Hay decisiones políticas difíciles de comprender. Y otras que, por sus consecuencias y por la forma en que se adoptan, deberían provocar una reflexión más profunda sobre el respeto a nuestras instituciones democráticas.
Hay decisiones políticas difíciles de comprender. Y otras que, por sus consecuencias y por la forma en que se adoptan, deberían provocar una reflexión más profunda sobre el resp
Hay decisiones políticas difíciles de comprender. Y otras que, por sus consecuencias y por la forma en que se adoptan, deberían provocar una reflexión más profunda sobre el respeto a nuestras instituciones democráticas.
La decisión del PNV de respaldar la convalidación del RDL 29/2026 merece esa reflexión. Especialmente viniendo de una formación que ha construido buena parte de su prestigio sobre la seriedad, la estabilidad, la seguridad jurídica y la defensa del autogobierno.
Euskadi atraviesa una crisis de vivienda que no admite más experimentos. Hay 81.935 demandantes inscritos en Etxebide que buscan alquiler y los hogares del mercado libre destinan, de media, el 48,9% de sus ingresos a vivienda. Ante semejante situación, cabría esperar medidas dirigidas a incrementar la oferta y proporcionar seguridad a quienes todavía están dispuestos a alquilar.
El Gobierno ha elegido el camino contrario.
El RDL 29/2026 es un nuevo ejemplo de legislación a golpe de titular. Una amalgama de restricciones, obligaciones y procedimientos de compleja aplicación que presenta serios problemas de técnica legislativa. Lejos de aportar certidumbre, abre nuevos espacios de interpretación, conflicto y litigiosidad.
A ello se añade la alteración de las condiciones aplicables a contratos preexistentes. Con independencia de su calificación jurídica como retroactividad, modificar las reglas bajo las cuales se adoptaron decisiones patrimoniales erosiona la previsibilidad. Y sin previsibilidad no hay confianza, ni inversión, ni propietarios dispuestos a mantener indefinidamente sus viviendas en alquiler.
Además, se legisla a brochazos. Sin distinguir adecuadamente entre la capacidad económica de los propietarios ni entre las necesidades reales de los arrendatarios. Algunas medidas protegen situaciones de vulnerabilidad; otras benefician también a quienes no la padecen, trasladando sus costes a propietarios que pueden disponer de recursos mucho más modestos.
La paradoja es formidable: una política que se proclama social puede terminar produciendo una redistribución regresiva de la riqueza. Se protege a quienes ya tienen vivienda, mientras quienes todavía buscan una deben competir por una oferta cada vez más escasa.
Según Idealista, en el mes posterior a la aprobación inicial de estas medidas la oferta anunciada cayó un 27% en Vitoria, un 24% en San Sebastián y un 21% en Bilbao. No cabe atribuir automáticamente toda la caída al decreto, pero tampoco ignorar semejante advertencia.
Frente a estas críticas, el PNV defiende su apoyo porque considera necesarias algunas de las disposiciones, como la regulación del alquiler de temporada, determinadas limitaciones a grandes tenedores o la protección de personas vulnerables.
El argumento merece ser examinado con detenimiento.
Nadie discute que un decreto pueda contener medidas razonables. Pero las consecuencias de una norma no se calculan sumando sus buenas intenciones, sino evaluando sus efectos.
¿De qué sirve reforzar determinadas protecciones si, al mismo tiempo, se incentiva la retirada de viviendas del mercado? ¿Qué utilidad tienen unas garantías adicionales si la regulación termina dificultando todavía más el acceso de quienes no tienen vivienda?
Las disposiciones no operan aisladamente. Interactúan y producen consecuencias acumulativas. Y si el resultado es una contracción de la oferta, las eventuales ventajas de algunas medidas pueden quedar completamente neutralizadas por los perjuicios del conjunto.
Ese es el riesgo de este nuevo «ómnibus» encubierto: sacrificar el funcionamiento del mercado para salvar determinadas medidas que, precisamente por ese deterioro, pueden terminar perdiendo buena parte de su eficacia.
Pero todavía queda una cuestión más preocupante: el procedimiento parlamentario.
El 2 de octubre, el Pleno del Congreso rechazó el anterior decreto por 178 votos frente a 172. Días después, el Gobierno aprobó un texto sustancialmente similar que ahora pretende convalidar en la Diputación Permanente, aprovechando una composición que permite alcanzar una mayoría diferente.
La Constitución atribuye a este órgano facultades durante la disolución de las Cortes. Nadie lo discute. Pero que un procedimiento sea formalmente posible no significa que cualquier utilización política resulte institucionalmente irreprochable.
La continuidad parlamentaria no debería convertirse en una oportunidad para sortear una decisión expresa del Pleno. La democracia exige respetar no solo la letra de las reglas, sino también el espíritu de los contrapesos que las sustentan.
Y resulta especialmente llamativo que el PNV, históricamente asociado a la prudencia institucional, contribuya a respaldar esta operación.
La responsabilidad política no consiste en justificar cualquier acuerdo porque algunas de sus medidas resulten aceptables. También exige valorar las consecuencias del conjunto y los precedentes que se contribuye a establecer.
Cuando la supervivencia política, los equilibrios electorales o la necesidad de conservar posiciones de poder se anteponen a la coherencia institucional, merece la pena preguntarse dónde quedan los principios.
No habrá más vivienda asequible sin más vivienda disponible. Las buenas intenciones no convierten una mala ley en una buena. Y la consecución de objetivos políticos no debería servir de excusa para deteriorar la confianza en las instituciones.
Porque los gobiernos pasan, las mayorías cambian y los sillones se pierden. Pero la credibilidad institucional, una vez comprometida, resulta mucho más difícil de recuperar.
*Laura Fernández es directora general de ASVAL, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler.
Actualidad Económica. Noticias de Economía Nacional e Internacional