El Tribunal Supremo ya tiene sobre la mesa una petición para suspender la aplicación del real decreto que modifica el Reglamento de Extranjería para regularizar a miles de inmigrantes en situación irregular. La asociación Hazte Oír ha presentado este miércoles un recurso contencioso-administrativo al que acompaña esa solicitud de inaplicación cautelar de la norma aprobada ayer por el Consejo de Ministros, que se estima que permitirá regularizar a medio millón de personas.
La asociación justifica la medida provisional en que, para cuando se resuelva el recurso, se habrán expedido «cientos de miles de autorizaciones provisionales y altas en la Seguridad Social»
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El Tribunal Supremo ya tiene sobre la mesa una petición para suspender la aplicación del real decreto que modifica el Reglamento de Extranjería para regularizar a miles de inmigrantes en situación irregular. La asociación Hazte Oír ha presentado este miércoles un recurso contencioso-administrativo al que acompaña esa solicitud de inaplicación cautelar de la norma aprobada ayer por el Consejo de Ministros, que se estima que permitirá regularizar a medio millón de personas.
La asociación considera que el Real Decreto 316/2026 publicado este miércoles en el BOE debe considerarse nulo por cinco motivos. El primero de ellos, que vulnera la exigencia constitucional de emplear una ley orgánica para regular los derechos de los extranjeros.
Un segundo motivo es que el reglamento, según Hazte Oír, contraviene el contenido de la Ley de Extranjería, de mayor rango y por tanto no enmendable por esta vía.
También se estima como tercera causa que en su aprobación se ha vulnerado la normativa administrativa y se ha producido una desviación de poder. La cuarta alegación es que se está vulnerando el principio de seguridad y se cae en la arbitrariedad de las decisiones. Por último, el recurso sostiene que se ha quebrado el principio de proporcionalidad.
El recurso enumera de forma muy sucinta los motivos, que conforme al sistema de recursos en el ámbito contencioso se ampliarán más adelante.
El recurso firmado por los abogados Javier María Pérez-Roldán y Nouna Lozano incorpora la solicitud de la suspensión cautelar de la norma impugnada. Lo motiva así: «El Real Decreto impugnado produce efectos jurídicos inmediatos, como pudieran ser la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo; el alta en la Seguridad Social; el acceso a prestaciones; y la suspensión de órdenes de expulsión firmes. La aplicación de la norma crearía derechos consolidados o de muy difícil reversión, incluso en el supuesto de que la sentencia estimatoria se dicte en el futuro».
Añade que la concesión de permisos de residencia mientras se resuelve el recurso generaría «derechos adquiridos y situaciones de confianza legítima». «Si este Tribunal anula el Decreto dentro de dos años, la Administración se enfrentará a la imposibilidad de revocar miles de tarjetas de residencia, o a indemnizaciones patrimoniales masivas. La suspensión es la única vía para evitar un perjuicio irreparable al erario público y a la seguridad jurídica».
La asociación estima que para cuando se resuelva el recurso se habrán expedido «cientos de miles de autorizaciones provisionales y altas en la Seguridad Social, generando un daño irreversible al erario público y consolidando situaciones de hecho imposibles de deshacer, vaciando de forma absoluta la finalidad de este recurso».
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