complejo. En climas como el de Aragón el problema está en las altas temperaturas de los meses de verano, cada vez más sofocantes.
Según la documentación de la empresa, cuando en el exterior se superan los 29.4 grados se hace imprescindible activar el sistema de enfriamiento por evaporación de agua. Es entonces cuando por las tuberías de estos centros corren litros de agua tratada que llegan hasta los ventiladores responsables de la climatización. Desde su encendido en noviembre de 2022, los tres complejos están conectados a la red de abastecimiento municipal de agua potable.
A través de la ley de transparencia EL PAÍS ha solicitado a los tres municipios datos sobre la evolución reciente en el consumo de agua industrial. Únicamente el consistorio de Huesca ha ofrecido cifras. Desde el inicio de operaciones del centro de AWS, el consumo hídrico para uso industrial en la capital oscense ha aumentado anualmente en 62 millones de litros (62.000 metros cúbicos), según los datos obtenidos por este diario.
Una cifra superior a las estimaciones que la empresa publicó en los informes previos a su construcción, que pronosticaban un uso de 36 millones de litros anuales. El padrón municipal que recoge el volumen de agua para uso industrial no discrimina entre los clientes conectados a la red. Pero las fuentes locales consultadas confirman que en el periodo analizado (2021 a 2023, último año con datos) AWS fue la única industria intensiva en uso de agua que se instaló aquí.
“Un clavo más en el ataúd”
¿Son estas cifras elevadas para un territorio como Aragón? Ricardo Aliod es investigador en la Fundación Nueva Cultura del Agua. Cuando se le enseñan los datos, este experto los pone en contexto frente a otras industrias muy presentes en estas tierras, como la porcina, muy demandantes de agua. O frente a cultivos agrícolas muy comunes aquí como la alfalfa y el maíz.
“Este aumento supone un uso elevado respecto a los usos urbanos. (…) Pero las cifras palidecen frente al regadío”, asegura. A continuación deja claro que cualquier uso nuevo es un problema en un territorio en situación de alto estrés hídrico, según los criterios de la UE. “Estamos consumiendo más agua de la que disponemos. Así que cualquier uso de consumo nuevo es un clavo sobre el ataúd. Es una nueva presión”, advierte.
Con todo, estos datos son solo una pequeña aproximación a cuál puede ser a día de hoy la huella hídrica real de estos centros. Las cifras obtenidas sólo corresponden al agua usada para refrigeración, pero no contemplan por ejemplo cuánta agua se utiliza para la producción de energía que precisan.
Otro punto clave ayuda a entender la dificultad para conseguir información de primera mano en torno a estas infraestructuras. Desde su aterrizaje en Aragón, AWS ha exigido a las diferentes administraciones con las que trabaja la firma de estrictos acuerdos de confidencialidad, según reconocen varios cargos públicos de la región. La firma de estos documentos es una práctica muy extendida entre las tecnológicas estadounidenses, que en ocasiones incluso impide conocer la verdadera identidad de la empresa detrás de los proyectos.
Una regulación europea en curso
EL PAÍS también ha llamado a la puerta de otras administraciones en busca de respuestas. El pasado año la Comisión Europea aprobó, como parte de su directiva de eficiencia energética, un reglamento específico sobre estas infraestructuras. La norma insta a las empresas del sector a aumentar su transparencia y pide a los Estados miembros que recopilen, directamente de los operadores, datos sobre sostenibilidad. Como su consumo total de agua o el porcentaje de fuentes renovables sobre el total de energía usada.
Sin embargo, ante una solicitud dirigida al Gobierno español para acceder a estos datos sobre las instalaciones de AWS, desde el Ejecutivo aseguran no contar con esta información. Y remiten la petición a las autoridades comunitarias. A su vez, desde el dirección general de Energía de la Comisión esgrimen el carácter confidencial de estos datos y los “intereses comerciales” en juego para no hacerlos públicos.
Este departamento trabaja hoy en la creación de una base de datos europea con la información aportada por las compañías. Grupos ecologistas han criticado que en la práctica las empresas no están hoy obligadas a ofrecer esta información, señala Fieke Jensen, investigadora de la Universidad de Amsterdam. Y que además es responsabilidad de cada Estado el nivel de transparencia que se aplica a un sector en pleno crecimiento y sobre cuyo impacto la propia Comisión ha mostrado su preocupación.
