Junto a una de las carreteras que conectan Galdakao, a las afueras de Bilbao, una gasolinera de Repsol lleva seis años cerrada. Sus surtidores están destripados y el panel, hoy ilegible, se apagó con el carburante a precio de pandemia. Tapiada, vallada y cubierta de grafitis, la estación fue ocupada el 3 de febrero por dos hombres que la usan como vivienda. La Audiencia de Vizcaya acaba de frenar su desalojo inmediato, pese a que la petrolera les había advertido de que debían marcharse. Los absuelve de usurpación al concluir que Repsol no ha acreditado suficientemente su posesión del inmueble en el tiempo de inactividad. La sentencia, a la que ha accedido EL MUNDO, obliga ahora a la energética a recuperarlo por la vía civil, mucho más lenta.
La Audiencia de Vizcaya obliga a la petrolera a recuperar la instalación por la vía civil, al concluir que no acreditó ningún uso de la instalación desde su cierre. Fuentes legales apuntan a un posible «efecto llamada»
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Junto a una de las carreteras que conectan Galdakao, a las afueras de Bilbao, una gasolinera de Repsol lleva seis años cerrada. Sus surtidores están destripados y el panel, hoy ilegible, se apagó con el carburante a precio de pandemia. Tapiada, vallada y cubierta de grafitis, la estación fue ocupada el 3 de febrero por dos hombres que la usan como vivienda. La Audiencia de Vizcaya acaba de frenar su desalojo inmediato, pese a que la petrolera les había advertido de que debían marcharse. Los absuelve de usurpación al concluir que Repsol no ha acreditado suficientemente su posesión del inmueble en el tiempo de inactividad. La sentencia, a la que ha accedido EL MUNDO, obliga ahora a la energética a recuperarlo por la vía civil, mucho más lenta.
El fallo, dictado el 3 de noviembre, estima los recursos de los ocupantes y revoca la condena que les impuso, en julio, un juzgado de Bilbao, que los condenó por usurpación a una multa de tres meses, a razón de tres euros diarios (unos 270 por cabeza), y ordenó abandonar la gasolinera de inmediato. Es la solución que el artículo 245.2 del Código Penal prevé para quien ocupe sin permiso un inmueble que no es vivienda habitual de nadie.
Las defensas alegaron que Repsol no había hecho uso de la instalación en ese tiempo, y el tribunal les da la razón: «Durante el nada desdeñable periodo de seis años no acredita acto alguno que revele la posesión o cualquier actuación posesoria sobre el inmueble de su titularidad». La absolución es firme y no admite recurso.
Repsol defendió que había tramitado licencias para poner en marcha la actividad. La compañía habría aportado como prueba el pago continuado de las tasas pertinentes por el inmueble y aguardaba el permiso para demolerlo y levantar otra instalación. Para el juez, esos «actos administrativos que desconocemos» no bastan.
El fallo, según fuentes legales, amenaza con desatar un «efecto llamada». Y tiene efectos inmediatos. «Los ocupantes siguen dentro y la orden de desalojo ha desaparecido. Pero preocupa más el criterio, pues aplicado con carácter general dejaría fuera de la protección penal cualquier inmueble vacío: un local cerrado, una vivienda heredada pendiente de reparto o un piso a la espera de reforma», analiza Sandra Aurrecoechea, socia de Marín y Mateo Abogados.
El criterio del fallo no es nuevo, pero tampoco habitual.«Recoge una línea minoritaria que ciertas Audiencias, especialmente secciones de la de Barcelona, mantienen desde hace años: el delito solo existiría si el propietario usaba el inmueble cuando se produjo la ocupación. El Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra».
Lo suscriben desde uno de los grandes bufetes del país, donde apuntan a una sentencia del Alto Tribunal de mayo de 2024, que fijó que un inmueble no está «abandonado», en sentido jurídico, por el mero hecho de estar deshabitado, desatendido o deteriorado; sino solo cuando su dueño ha renunciado a él. «Una gasolinera cuyo titular tramita licencias y se opone expresamente a la ocupación no está en ese caso», zanja Aurrecoechea.
El fallo llega en un momento de especial sensibilidad en torno a la vivienda, uno de los ejes de la campaña del 29-N tras el caso Maricarmen. La sentencia de Galdakao versa sobre un inmueble industrial y la absolución no depende de la situación de los okupas, pero su lectura de la norma conecta con un debate que divide a los juristas.
Para Jorge Correcher, profesor titular de Derecho Penal de la Universitat de València, el artículo 245.2, que castiga la ocupación pacífica de inmuebles, protege la posesión «material y efectiva del bien, no el título de propiedad en abstracto», como reconoce «un número creciente de Audiencias». Así lo apunta en un reciente artículo en El Salto titulado ¿Quién ocupa a quién? Mitos mediáticos, rentismo y derecho penal, donde recuerda que la vía penal es la «ultima ratio» del ordenamiento jurídico que «solo debería intervenir cuando ningún otro instrumento —civil, administrativo, de política pública, etc.— sea capaz de dar respuesta al conflicto», y cuestiona el sentido de castigar cuando la titularidad «nunca se tradujo en un uso real».
Si bien admite que la línea mayoritaria de los tribunales sanciona la ocupación aunque el inmueble esté abandonado, Correcher apunta la «eximente de estado de necesidad», también recogida en el Código Penal, que permite, bajo ciertos supuestos, «exonerar de responsabilidad penal a quien comete un hecho delictivo para evitar un mal propio o ajeno». «Las reticencias a su aplicación en casos de exclusión social han hecho que ejemplos más simples como el hurto para alimentarse, o la venta de drogas para subsistir queden algo olvidados en las aulas. Lo mismo podría decirse respecto de la ocupación en casos de emergencia habitacional», reflexionaba en su artículo.
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