<p>El <a href=»https://www.elmundo.es/e/pp/pp-partido-popular.html»>Partido Popular</a> ha registrado una proposición de Ley en el Senado para evitar que el control de la protección de datos en Fiscalía quede en manos de un fiscal designado por el Gobierno. El partido de <strong>Alberto Núñez Feijóo</strong> denuncia que la nueva redacción dada al artículo 12.n del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMJ) cogido en la Ley Orgánica de Eficiencia del servicio público de justicia, impulsada por el Ministerio de Justicia que dirige <strong>Félix Bolaños</strong>, es «inconstitucional» y «contraria» al derecho de la Unión Europea.</p>
Considera que el cambio impulsado por el Ministerio de Justicia es «inconstitucional»
El Partido Popular ha registrado una proposición de Ley en el Senado para evitar que el control de la protección de datos en Fiscalía quede en manos de un fiscal designado por el Gobierno. El partido de Alberto Núñez Feijóo denuncia que la nueva redacción dada al artículo 12.n del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMJ) cogido en la Ley Orgánica de Eficiencia del servicio público de justicia, impulsada por el Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños, es «inconstitucional» y «contraria» al derecho de la Unión Europea.
El año 2021 entró en vigor la Ley Orgánica 7/2021 de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, donde se traspuso la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, y mediante la que se creó la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos del Ministerio Fiscal. Cinco años después esta unidad no ha sido puesta en marcha en la Fiscalía.
Hasta ahora, se establecía que los miembros de la Unidad debían ser juristas con más de quince años de experiencia y con conocimientos acreditados en materia de protección de datos, siendo competente para el nombramiento el pleno del Consejo Fiscal, por mayoría absoluta de sus miembros. El PP denuncia que a partir de ahora «el nombramiento, lejos de recaer en un jurista que tenga conocimiento sobre la materia, recaerá en un fiscal en servicio activo y por el mismo procedimiento previsto para el resto de cargos discrecionales».
En realidad, esta situación de irregularidad ya lleva produciéndose en el seno de la Fiscalía desde hace un lustro. En junio de 2020, la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, nombró a Agustín Hidalgo de Morillo como fiscal delgado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal. Hidalgo de Morillo es el marido de la fiscal jefe Inspectora, María Antonia Sanz, persona de la máxima confianza tanto de Delgado como de su sucesor, el imputado Álvaro García Ortiz. Por su parte, en los últimos meses, el papel del fiscal delegado ha sido, además, muy cuestionado por su inacción en el caso de la filtración del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Ahora, el Partido Popular denuncia en el Senado que la nueva reforma es «inconstitucional por no respetar la independencia requerida a la autoridad de control y, contrario a la normativa europea, primaria y derivada».
«En el Ministerio Fiscal con la redacción actual, la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos del Ministerio Fiscal, en lugar de ser un órgano independiente se convierte en una unidad más de la Fiscalía General del Estado, como si fuera la secretaría técnica o la unidad de apoyo. Si una de las características de la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos del Ministerio Fiscal, como autoridad de control, es su independencia parece claro que no lo puede nombrar quien debe ser controlado sin riesgo de poner en peligro la independencia de quien va a desempeñar la función. No es una autoridad independiente, es la propia autoridad quien ejerce la función», agregan.
Fuentes del grupo parlamentario del PP en el Senado destacan que el fiscal general «usó datos confidenciales de un particular para beneficiar al presidente del Gobierno y perjudicar a una rival política», en referencia al caso de la pareja de Ayuso. «Nos tememos que su asalto, vía la ley de eficiencia jurídica, a la autoridad que vigila que la Fiscalía cumple la ley de protección de datos no tiene ninguna buena intención», subrayan.
Por otro lado, en la Memoria de la Fiscalía del año 2021 se defendió que tenía que ser un fiscal el que asumiese la condición de fiscal responsable de la Unidad de Protección de Datos, afirmando que «una alternativa distinta, alguien extraño a la institución y, presumiblemente, ajeno y desconocedor de su organización, funcionamiento y singularidades, constituye una innecesaria e insólita excepción (…), siendo el único supuesto de externalización de un cargo para el ejercicio de funciones en el seno del Ministerio Fiscal».
Además, en la Memoria se reclamaba que fuese una plaza de la primera categoría, es decir, de fiscal de Sala.
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