Así, estados como Países Bajos cuentan ya hoy con una plataforma pública que permite acceder a los datos aportados voluntariamente por las empresas. España carece a día de hoy de una plataforma de este tipo. Fuentes del ministerio de Transición Ecológica, a preguntas de EL PAÍS, no aclaran si está entre los planes del Ejecutivo crear un portal similar.
Jensen añade un punto más para explicar las limitaciones de esta normativa. Cuando esté disponible la base de datos europea publicará datos agregados a nivel país, pero no el detalle sobre el consumo de recursos en una región concreta. Lo cual impedirá usar esta información “para crear y discutir sobre políticas locales o nacionales”, opina. “Si se publicara por ejemplo cuánta energía consumen todos los centros que hay en Amsterdam, se podría abrir un debate público sobre el tema”.
Garantías ante un escenario límite
A apenas veinte minutos del centro de Zaragoza está el polígono de El Espartal (El Burgo). Aquí se ubica uno de los centros de Amazon en Aragón. Un trajín constante de obreros y maquinaria se mueve hoy alrededor del recinto. Detrás de las dos naves ya activas se está levantando un nuevo edificio con varios tanques anexos de gran tamaño.
En julio pasado AWS pidió al Gobierno autonómico permiso para “modificar la estrategia para la gestión del agua” en sus instalaciones. Estos cambios suponen ampliar la capacidad de los tanques de agua. Desde estas torres, que en El Burgo se han trasladado a una nueva ubicación, viaja hasta las unidades de refrigeración de aire en los meses más calurosos.
Para justificar estos cambios AWS reconoce que “el cambio climático provocará unas condiciones medioambientales cada vez más variables y extremas” en este territorio. Y que por tanto se hace imprescindible “reducir la dependencia” del suministro público ante contextos de escasez.
Una de las preguntas que sobrevuelan el megaproyecto de Amazon es qué ocurrirá en periodos de falta persistente de lluvias. “En tiempos de sequía, ¿a quién, de quién y de dónde se van a detraer los caudales necesarios para alimentar estas instalaciones?”, preguntó en junio pasado el diputado autonómico de Izquierda Unida Álvaro Sanz a la Consejera de Economía.
Varios meses después Sanz asegura a EL PAÍS que todavía no ha obtenido una respuesta del Ejecutivo y critica la falta de “estimaciones serias de caudal y de las necesidad de abastecimiento de estos centros”. Tampoco, añade, de los acuerdos firmados con la empresa para garantizar los suministros en todo momento. “No se está haciendo ningún análisis serio de las necesidades de recursos ambientales que esto supone”, advierte.
Ante el evento de una hipotética sequía prolongada, fuentes del Gobierno aragonés, responsable de los permisos medioambientales del proyecto, descargan la responsabilidad de marcar las restricciones pertinentes sobre los ayuntamientos. Por su parte, desde el consistorio de Huesca -único municipio que ha respondido a las preguntas de EL PAÍS- mantienen que el suministro de agua está “asegurado” gracias a las mejoras hechas en los últimos años en la red.
Los representantes de AWS en España no han respondido a la pregunta de si los centros adaptarán su funcionamiento o tomarán alguna medida excepcional ante un escenario de este tipo. Tampoco han ofrecido datos relacionados con la sostenibilidad de sus complejos desde el inicio de operaciones.
Aurora Gómez es la impulsora de Tu Nube Seca Mi Río, un grupo activista que nació como respuesta al centro que la multinacional Meta planea construir en Castilla-la Mancha. Junto a varias entidades ecologistas más este colectivo presentó en enero una lista de alegaciones a la expansión del clúster aragonés de Amazon. Criticando, entre otros puntos, las elevadas necesidades de recursos expresadas por la compañía, pero también las dificultades para acceder a datos independientes sobre sus usos.
“Nos están negando el acceso a la información”, apunta Gómez. Para esta activista existe una “intencionalidad clara” en el cerrojo informativo que aplican las grandes empresas del sector, el cual dificulta la implicación de la sociedad civil en el debate. “Si no hay una ciudadanía informada no se puede actuar”, sentencia.
La investigación en la que se basa este reportaje se hizo con el apoyo de JournalismFund Europe y el Centro Pulitzer.
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