«El artículo 2.17 del Real Decreto-ley 25/2020 de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, impide facilitar la información que solicitan sus señorías». Con esta justificación el Gobierno ha rechazado dar respuesta a las preguntas remitidas por escrito por el Partido Popular solicitando información y aclaraciones acerca de la presunta relación mantenida por el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el rescate, por valor de 53 millones de euros, de la compañía aérea Plus Ultra.
Justifica su negativa a responder a las preguntas del PP con una norma que declaraba secretos los datos en poder del Consejo Gestor del Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas y de la SEPI
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«El artículo 2.17 del Real Decreto-ley 25/2020 de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, impide facilitar la información que solicitan sus señorías». Con esta justificación el Gobierno ha rechazado dar respuesta a las preguntas remitidas por escrito por el Partido Popular solicitando información y aclaraciones acerca de la presunta relación mantenida por el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el rescate, por valor de 53 millones de euros, de la compañía aérea Plus Ultra.
El PP se dirigió al Ejecutivo interesándose por la afirmación de Víctor de Aldama, el «nexo corruptor» de la trama de mascarillas, según la cual el ex presidente Zapatero estuvo involucrado en el rescate de la aerolínea y acudió al Ministerio de Transportes para influir en favor del mismo ante el entonces ministro José Luis Ábalos. A raíz de aquel encuentro, y según la versión de Aldama, Ábalos llamó al presidente Pedro Sánchez para trasladarle la petición de Zapatero. En esa llamada el ministro habría recibido la orden de Sánchez de hacer todo lo posible para que el rescate se produjera.
Fue entonces cuando, según se describe en el escrito de preguntas remitido por el PP al Gobierno, se encargó un informe técnico sobre la posibilidad de rescatar a la compañía. El informe, añade el escrito de los populares, fue negativo por «incumplir la compañía los requisitos mínimos exigibles».
La versión de Aldama insiste en que Sánchez, pese al informe negativo, ordenó que se llevara a cabo el rescate lo que dio lugar según cita el PP: a que se redactase un precontrato a favor de Plus Ultra con alguna compañía «lessor» que diese la apariencia a la aerolínea de disponer, bajo la forma de alquiler, de una flota de cuatro o seis aviones; que se emitiera por parte del Ministerio de Transportes un segundo informe favorable al rescate con datos y criterios no ajustados a la realidad y que Ábalos llamase a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para informarle de la orden de Pedro Sánchez a lo que esta habría respondido, siempre según Aldama, que ella «se encargaba de la SEPI«.
A cuenta de estas declaraciones del comisionista Víctor de Aldama, acusado pendiente de sentencia en el caso de las mascarillas, los populares requirieron al Gobierno para que aclarara «en qué fecha se produjo la reunión entre Zapatero y Ábalos» así como las «dos conversaciones entre Ábalos y el presidente Pedro Sánchez», «cuándo trasladó Sánchez a Zapatero que estaba de acuerdo con el rescate de Plus Ultra», «por qué se emitió un segundo informe favorable al rescate contradiciendo al primero» y, además, «si tiene intención el Gobierno de entregar el informe previo realizado por los técnicos emitiendo una valoración negativa y contraria al rescate».
En otros dos escritos de preguntas remitidos al Gobierno, el PP se interesa además por las comprobaciones que hizo el Gobierno sobre la compañía para concederle el rescate y si se han hecho indagaciones para determinar un posible uso indebido del dinero.
A todas estas cuestiones, el Gobierno replica acogiéndose a un decreto dictado a raíz de la pandemia según el cual «los datos , documentos e informaciones que obren en poder del Consejo Gestor y de SEPI (…) tendrán carácter reservado y, con las excepciones previstas en la normativa vigente, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos. Quedarán obligadas también a guardar secreto y a no utilizar la información recibida con finalidades distintas de aquella para la que les sea suministrada los auditores de cuentas, asesores legales y demás expertos independientes que puedan ser designados por el Consejo Gestor y por SEPI». Y a las preguntas relacionadas con la «intervención de terceras personas», simplemente responde con un escueto «no son ciertas».
Sin embargo, fuentes populares insisten en que el real decreto al que se acoge el Gobierno para no dar respuesta a sus preguntas protege, efectivamente, las operaciones llevadas a cabo durante la pandemia, entendiendo como tales aquellas que incluyen información clave de las empresas como pueden ser sus planes estratégicos, pero no puede ser el parapeto para, afirman, «ocultar actuaciones que deberían ser públicas» como los informes que se elaboraron para dar idoneidad a un rescate pagado con dinero de los españoles o las supuestas reuniones y gestiones del ex presidente del Gobierno con el entonces ministro de Transportes en beneficio de una compañía cuyo rescate, insiste el PP, «causó un gran desconcierto en el mundo económico español» y, además, ha derivado incluso en la detención del presidente y consejero delegado de la compañía por entender la Fiscalía Anticorrupción que hay indicios de fraude al Estado español por «uso indebido» de los 53 millones que se le concedieron. .
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