El Gobierno ha aprobado este martes una reforma de la Ley de Financiación de Radiotelevisión Española (RTVE) que ‘perdonará’ a RTVE el conflicto con Hacienda que amenazaba con causarle un quebranto económico de 940 millones de euros, de los que más de 200 millones eran salida de caja, en el llamado ‘agujero del IVA’ que destapó EL MUNDO.
Aprueba una modificación retroactiva de la ley para enterrar los problemas judiciales entre el ente público y Hacienda y evitar un rescate
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El Gobierno ha dado su brazo a torcer y ha aprobado este martes la modificación de la Ley de Financiación de Radiotelevisión Española (RTVE) que permitirá al ente público contar como coste del servicio público audiovisual los impuestos que no le resulten deducibles, una modificación que viene a evitar que se agrande el llamado «agujero del IVA» que supera los 940 millones de euros.
«Es obligación del Estado asegurar una financiación suficiente del servicio público cuya prestación se encomienda por ley a CRTVE, siendo el equilibrio económico-financiero de ésta una condición necesaria para su adecuada prestación», asegura Hacienda en la nota de prensa publicada tras el Consejo de Ministros donde se ha tomado la decisión.
Hacienda tiene judicializadas todas las cuentas de RTVE por la forma en la que se deduce el IVA desde el ejercicio 2015 en un proceso que los propios auditores de la empresa pública alegan que puede suponer un impacto de hasta los 940 millones en el balance de la sociedad.
La disputa se basa en que RTVE, y el resto de televisiones autonómicas, no pueden deducirse el IVA como una compañía privada, ya que gran parte de sus ingresos vienen de subvenciones. Por ello, a la hora de aplicarse las deducciones tiene que usar una fórmula, la llamada prorrata, para determinar qué parte de los impuestos que soporta pueden deducirse, ya que pertenecen a la rama comercial de la compañía, que sí está gravada.
Determinar esto es un ejercicio contable en el que sistemáticamente Hacienda ha considerado que el ente dirigido en la actualidad por José Pablo López se deduce muchos más fondos de los que debería, por lo que las inspecciones de Hacienda han ido elevando actas que han acabado en los tribunales y sobre lo que previsiblemente decidirá el Supremo.
En un caso similar, Telemadrid ya sufrió un fallo adverso en la Audiencia Nacional, mientras que RTVE acumula pronunciamientos en contra en instancias superiores y solo ha conseguido alguna estimación parcial de sus recursos.
Para el Gobierno, existe un incentivo claro para solucionar el problema y es que se trata de una disputa fratricida. El dueño de RTVE en última instancia es el Ministerio de Hacienda a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Por lo tanto, si se cumplen los pronósticos en los tribunales, Hacienda tendrá que invertir el dinero recaudado en rescatar a la televisión, algo que ocurriría con un préstamo participativo de la Sepi, que tensionaría el balance del holding público y no podría hacerse sin levantar deuda o recibir fondos del Fisco. Por el camino, un elevado gasto en abogados, asesores para la operación en dos sociedades que no viven una situación económica precisamente desahogada.
Ahora, el nuevo marco permitirá que RTVE cargue contra el estado los impuestos que no pueda deducirse, lo que previsiblemente aumentará el coste que tiene mantener la radiotelevisión pública a los españoles, algo que viene sucediendo en los últimos años, donde la aportación que se realiza por parte del Ejecutivo a través de los presupuestos sigue siendo de 480 millones, pero se ha complementado con algunas inyecciones de fondos extraordinarias.
La medida, eso sí, no es retroactiva, por lo que la batalla judicial entre Hacienda y RTVE continuará hasta la última instancia que marca el Tribunal Supremo.
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