<p>El ex secretario de Estado de <strong>Fernando Grande Marlaska</strong>, <strong>Rafael Pérez</strong>, que decidió abandonar su cargo de <i>número dos</i> en el Ministerio de Interior el pasado mes de mayo coincidiendo con las presiones que estaba recibiendo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha aterrizado en el Tribunal Supremo. La dimisión de Pérez se produjo después de que saliese a la luz la campaña orquestada por la que fuera militante del PSOE y <i>fontanera </i>del partido, <strong>Leire Díez</strong>, contra la UCO; unidad encargada de investigar la corrupción que acecha en la actualidad al Gobierno.</p>
La dimisión de Rafael Pérez se produjo después de que saliese a la luz la campaña orquestada por la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez contra la unidad de la Guardia Civil encargada de investigar la corrupción
El ex secretario de Estado de Fernando Grande Marlaska, Rafael Pérez, que decidió abandonar su cargo de número dos en el Ministerio de Interior el pasado mes de mayo coincidiendo con las presiones que estaba recibiendo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha aterrizado en el Tribunal Supremo. La dimisión de Pérez se produjo después de que saliese a la luz la campaña orquestada por la que fuera militante del PSOE y fontanera del partido, Leire Díez, contra la UCO; unidad encargada de investigar la corrupción que acecha en la actualidad al Gobierno.
Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, Pérez ha sido adscrito a la presidenta del Alto Tribunal, la magistrada Isabel Perelló, gracias a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que pactaron Partido Socialista y Partido Popular cuando llegaron a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 25 de junio 2024.
La reforma legal que promovieron socialistas y populares tenía como objetivo endurecer las puertas giratorias entre los miembros de la judicatura y los cargos políticos; no considerando un impedimento para cumplir esta premisa el buscar alternativas profesionales atractivas a quienes ellos eligieron para ser sus altos cargos gubernamentales.
La modificación del apartado 3 del artículo 358 de la citada LOPJ fue aprobada en plenas vacaciones de verano -la reforma está fechada el 2 de agosto de 2024-, y ha permitido ahora al ex secretario de Estado de Marlaska incorporarse, en situación administrativa de servicios especiales, al Gabinete del Supremo durante el plazo de dos años.
La citada modificación legal sostiene que los jueces o magistrados no podrán reingresar al servicio activo en la carrera judicial hasta dos años después del cese en el cargo que motivó la excedencia voluntaria. Por ello, si solicitan finalmente el reingreso, durante los dos años siguientes a su cese, la Ley establece que «los que provengan de un cargo político o de confianza o de cargos públicos representativos de ámbito europeo o estatal, quedarán adscritos orgánicamente al presidente del Tribunal Supremo».
A su vez, la LOPJ recoge que «una vez transcurrido el plazo, tendrán derecho a reintegrarse en su plaza de origen o en la plaza que se les haya adjudicado por concurso o, si así lo eligen, a ser destinados a una vacante de su categoría en la provincia o comunidad autónoma donde prestaran servicios antes de su excedencia».
Se trata de una salida que permite a los cargos de confianza, como es el caso de Pérez, ocupar una plaza cómoda -con buenas condiciones laborales- y a su vez quedar apartado de la función jurisdiccional. No en vano se especifica que la adscripción a la presidenta del Supremo se debe producir «sin merma de sus derechos y pudiendo concursar a otros destinos».
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces informan a EL MUNDO que el ex número dos de Interior tiene plaza en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid, aunque ahora su destino sea el Alto Tribunal, adonde ya se ha incorporado después de que el pasado 10 de junio, la Comisión Permanente del CGPJ diese el visto bueno a la continuidad del ex secretario de Estado de Interior en situación de servicios especiales.
Rafael Pérez argumentó «razones personales y familiares» cuando decidió abandonar al ministro Marlaska en su aventura política. Fuentes de su entorno apuntaron al desgaste sufrido con el paso de los años en un cargo como el de la máxima seguridad dentro de Interior.
En el Ministerio de Marlaska, este juez de carrera era la persona que tenía una relación más intensa con los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Su renuncia no pasó desapercibida ya que se produjo cuando las presiones políticas sobre la UCO se habían multiplicado. Pérez presentó su renuncia una semana antes de que la Guardia Civil entregara al magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo, el demoledor informe que ha llevado al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a prisión por delitos de cohecho y organización criminal por el presunto amaño de obras públicas.
Junto al caso Koldo, la UCO lleva muchos meses investigando otras causas especialmente sensibles para el Gobierno y el presidente Pedro Sánchez como son la presunta filtración cometida por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre el novio de Ayuso; el supuesto tráfico de influencias de Begoña Gómez; o, la colocación a dedo de David Sánchez Pérez-Castejón en un puesto la Diputación Provincial de Badajoz.
La incorporación de Rafael Pérez al Tribunal Supremo tiene efectos desde el pasado 4 de junio, según recoge el Boletín Oficial del Estado.
España
