Profanar en público la bandera de Japón, símbolo oficial del país desde 1999, se castigará con hasta dos años de cárcel o multas de un máximo de 200.000 yenes (unos 1.080 euros). La ley de la bandera, que ha entrado en vigor este jueves, ha creado división por la ambigua formulación jurídica de su contenido y por el uso político de un símbolo asociado a la etapa más beligerante del expansionismo nipón en la primera parte del siglo XX.
La nueva ley recibe críticas por su ambiguedad y por el uso político de un símbolo asociado a la etapa más beligerante del país
Profanar en público la bandera de Japón, símbolo oficial del país desde 1999, se castigará con hasta dos años de cárcel o multas de un máximo de 200.000 yenes (unos 1.080 euros). La ley de la bandera, que ha entrado en vigor este jueves, ha creado división por la ambigua formulación jurídica de su contenido y por el uso político de un símbolo asociado a la etapa más beligerante del expansionismo nipón en la primera parte del siglo XX.
Aprobada por el Parlamento el 17 de julio, la norma fue impulsada por legisladores nacionalistas y se alinea con la postura de la primera ministra, Sanae Takaichi, política conservadora situada en el ala más a la derecha del gubernamental Partido Liberal Democrático (PLD). Sectores de la coalición gobernante destacaron la incongruencia de que se castigara la profanación de banderas extranjeras, mientras que los daños a la nipona se resolvían mediante acusaciones, por ejemplo, de alteración del orden público.
Según la nueva normativa, el sujeto de sanción será “toda persona que delante del público dañe, retire o contamine la bandera nacional mediante un método que provoque un claro malestar o rechazo en la ciudadanía”.
La Federación Japonesa de Asociaciones de Abogados (JFBA, por sus siglas en inglés) se ha opuesto a la ley desde que fue propuesta y la califica de abstracta y confusa. “Es una normativa que añade emociones internas a los elementos constitutivos del delito”, dijo la JFBA en un comunicado el 26 de junio. Los letrados advierten de que, además de la crítica política, “diversas expresiones que utilizan la propia bandera nacional podrían verse inhibidas y suprimidas, y existe un gran riesgo de restringir la libertad de expresión garantizada por el Artículo 21 de la Constitución [japonesa]”.
Por su parte, la ONG Human Rights Watch (HRW) señaló que otros gobiernos, como el de China, han utilizado leyes contra la profanación de banderas para reprimir la disidencia. En un informe de su página web, HRW cita un caso de 2019 de una niña de 13 años condenada en Hong Kong a un año de libertad condicional por quemar una bandera china durante una protesta prodemocracia.
El disco rojo sobre fondo blanco representa el culto al sol y fue reconocido oficialmente como bandera nacional de los barcos mercantes japoneses —pero no como símbolo oficial del país— por el Gobierno de la era Meiji en 1870. Su uso como emblema durante las repetidas campañas militares e invasiones en Asia entre 1900 y 1945 la convirtió en un símbolo estigmatizado. Tras la derrota de Japón en la II Guerra Mundial, las fuerzas de ocupación aliadas restringieron severamente el uso público de la bandera y solo la permitieron por completo en 1949. Aunque la enseña se consolidó como símbolo del país en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, los primeros organizados por Japón, carecía de reconocimiento legal.
En las décadas siguientes, la izada de la bandera nipona en los colegios fue objeto de un intenso debate entre el Gobierno y los sindicatos de maestros, que culminó en febrero de 1999 con el suicidio de un director de escuela en Hiroshima, atrapado entre las exigencias de las autoridades educativas y la oposición de su propio profesorado. Seis meses después, el Parlamento hizo oficial de forma definitiva el símbolo del país.
Según Koichi Nakano, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Sofía en Tokio, tras lograr la aprobación, el PLD prometió que “nunca exigiría el respeto a la bandera o al himno nacional”. “Pero casi tres décadas después se aprueba una ley para convertir en delito la profanación de la bandera”, continúa, y recuerda que el proyecto no fue presentado por el Gobierno, sino que se ha tramitado como una iniciativa parlamentaria individual.
Para Nakano, la primera ministra ha respaldado la ley porque compite en un ambiente de “aspirantes a ganarse al electorado con discursos nacionalistas y xenófobos”. Debido a la escasa discusión parlamentaria de la norma, pocos ciudadanos japoneses consultados conocían los detalles de su contenido, aunque casi todos mostraron su aprobación a una regulación similar a la que protege los pabellones extranjeros.
“Si ya existe una penalización similar por ultrajar banderas de otros países, creo justo que haya una ley para proteger nuestra bandera”, decía en los días de la aprobación de la ley Takao Furusawa, jubilado de 79 años, en el santuario de Yasukuni, el templo sintoísta de Tokio donde se rinde homenaje a los caídos en las guerras japonesas desde el siglo XIX hasta 1945.
Shiro Nagamatsu, cocinero de 52 años, respaldaba la ley y añadía que “es hora de inculcar patriotismo en la juventud, dado el ambiente de tensión que se siente en los países vecinos y lo imprevisible de la situación”.
Una madre de familia de 42 años, Rye Matsuoka, con su hijo de nueve años para ofrecer sus plegarias a Yasukuni, aseguraba: “Lo que de verdad me inquieta no es el castigo, sino saber por qué alguien querría profanar el símbolo del país”.
El politólogo Nakano considera que la ley es innecesaria y solo se usará si acaba incitando a artistas, activistas o defensores de la libertad de expresión a ponerla a prueba. “Es posible que nunca se use”, concluye el académico.
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