El primer pacto autonómico de la nueva era entre el PP y Vox nace lastrado por dos palabras: «prioridad nacional». Es una expresión que se parece demasiado a «los españoles primero» como para obviar su impacto político. De hecho, en menos de 24 horas ha generado una oleada de controversias. Si Vox asegura que existe el compromiso de dar «prioridad» a los españoles a la hora de acceder a ayudas sociales y viviendas públicas, en la dirección nacional de los populares defienden que lo pactado no significa exactamente eso, aunque Vox «lo adorne, como es lógico», sino que se han quedado a medio camino entre las pretensiones de uno y otro.
Génova aclara que los incentivos sociales y de vivienda no se otorgarán por nacionalidad. Los criterios serán el empadronamiento y «la vinculación» con el territorio
El primer pacto autonómico de la nueva era entre el PP y Vox nace lastrado por dos palabras: «prioridad nacional». Es una expresión que se parece demasiado a «los españoles primero» como para obviar su impacto político. De hecho, en menos de 24 horas ha generado una oleada de controversias. Si Vox asegura que existe el compromiso de dar «prioridad» a los españoles a la hora de acceder a ayudas sociales y viviendas públicas, en la dirección nacional de los populares defienden que lo pactado no significa exactamente eso, aunque Vox «lo adorne, como es lógico», sino que se han quedado a medio camino entre las pretensiones de uno y otro.
En realidad, aseguran en Génova, la traslación real de esa medida es que no se penalizará a nadie por su pasaporte, sino que habrá un «incentivo» que será «baremable» en función del «arraigo» en el territorio, pero no de la nacionalidad. Es decir, la ventaja se otorgará en función del número de años que lleve empadronada esa persona.
El pacto del PP con la formación ultra dice, literalmente: «Se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional», pero «adecuado a la legalidad vigente». El texto consensuado añade que ese sistema debe procurar «la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo» y para quienes tienen «vínculos» familiares, laborales, de cotización y sociales con Extremadura.
Que fundamentalmente son españoles, claro, pero no se les daría prioridad por el hecho de serlo, sino por su «antigüedad» y «vinculación» con el territorio. Algo que se podría extender al resto del territorio nacional, como incentivo. «Lo de que se priorizará sólo a los españoles no es exactamente así», matizan en Génova. «Lo que se va a aplicar es arraigo y vinculación nacional, que es lo legal y lo razonable», razonan.
«La partida de nacimiento no determina la prioridad en las ayudas», rechazan de manera tajante en el equipo de Feijóo. «Un español no estará por encima de otra persona de otro país. Son umbrales de arraigo. Es una baremación», afirman a este diario fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo. No se trata de un choque con Vox, sino de la explicación de la realidad que hay detrás del enunciado de la medida.
Se incentivará a una persona que lleve mucho tiempo radicada en Extremadura, pero sin discriminarla por su lugar de procedencia. «Son criterios de incentivo» para quienes llevan más años viviendo en una zona, y no de penalización para los inmigrantes que llegan a España desde países pobres, huyendo de la miseria. «Valen igual para los daneses que para alguien de Marruecos», explican fuentes populares.
El Gobierno ya ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional a defenderse de cualquier medida del futuro Ejecutivo extremeño que contravenga el principio de igualdad. «El papel lo aguanta todo, pero les digo a la derecha y la ultraderecha que el Gobierno recurrirá ese acuerdo con toda la fuerza del Estado para defender los derechos y libertades de los extremeños si lo llevan a leyes autonómicas», dijo ayer Sánchez en Barcelona.
La contestación del PP es igual de categórica: «Si el Gobierno quiere recurrir cualquier cosa del acuerdo, aquí los esperamos», aseguran a este diario fuentes de Génova. «No hay nada dudoso ni ilegal», subrayan. De hecho, los equipos jurídicos de la dirección nacional de los populares «han mirado uno a uno cada tema y no han visto visos de ilegalidad en ninguno».
¿Por qué? Porque «prioridad nacional» es como se llama la medida, pero no es una definición exacta: sería más correcto hablar de «prioridad para las personas con más arraigo y vínculos, sin discriminarlas sólo por su origen, lo cual rozaría la xenofobia. El primer problema es cómo se barema un «vínculo».
El segundo, para Feijóo, es que el PP no ha asumido el fondo de la cuestión, pero sí el lenguaje nacionalista de Vox, y eso ha hecho que incluso Isabel Díaz Ayuso haya criticado el criterio de «prioridad nacional». A pesar de que, como recuerdan en Génova, en la Comunidad de Madrid se aplican también criterios de arraigo para otorgar más puntos en las políticas sociales a quienes lleven más años empadronados.
El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, también se ha desmarcado del pacto extremeño, por la sencilla razón de que él aspira a un pacto consigo mismo, sin tener que pagar ningún peaje a Vox. Para eso necesita reeditar la mayoría absoluta el próximo 17 de mayo.
Para el número dos de Vox, Ignacio Garriga, es un «hito histórico» que se apruebe «el principio de prioridad nacional como requisito imprescindible en las ayudas sociales y el acceso a la vivienda». «Es la primera vez que sucede en la historia política de España y será un eje estratégico tanto para el Gobierno extremeño como en futuros acuerdos».
Todos ganan, porque en el entorno de Feijóo rematan así: «Hemos ganado y ellos no pierden».
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